Expresidentes y militares, artífices de la Guerra Sucia

La Comisión de la Verdad revela crímenes sistemáticos del Estado mexicano entre 1965 y 1990, implicando a expresidentes y altos mandos militares

REDACCIÓN MÁS / IA

Ciudad de México. – La Comisión de la Verdad, un organismo dedicado a investigar las violaciones graves a los derechos humanos en México entre 1965 y 1990, ha identificado a expresidentes y mandos militares como responsables de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, persecuciones y prisiones políticas. Estos hallazgos han sido reportados por la agencia Animal Político.

Durante este periodo, conocido como la Guerra Sucia, más de 5 mil personas fueron víctimas de estos crímenes cometidos por agentes de seguridad, según los cálculos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, un grupo de trabajo especializado de la Comisión. 

El Mecanismo, coordinado por cuatro especialistas en diferentes áreas, atribuye estos crímenes a planes concertados desde el gobierno federal, apoyados por altos mandos militares, responsables de Secretarías de Estado e incluso por los presidentes de la República de esa época.

«Es algo muy amplio por todas estas redes delincuenciales que se tejieron al interior del mismo Estado. Era un Estado delincuencial, desde el mismo presidente de la República que apoyaba esta política de contrainsurgencia», expresa Abel Barrera, uno de los cuatro especialistas que coordinó las investigaciones del Mecanismo.

Entre los presidentes durante el periodo investigado se encuentran Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Además, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico identificó a más de 500 perpetradores de estos crímenes. Los nombres de los implicados serán incluidos en un informe que la Comisión de la Verdad dará a conocer en las próximas semanas.

El informe, dividido en dos partes, consta de aproximadamente 7 mil páginas. Una parte, titulada *Fue el Estado 1965-1990*, fue coordinada por el activista Abel Barrera, el politólogo Carlos Pérez Ricart y el sociólogo David Fernández Dávalos. La segunda parte, *Verdades innegables. Por un México sin impunidad*, fue coordinada por la historiadora Eugenia Allier Montaño.

Los investigadores primero presentarán el informe a los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Aunque no revelaron detalles específicos de sus investigaciones, en una entrevista con Animal Político, hablaron en términos generales de sus hallazgos más importantes. Eugenia Allier advierte que «la responsabilidad (de las autoridades) efectivamente va desde arriba hasta abajo, es una responsabilidad ampliada en la cual mucha gente tomó decisiones sobre lo que estaba pasando».

La Comisión de la Verdad identificó la persecución y violación de derechos humanos de varios sectores entre 1965 y 1990: el movimiento urbano popular y contrainsurgente, personas que se oponían a la construcción de infraestructura, habitantes de zonas rurales, extranjeros y refugiados, disidentes políticos, la comunidad de la diversidad sexual, estudiantes y obreros.

Las fuerzas del Estado atacaron a diversos grupos, desde estudiantes que se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, hasta indígenas totonacos y campesinos en la Sierra Norte de Puebla, y habitantes de colonias populares en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California.

«Fue una fuerza irracional que atentó contra todas las víctimas, la acción delincuencial se desató contra todas las personas que de algún modo expresaban algún pensamiento diferente al hegemónico», señala Barrera, quien también es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero.

Para la realización del informe *Fue el Estado 1965-1990*, los especialistas y sus equipos visitaron unos 90 archivos documentales, acudieron a campos militares, realizaron entrevistas y foros de reunión con víctimas y sobrevivientes. A través de estas técnicas de investigación, concluyeron que los crímenes del pasado fueron antecedidos de un «plan sanguinario» tolerado por las autoridades de más alto rango del país. «Todo esto fue una acción planeada y eso es lo más grave, por eso decimos que fueron violaciones generalizadas y sistemáticas porque hubo todo un plan deliberado de cómo causar terror, de cómo atentar contra la vida», insiste Barrera.

El activista añade que sus investigaciones les llevaron a conocer graves violaciones a derechos humanos en el 60% de los estados del país, un punto también destacado por Allier, quien junto con su equipo recorrió 14 estados para documentar abusos cometidos en el pasado. «El mapa del país también se amplió. Sabíamos que la contrainsurgencia en contra de las disidencias políticas había sido en Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua. Pero luego, por ejemplo, encontramos desapariciones en Chiapas, ejecuciones extrajudiciales en Yucatán, Tabasco y el movimiento estudiantil en 1968, masacres en la región de la Huasteca», explica Allier.

La doctora en Historia y Civilización, junto con su equipo, entrevistó a sobrevivientes, visitó lugares y consultó más de 40 archivos documentales para escribir *Verdades innegables. Por un México sin impunidad*. Aunque Allier trabajó por separado de sus compañeros, llegó a la misma conclusión: el gobierno, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo una «planificación sistemática» para anular a cualquier grupo disidente entre 1965 y 1990.

El acceso a la justicia en los crímenes del pasado sigue siendo un pendiente para México. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pero no tuvo éxito en castigar a los responsables de estos delitos. Este reto vuelve a surgir con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

Creada en 2021 por un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta Comisión incluye un Comité de Impulso a la Justicia que busca diseñar mecanismos de investigación para evitar la impunidad. Este comité, junto con la Fiscalía General de la República y otras autoridades, dispondrá de una lista de presuntos responsables de los delitos, declaraciones inéditas y materiales de archivo para avanzar en las investigaciones.

«Un punto fundamental es que exista la voluntad política para que esto llegue a la justicia (…) ahí van a tener las pruebas, ahí van a tener fotografías de los planes (de las masacres), detalles de dónde se pueden consultar», expresa Allier. Los responsables identificados incluyen funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Dirección Federal de Seguridad y otras dependencias del gobierno federal.

Abel Barrera considera que la Fiscalía debe continuar con la investigación. «Es muy importante que se pueda brindar todo el apoyo con personal suficiente, con presupuesto, para que puedan realizar su tarea. Es una gran tarea esto porque son muchísimos casos y la intención de las familias, de los sobrevivientes, es que se judicialicen los casos», agrega. Los especialistas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico insisten en la voluntad política debido a la falta de tiempo y recursos económicos, y las resistencias del Ejército para abrir sus archivos clave para entender los crímenes ocurridos entre 1965 y 1990.

Aunque la Comisión de la Verdad se creó para investigar violaciones del siglo pasado, el informe *Fue el Estado 1965-1990* destaca que estas vulneraciones siguen ocurriendo en la actualidad. Los especialistas llaman «factores de persistencia» a la manera en que la «política» de atentar contra la vida del siglo pasado sigue vigente. «Ahora tenemos más colectivos, más víctimas, más sobrevivientes de esta guerra que se ha prolongado. Siguen los casos de personas desaparecidas, siguen las personas ejecutadas, todavía la tortura no se ha desarraigado como método de investigación», lamenta Barrera.

El informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, dividido en dos partes, fue entregado a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que coordina la Comisión de la Verdad. La presentación del informe aún no tiene fecha exacta, pero los especialistas esperan que la Secretaría de Gobernación lo imprima para comenzar a darle difusión.

Con información de Animal Político