Ciudad de México, enero 16. Un juzgado federal concedió una suspensión definitiva que frena de manera temporal el desarrollo del proyecto minero Esperanza Silver en el estado de Morelos, tras un juicio de amparo promovido por mujeres, infancias y comunidades de los municipios de Xochitepec, Temixco y Miacatlán, informó Animal Político. La resolución impide cualquier actividad de explotación de oro y plata en la zona, incluida el área de influencia cercana a la zona arqueológica de Xochicalco, mientras se resuelve el fondo del juicio que impugna seis concesiones mineras otorgadas en la región.
De acuerdo con la información, las comunidades argumentaron que el proyecto representa un riesgo directo para el derecho al agua, la salud y un medio ambiente sano, además de afectar su proyecto de vida comunitario. Señalaron que la minería propuesta se ubicaría a aproximadamente 1.6 kilómetros de zonas habitadas, lo que incrementaría los impactos ambientales y sociales. Las demandantes sostienen que se trata de un caso de racismo ambiental, ya que los efectos negativos recaerían en poblaciones con carencias estructurales en servicios básicos como agua, salud, educación y vivienda.
La suspensión definitiva es resultado de una lucha legal que inició en 2012, cuando habitantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias cercanas promovieron un amparo para frenar el avance del proyecto minero. En este proceso participaron de manera activa mujeres y niñas, quienes reclamaron que la minería compromete su seguridad, su entorno y el acceso a recursos naturales esenciales.
La defensa legal fue acompañada por la organización Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida), que aportó dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ambos organismos determinaron que el proyecto es ambientalmente inviable, al representar riesgos significativos para la disponibilidad de agua, la biodiversidad y la salud de la población.
Aunque la suspensión impide la explotación minera, las seis concesiones continúan vigentes y abarcan una superficie de 2 mil 949.236 hectáreas en los municipios involucrados. Por ello, las comunidades buscan ahora la cancelación definitiva de dichas concesiones mediante la vía judicial.
Uno de los principales argumentos contra el proyecto es la escasez de agua en la región. Las comunidades denunciaron que actualmente reciben suministro hídrico cada tercer día durante aproximadamente una hora y media, situación que podría agravarse con la operación de una mina, debido al uso intensivo de agua y al riesgo de contaminación por sustancias químicas.
Además, se recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue rechazada en el pasado por incumplir requisitos, entre ellos la falta de disponibilidad de agua, observación respaldada por la Comisión Nacional del Agua, que advirtió que la extracción para fines mineros pondría en riesgo el abasto para la población local.
Animal Político también documenta que la Secretaría de Economía ha impulsado acciones legales para intentar revertir la suspensión, por lo que el caso continúa en revisión en instancias federales. Las comunidades buscan ampliar la medida cautelar para frenar no solo la explotación, sino también las actividades de exploración, como perforaciones y estudios geológicos, que ya han generado impactos ambientales.
Las organizaciones y habitantes consideran que este fallo representa un precedente importante en la defensa de los derechos colectivos y del territorio, y confían en que la cancelación definitiva de las concesiones fortalezca la protección ambiental y social frente a proyectos extractivos en zonas vulnerables.
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