El puerto de Sisal enfrenta una crisis provocada por el avance descontrolado del turismo y el desarrollo inmobiliario, que ha desplazado a sus habitantes y presionado gravemente los ecosistemas locales. En respuesta, un grupo de pobladores ocupó un terreno costero destinado a nuevos proyectos turísticos, desatando un conflicto con autoridades que los acusan de destruir manglares, aunque ellos aseguran haber talado solo vegetación secundaria
Esta información fue publicada por Animal Político con la firma de Gonzalo Ortuño López. Para ver la publicación original presionar aquí.
Tomado de Animal Político
El pequeño pueblo de Sisal, un puerto de apenas 2 mil personas ubicado en Yucatán, al sureste de México, libra una fuerte crisis socioambiental. Cerca del 15% de sus habitantes se organizaron para tomar al que consideran el último terreno costero otorgado a proyectos inmobiliarios y turísticos, y destinarlo a viviendas. Este reclamo les valió un enfrentamiento físico y legal con autoridades, quienes los acusan de talar 2.3 hectáreas de manglar, una vegetación protegida a nivel federal y que es clave para la protección ante tormentas y huracanes, así como para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Este conflicto en el municipio de Hunucmá ha revelado los impactos del turismo y el desarrollo inmobiliario sin control que en los últimos años han desplazado a poblaciones locales cada vez más lejos de la costa.
“El impacto en Sisal no es de ahora, son las consecuencias de las diferentes etapas de los gobiernos de todos niveles. Nos hicieron creer que la promoción de proyectos turísticos nos iba a favorecer”, dice Felipe Hernández, pescador de 74 años que lleva toda su vida en Sisal.
Hernández sostiene que la población local está cansada de la expansión de las inmobiliarias y el turismo en sus territorios, especialmente desde diciembre de 2020, cuando autoridades federales declararon a la localidad como Pueblo Mágico, una categoría creada por la Secretaría de Turismo a nivel federal para promocionar destinos alternativos.
“Somos el primer puerto de Yucatán, no somos pueblo mágico, eso se lo pusieron para buscar plusvalía a los terrenos que están concesionados”, insiste el pescador.
Una investigación hecha por académicas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) concuerda con Hernández, pues detectó que las obras y solicitudes de permisos ambientales se dispararon a partir de este decreto.
“Nos vienen a hablar de un desarrollo para el pueblo de Sisal, pero nos dimos cuenta de que realmente el desarrollo no era para nosotros porque empiezan a salir inmobiliarias a explotar áreas protegidas, ahí sí hay devastación de mangle”, señala Alan Hernández, hijo de Felipe y quien también se integró al grupo de pobladores que desde 2017 denunció tala de manglar en las zonas donde las inmobiliarias construyeron sus proyectos.
“Fuimos a los lugares, hicimos grabaciones. Le mandamos al Gobierno evidencia de lo que estaba pasando en este tema, pero nadie nos hizo caso”, relata.
Solo entre enero de 2014 y abril de 2022, la investigación identificó 90 proyectos que suman 2 mil hectáreas y donde se venden más de 30 mil terrenos, tanto en la zona costera como en el interior de la localidad.
Crecimiento urbano en medio de humedales de Sisal
Además de la costa, Sisal está rodeado por dos áreas naturales declaradas como sitios de importancia internacional Ramsar: la Reserva Estatal El Palmar (REEP), al oeste, de 47 mil 931 hectáreas; y la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán (RECM), de 54 mil 776 hectáreas. En ambas regiones hay manglares, dunas costeras y cuerpos de agua.
La mayor pérdida de manglar en estas reservas ocurrió entre 1979 y 2005, cuando perdieron más de 500 hectáreas de manglar, de acuerdo con datos del monitoreo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
El monitoreo más reciente arroja que entre 2015 y 2020, la zona perdió poco más de 50 hectáreas de manglar. En este periodo, la urbanización en Sisal también cambió, pues de las 1468 viviendas registradas para 2020, el 59 % estaban deshabitadas o era de uso temporal, de acuerdo con el estudio del Cinvestav.
El mismo documento señala que este aumento de infraestructura genera una sobrecarga en los ecosistemas con la demanda de servicios, como la obtención de agua y electricidad. En el caso de Sisal, el agua dulce proviene de un cenote –cuerpo de agua subterráneo–, cuya distribución no llega a todas las viviendas de la localidad.
“Siempre hemos tenido problemas con el agua potable. El agua potable viene de a unos 5 kilómetros de Sisal. Las bombas siempre están fallando, siempre tenemos este problema”, cuenta Alan Hernández sobre las fallas en el acceso al agua desde que creció la población.
La investigación del Cinvestav señala la responsabilidad de autoridades de Yucatán, al hacer cambios administrativos que hicieron compatible el suelo de las áreas naturales con actividades de turismo, vivienda unifamiliar y desarrollo inmobiliario.
El estudio señala que los primeros proyectos turísticos que se instalaron en la zona obtuvieron permisos ambientales tras modificaciones al área de la Reserva de El Palmar y al Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa de Yucatán.
Estas son las irregularidades denunciadas por los pobladores, quienes también han visto afectado su acceso a las playas.
“Hemos tenido problemas con los canadienses (el principal grupo extranjero que vive o vacaciona en Sisal). Inclusive hay privatización de la playa, donde los pescadores están jalando su red y sale gente armada que no nos deja acercarnos”, cuenta Hernández sobre la mayor dificultad para pescar en Sisal.
“Ya no tenemos a dónde ir”
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y federales, los pobladores de Sisal acordaron tomar un área de cerca de dos kilómetros de costa y 150 metros de profundidad, cerca del muelle principal.
En este terreno, reconocen, talaron vegetación secundaria, pero niegan haber dañado manglares, pues sostienen que no crecen en la franja costera, sino al interior de las áreas naturales.
“Las autoridades recorrieron el área donde devastamos y les pedimos que nos enseñaran dónde está el mangle, que nos desmintieran y no lo hicieron”, sostiene Alan Hernández, quien advierte que la única opción para resolver el conflicto es ceder ese espacio.
Su padre incluso reta a que cualquier científico pruebe que en la zona de devastación haya manglares.
“Ya no tenemos a donde ir, ya nos cortaron de lado a lado. Tenemos el derecho de que no nos quiten la tierra que nos pertenece”, señala.
Hernández asegura que la vegetación removida por los pobladores era principalmente plantas pequeñas y bajas, como el caimito (Chrysophyllum cainito) o el chelem (Agave angustifolia).
Mongabay Latam consultó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre la vegetación removida en la zona. La dependencia sostuvo que en las actas levantadas por los inspectores federales los días 25 y 26 de febrero se detectó la presencia de mangle de botoncillo (Conocarpus erectus) en la zona de conflicto, así como vegetación de duna y matorral costero, en forma de árboles y arbustos, así como plántulas emergentes
El conflicto territorial escaló el pasado 11 de marzo, cuando fuerzas de seguridad pública se enfrentaron con los pobladores que habían tomado las tierras costeras. Felipe Hernández sostiene que los policías del estado golpearon a varias personas, incluyendo a su hija y a su esposa.
A partir de ese momento se iniciaron mesas de diálogo entre el gobierno de Yucatán, pobladores de Sisal, Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para llegar a acuerdos.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, sostuvo que la investigación se mantiene por tratarse de destrucción de manglares, un delito federal, “sea de quien sea la tierra”.
Durante acciones de restauración de manglar, Bárcena dijo que a nivel nacional México ha perdido 15 % de este tipo de bosques, y en el caso de Yucatán cerca del 8 %.
Por su parte, la Profepa dijo a Mongabay Latam que la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra “abierta y en proceso, independientemente de que se pretenda la reparación del daño en la zona”.
Los pobladores señalan que las reuniones han servido de poco, pues señalan que el único ofrecimiento es reubicarlos en áreas cercanas a la ciénaga y alejarlos de la costa.
En esas reuniones, el comisario ejidal de Sisal, Irineo Novelo Esquivel, le dijo al gobernador de Yucatán, Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena, que su propuesta no era bien recibida por los casi 300 pobladores organizados.
“A nosotros no nos interesa movernos de Sisal, nosotros queremos esas tierras porque son las que nos pertenecen. No queremos ir al monte o a la selva”, dice Alan, al hablar del rechazo de pobladores a la propuesta del gobierno de Yucatán.
Su padre coincide y no se ve en otro lugar que no sea la costa de Sisal. “Nos propusieron, a cambio de dejar estos terrenos, unas hectáreas y unas casitas, pero la respuesta es no, queremos nuestras tierras en el puerto”.