Ciudad de México, 10/02/26 (Más).- Mientras el gobierno de Estados Unidos clasifica a los grupos criminales Cárteles Unidos (CU) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM) como amenazas terroristas y ofrece recompensas millonarias por sus líderes, en México ambas organizaciones permanecen invisibles en el discurso oficial. Esta omisión se mantiene a pesar de las múltiples acusaciones provenientes del sector aguacatero y limonero en Michoacán, que responsabilizan a dichas agrupaciones de extorsión, violencia y control territorial.
De acuerdo con una investigación del portal Animal Político, desde el inicio del actual sexenio no ha habido una sola mención de estos grupos en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni en los informes públicos del Gabinete de Seguridad.
Esta ausencia contrasta con la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que en febrero de 2025 incluyó al grupo Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, bajo la orden ejecutiva 14157 firmada por el presidente Donald Trump.
Dicha designación les permite a las autoridades estadounidenses actuar de manera extraterritorial para combatir a estas organizaciones, que son acusadas de múltiples crímenes, como el uso de drones explosivos, el control violento de comunidades y ataques contra funcionarios.
La Nueva Familia Michoacana, por ejemplo, opera en al menos cuatro estados mexicanos y es señalada por su implicación en narcotráfico, secuestro y minería ilegal. Por su parte, Cárteles Unidos es descrito por el Departamento de Estado como una alianza de cárteles michoacanos que ha provocado numerosas bajas entre civiles y fuerzas de seguridad mexicanas.
La última vez que el gobierno mexicano hizo referencia a Cárteles Unidos fue en abril de 2022, cuando el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó sobre la detención de un presunto feminicida en Zamora, Michoacán, vinculado a dicho grupo. Desde entonces, no ha habido más menciones públicas. Según especialistas en seguridad como Víctor Sánchez, esta omisión podría ser intencional, ya sea para evitar visibilizar a los grupos o para no fortalecer el discurso de Estados Unidos.
Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN de la UNAM, agrega que la reticencia del gobierno mexicano a utilizar nomenclaturas criminales es parte de una estrategia institucional, aunque reconoce que Ejército y Marina sí manejan información interna sobre estas organizaciones. La falta de transparencia oficial, sin embargo, dificulta conocer el alcance real de estas redes delictivas.
Como parte de su estrategia, Estados Unidos ofreció un total de 34 millones de dólares por información que permita la captura de siete líderes clave de ambas organizaciones. En el caso de La Nueva Familia Michoacana, se ofrecen hasta 8 millones por los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos como ‘El Pez’ y ‘El Fresa’. Además, la OFAC ha sancionado a otros dos miembros de la familia por delitos como tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero.
En cuanto a Cárteles Unidos, se anunció una recompensa de 26 millones de dólares por cinco de sus cabecillas, entre ellos Juan José Farías Álvarez ‘El Abuelo’, Nicolás Sierra Santana ‘El Gordo’ y Alfonso Fernández Magallón ‘Poncho’, este último acusado de reclutar a exmilitares colombianos. También se busca a Luis Enrique Barragán Chávez y a Edgar Valeriano Orozco Cabadas, implicados en delitos como extorsión en el sector aguacatero y coordinación de sicarios.
La clasificación de estos grupos como terroristas por parte del gobierno estadounidense refleja una diferencia sustancial en la manera en que ambos países enfrentan el crimen organizado. Mientras Washington expone y sanciona públicamente a estos cárteles, México mantiene silencio, pese a la evidencia de sus operaciones criminales y su impacto en diversas comunidades del país.
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