Ciudad de México, 01/05/25 (Más).- Francisco Garduño dejó la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) dos años, un mes y tres días después del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 40 personas migrantes y dejó a 27 más gravemente heridas.
Su salida del cargo se concretó sin haber ofrecido una disculpa pública a las víctimas o sus familias, como había solicitado un juez. Organizaciones de derechos humanos señalaron que su retiro del servicio público representa un mensaje de impunidad.
La noche de la tragedia, 67 hombres permanecieron encerrados en una celda en la que se originó un incendio. Los registros visuales y testimonios revelaron que los funcionarios del INM y los guardias de seguridad privada se retiraron del lugar sin abrir las puertas para liberar a las personas migrantes. La única falta de estas personas había sido su condición migratoria irregular. De los 11 imputados por el caso, seis eran funcionarios del instituto, incluyendo a su entonces titular, Francisco Garduño.
Garduño fue imputado únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, considerado una falta administrativa. Según la Fiscalía General de la República, el funcionario incurrió en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes.
A pesar de que la fiscalía reconoció un patrón de irresponsabilidad y de omisiones reiterado en el INM, la imputación a Garduño no incluyó cargos por homicidio u omisión grave.
El proceso judicial contra Garduño se resolvió en enero de 2025, cuando un juez de control de Chihuahua le concedió una suspensión provisional del juicio penal, bajo condiciones que incluían el ofrecimiento de una disculpa pública y el pago de una reparación del daño. Ninguna de esas condiciones fue cumplida personalmente por el funcionario.
La abogada Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que el juez tomó como válida una reparación económica realizada por el gobierno federal, no directamente por Garduño. Tampoco se ha llevado a cabo la disculpa pública, que las familias han solicitado que se realice en el edificio incendiado del INM en Ciudad Juárez.
Valdez señaló que la investigación inicial fue deficiente y apresurada. “Fue una investigación fast track, que duró solo de cinco a 10 días”, comentó. Agregó que la investigación fue poco exhaustiva y no abordó el contexto completo en el que se desarrolló la tragedia, lo que impidió imputar a Garduño por su posible responsabilidad en los homicidios y lesiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum nombró en octubre de 2024 al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, como relevo de Garduño en el INM. No obstante, pasaron siete meses antes de que asumiera formalmente el cargo. Durante ese periodo, Garduño continuó al frente del organismo y representó al instituto en reuniones de alto nivel, como la sostenida en Palacio Nacional con la secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump, Kristi Noem.
Garduño buscó desvincularse de los señalamientos por la tragedia. Alegó que el incendio representó para él “el mayor dolor” de su carrera y afirmó haber dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. En entrevistas públicas recordó sus estudios de posgrado en esta materia y su participación en la fundación del partido Morena. Durante su gestión, el INM adoptó una visión de seguridad nacional en el manejo de la migración, al integrar elementos de militarización en su operación.
Analistas como María Inés Barrios, del Colegio de la Frontera Norte, indicaron que bajo la conducción de Garduño el instituto pasó de la gestión migratoria a funciones propias de seguridad nacional. Tonatiuh Guillén, quien dirigió el INM antes de Garduño, sostuvo que el funcionario no rompió con su trayectoria previa, centrada en el control penitenciario, y trasladó esa lógica al ámbito migratorio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la salida de Garduño del INM ocurrió de forma tardía.
Blanca Navarrete, directora de DHIA, explicó que durante más de dos años, Garduño mantuvo acceso a recursos públicos que utilizó para cumplir con sus comparecencias judiciales, mientras influía en el personal del instituto obligado a proporcionar información en la investigación. “Durante más de dos años gozó de todos los beneficios como comisionado, para asistir a sus audiencias y para influir en sus funcionarios –que estaban obligados a aportar información a la investigación–: sale demasiado tarde cuando ya pudo hacer y deshacer”, sostuvo Valdez.
La salida del funcionario se produjo sin que haya avances sustantivos en el acceso a la justicia o la verdad para las familias de las víctimas. La abogada Valdez reiteró que las víctimas han exigido que la disculpa pública sea realizada en el sitio de la tragedia, con la presencia de familiares provenientes de países como Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador. Añadió que el evento aún no se ha concretado debido a que Garduño no ha cubierto los gastos de traslado ni se han realizado los trámites migratorios correspondientes para los familiares.
Durante su gestión, el INM acumuló más de 5,600 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue escenario de 14 incendios. El caso del incendio en Ciudad Juárez permanece como uno de los episodios más graves registrados en una instalación del Estado mexicano dedicada a la atención de personas migrantes. La falta de responsabilidad penal contra su exdirector general ha generado cuestionamientos persistentes sobre la rendición de cuentas y la justicia en el país.
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