Fanatismo electoral y denuncia

En Coahuila, el fervor político ha desatado amenazas, agresiones y violencia de género entre los principales partidos. Las denuncias de delitos electorales aumentan, especialmente en municipios clave. Más de 300 candidatos han solicitado protección al INE. La Fiscalía Electoral investiga 44 denuncias, y siete candidaturas han pedido seguridad en Coahuila

Por Miguel Villarello

Saltillo, Coahuila, MÁS. –En el fervor de la contienda política, las amenazas, agresiones, denostaciones y ataques políticos de género han escalado en algunos casos a la violencia. Estos incidentes se concentran principalmente en los dos partidos con mayor presencia territorial y respaldo ciudadano: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Recientemente, la ciudadanía, simpatizantes y seguidores de las candidaturas a las alcaldías en Coahuila han observado un aumento de actos que podrían considerarse delitos electorales. Estos sucesos, motivados por el fanatismo y la intensidad de las campañas, se han presentado en los principales municipios de la entidad, incluidos Múzquiz, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Frontera, Castaños, Saltillo, Torreón, Monclova, San Pedro y, más recientemente, Acuña.

El motivo principal parece ser el aumento en las preferencias ciudadanas hacia las candidaturas de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista, acercándolas en las encuestas a la coalición puntera conformada por el PRI, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Lo más evidente ha sido el despliegue de la maquinaria oficial, principalmente las dependencias relacionadas con el uso y fiscalización de los recursos públicos y la supervisión de campañas electorales. Según los partidos y candidaturas de oposición, estas acciones buscan contrarrestar el avance de las preferencias, especialmente contra los aspirantes de Morena y el PT en Saltillo, Múzquiz, Frontera, Torreón, Ramos Arizpe y Piedras Negras.

Datos del Instituto Electoral de Coahuila, el Tribunal Electoral Estatal y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales muestran un incremento de denuncias y quejas por presuntos delitos en los primeros 10 días de mayo. Estas denuncias abarcan desde amenazas y hostigamiento hasta violencia política de género, agresiones físicas, robo o destrucción de propaganda y coacción o compra del voto. Al menos ocho candidaturas han solicitado protección o seguridad al árbitro electoral y la Secretaría de Gobierno para continuar sus campañas en seis municipios.

PROTECCIÓN PARA 300

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán concentran la mayoría de las más de 300 solicitudes de protección y aplicación de medidas cautelares para candidaturas reveló el consejero electoral Jorge Montaño Ventura.

No obstante, en una visita a Coahuila el consejero nacional insistió con, que la seguridad debe ser garantizada por los gobiernos estatales y federal.

“Los datos hasta la semana anterior indican que más de 300 candidatos han solicitado al INE protección especial o alguna medida de seguridad, se trata de 250 federales y 50 locales y la mayoría están en las entidades mencionadas”.

“Durante este proceso electoral se han registrado desde amenazas, hasta agresiones y se ha privado de la vida a algunas candidaturas; sin embargo, por el tema de seguridad el INE no puede pronunciarse sobre la identidad de las candidaturas que han solicitado protección y a las que de manera inmediata se les brinda”.

44 DENUNCIAS

Cerca de 44 denuncias tiene abiertas y en proceso la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, pero no todas tienen que ver con el actual proceso y atañen a diversos delitos, informó el titular Alejandro González Estrada.

Aclaró que algunas otras están vinculadas a personas funcionarias públicas en ejercicio de sus funciones, por ejemplo, en nivel de regiduría y diputación, y otras relacionadas con el posible mal uso de recursos del erario por parte de servidores públicos.

La dependencia cuenta con varias denuncias por destrucción de material electoral y entre 10 y 12 que tienen que ver con la violencia política de género, pero no necesariamente están vinculadas al proceso electoral.

Hay varios partidos denunciados o que interpusieron denuncias, pero la Fiscalía ha recibido quejas en materia de delitos electorales contra servidores públicos, candidaturas, particulares y partidista, la mayoría en Saltillo, San Pedro, Torreón y Ramos Arizpe.

Además, enfatizó, están las posibles denuncias que se presenten el día de la jornada electoral y que tienen que ver con situaciones públicas como la compra o coacción al voto, acarreo de votantes y daño a material electoral.

7 PIDEN SEGURIDAD

Al corte a inicios de mayo el Instituto Electoral de Coahuila reveló que habían incrementado las solicitudes de seguridad por parte de las candidaturas.

Se trataba de siete solicitudes de cinco municipios, expresó entonces el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Germán Paredes Lozano.

No obstante, pidió “hacer una diferenciación entre solicitudes de protección y quejas en términos de violencia política de género”.

De ellas, tres correspondían a Saltillo, una a Arteaga, otra a Ramos Arizpe, una más a Castaños y la última en San Pedro.

Las de Saltillo serían de tres candidatas por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, mismas que, después de que el titular del Instituto Nacional Electoral en el estado, José Luis Vázquez López, reiterara que habían acudido a la junta local para solicitar protección, fueron canalizadas al IEC por tratarse de alcaldías.

La de Morena presentó una queja contra un mismo integrante de su partido y solicitó medidas restrictivas para impedir que la persona denunciada se acercara a sus actividades de campaña; mientras que la del PT por sentir vulnerada su integridad ante amenazas de violencia política de género por parte de un comunicador y la del PVEM es desconocido el motivo.

El funcionario local no especificó ni la candidatura ni partido ni el motivo de la queja de Arteaga, que la de Ramos Arizpe afectó los derechos de dos candidaturas, por la alcaldía y una regiduría, y fueron por supuestas amenazas e intento de extorsión por parte de un candidato de Morena-PT.

Para el caso de Castaños se trataba de la candidata a la presidencia municipal y de la queja en San Pedro no hizo mención ni de la candidatura ni el tipo de delito.

Paredes Lozano confirmó que ninguna denuncia se demerita pues se canalizan a la Secretaría de Gobierno o a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se emprende la custodia de la persona.

INTERESES

Sin interponer denuncia por los daños sufridos en la casa de campaña de su candidata en Palau, Múzquiz, Gerardo Aguado Gómez llamó a dejar de lado los intereses particulares y privilegiar los intereses de la ciudadanía para poner fin a las malas condiciones de infraestructura y servicios en las que está el municipio.

Días antes Yaneth Ornelas fue víctima de vandalismo, destrucción de su material publicitario, el robo de diverso equipo de cómputo y la pinta del mensaje “nos la pel…”, en una de las paredes de su casa de campaña.

La causa posible se debió a que Yaneth Ornelas había cerrado la brecha de las preferencias electorales a su favor en Múzquiz.

No obstante, días antes del incidente, Aguado Gómez fijó su postura respecto del estado de los servicios básicos en Múzquiz y precisó que lamentaría mucho que el ataque hacia su candidatura en la comunidad de Palau fuese la respuesta a esos comentarios, “por haber dicho que no estoy de acuerdo en cómo se llevan las cosas en Múzquiz”.

FRONTERA

Entre otros, se cuenta con los casos de Frontera y Múzquiz.

Por violencia política de género fue llamada a cuentas la candidatura a alcaldía de Frontera por el partido Morena, se trata de Roberto Clemente Piña Amaya y cuya situación pudiera complicar su campaña en la búsqueda de la reelección.

Sin embargo, el denunciado había sido citado por el IEC a comparecer ante la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para aporte de pruebas, pero no se presentó y prefirió responder por escrito, beneficio que le otorga la ley.

Se trata del expediente DEAJ/PESVPG/002-2024 por el que el edil, su secretario del ayuntamiento y la síndica de mayoría habían sido denunciados por la octava regidora del cabildo local a principios de marzo, María Victoria García Reyes, por la comisión de hechos de violencia política en razón de género.

Los delitos cometidos fueron maltrato, discriminación, negligencia para asumir el cargo, violencia política de género y afirmaciones de estereotipo de género.

De acuerdo con fuentes allegadas al sistema electoral, el procedimiento apenas empieza, pues, de encontrar pruebas suficientes en su contra el edil en funciones y candidato por Morena a la alcaldía, el área jurídica del IEC impondría un procedimiento especial sancionador, circunstancia que pone en riesgo la continuación de su campaña y turnaría el expediente al Tribunal Electoral para iniciar el procedimiento de juicio.

No obstante, el candidato tiene como derecho la impugnación de la sanción ante el Tribunal Electoral local, instancia que definiría la situación jurídica de Piña Amaya y su secretario mediante un análisis para emitir una sentencia dejando en firme la decisión del IEC o revocando la sanción.

PREFERENCIAS

Ante la andanada del sistema oficial, respondió Morena.

Los ataques contra las candidaturas de nuestro partido han incrementado debido a que estas han repuntado en las encuestas de preferencia ciudadana y afectan los intereses de otros, resaltó el diputado del partido guinda Antonio Attolini Murra.

Y salió en defensa de varias candidaturas que se han visto envueltas en controversia como las de Frontera, Piedras Negras y San Pedro por incidentes denunciados y relativos a violencia política de género y corrupción.

Luego de destacar a Roberto Piña como “vertical y está haciendo un buen gobierno en Frontera”, declaró que se le persigue por sus ideas.

“Pero no se pregunta por otro lado de otros tantos escándalos de corrupción de alcaldes del PRI; por ejemplo, ¿por qué no se le insiste a Román Alberto Cepeda, de Torreón, que dé cuenta de dónde está el dinero de la casa-cuna y que es un faltante de ya casi dos años?”.

MÚZQUIZ

Otro caso destacado corresponde a Múzquiz.

La alcaldesa Tania Flores Guerra a finales de abril presentó ante el Congreso dos denuncias en contra del Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones.

La también candidata de Morena-PT estimó que el auditor “cruzó la línea en una investigación tomándose atribuciones indebidas respecto de la auditoría realizada a la cuenta pública municipal del ejercicio 2022”.

Por lo que se refiere al monto de lo observado, Flores Guerra precisó que se trata de observaciones administrativas por alrededor de 20 millones de pesos, muchas de ellas por falta de documentación y no por desvío de recursos.

La denuncia la interpuso en el Congreso Mónica Escalera en julio del 2023 por el presunto mal uso de recursos públicos, tanto financieros como materiales a través de empresas “factureras”.

Mónica Escalera actualmente participa en el proceso electoral por la alcaldía de Múzquiz por el Movimiento Ciudadano y hasta principios del 2023 había sido la secretaria del ayuntamiento de Tania Flores.

DECLINACIONES

Además de que continúa la caótica situación en algunas localidades de Ramos Arizpe, Frontera, Castaños, Torreón y Múzquiz siguen las agresiones entre seguidores y operadores de campaña de las candidaturas.

La más reciente fue en un sector popular de Múzquiz este viernes donde personas seguidoras de Tania Flores interceptaron a un operador político y varias lideresas del PRI por el supuesto delito de coacción al voto y ofreciendo a la ciudadanía efectivo.

Para colmo, se presentaron las primeras declinaciones y a pocos días del cierre de campañas sorprendieron dos anuncios de renuncia a la candidatura en los municipios de Matamoros y Ramos Arizpe.

En el primero de los casos, en Matamoros, la candidata por Morena-PT, Azalea Huitrón Ramírez, recibió la suma a su causa de las candidaturas de José Luis Medina Cervantes del Verde Ecologista de México y Óscar Jared Guerrero Rodríguez de Acción Nacional.

Por lo que se refiere a Ramos Arizpe la candidatura del Movimiento Ciudadano, Cristina Victoria Palma, declinó para sumarse a Tomás Fausto Gutiérrez Merino, candidato de la coalición PRI-PRD-UDC en la búsqueda de la alcaldía.

A pesar de todo y con el material electoral ya impreso y en proceso de entrega a los comités electorales municipales, las fotos de las candidaturas declinantes aparecerán en las boletas de ambos municipios creando confusión entre el electorado.