Ciudad de México, febrero 11.- La violencia ligada al cobro de piso alcanzó a escuelas públicas en Veracruz, donde directivos y personal educativo han denunciado amenazas, extorsiones y ataques con bombas molotov contra planteles, obligando en algunos casos a la suspensión de clases presenciales y a reforzar medidas de seguridad para proteger a estudiantes y docentes.
La información original fue publicada por el portal Infobae México, que documenta cómo grupos delictivos han comenzado a exigir pagos a escuelas públicas bajo amenazas directas, en un fenómeno que autoridades y comunidades escolares califican como una escalada preocupante de la violencia en el estado.
De acuerdo con el reporte, algunos planteles han recibido mensajes intimidatorios en los que se les exige dinero a cambio de permitirles operar con normalidad. En ciertos casos, los agresores han arrojado bombas molotov contra instalaciones educativas como forma de presión, generando daños materiales y temor entre padres de familia y personal docente.
La situación ha provocado que comunidades escolares opten por suspender actividades presenciales de manera temporal o reducir horarios mientras se refuerzan protocolos de seguridad. Padres de familia han expresado su preocupación por la integridad de los menores y han solicitado mayor presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de los planteles.
Autoridades educativas estatales han señalado que trabajan en coordinación con instancias de seguridad pública para atender las denuncias y garantizar condiciones seguras en las escuelas afectadas. Sin embargo, el fenómeno refleja el avance del cobro de piso hacia sectores tradicionalmente ajenos a este tipo de delitos, como el ámbito educativo.
El reportaje también expone que la violencia vinculada a la delincuencia organizada en Veracruz ha impactado diversos sectores productivos y sociales, y que ahora las escuelas públicas se han convertido en un nuevo objetivo de presión criminal, lo que agrava la percepción de inseguridad en distintas regiones del estado.
Especialistas advierten que la extorsión a centros educativos no solo representa un delito patrimonial, sino una amenaza directa al derecho a la educación y a la seguridad de niñas, niños y adolescentes, por lo que exigen acciones contundentes para frenar esta práctica.
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