San Luis Potosí, San Luis Potosí, 18/12/25 (Más).- Las reformas constitucionales impulsadas en San Luis Potosí y Nuevo León para garantizar la paridad de género en las elecciones a la gubernatura de 2027 han generado una fuerte polémica al ser señaladas como una estrategia para beneficiar a las esposas de los actuales mandatarios estatales, Ruth González Silva y Mariana Rodríguez.
Conocidas popularmente como la “Ley Esposa”, estas medidas buscan que únicamente se registren candidaturas de mujeres en la próxima contienda electoral.
De acuerdo con información publicada por el portal Animal Político, la reforma ya fue aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, mientras que en Nuevo León la iniciativa aún se encuentra en análisis legislativo. En ambos casos, se plantea como objetivo establecer una base normativa clara para garantizar la participación política de las mujeres en cargos ejecutivos estatales, aunque los críticos consideran que detrás de esta intención se ocultan fines de carácter personal o familiar.
En San Luis Potosí, el Congreso local avaló el pasado 14 de diciembre un decreto que modifica tanto la Constitución del estado como la Ley Electoral, incorporando la obligación de que para el proceso electoral de 2027 únicamente se registren candidaturas femeninas para la gubernatura. El dictamen establece que esta medida responde a la falta histórica de mujeres en el cargo, lo cual se considera una barrera estructural que impide el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
La disposición más relevante de la reforma se encuentra en el artículo segundo transitorio, que limita la postulación a mujeres exclusivamente en 2027, mientras que para los procesos posteriores se aplicará el principio de alternancia de género. Según el Congreso, esta decisión convierte en norma permanente lo que anteriormente se aplicaba de forma temporal mediante lineamientos emitidos por las autoridades electorales.
En el caso de Nuevo León, la propuesta –registrada bajo el expediente LXXVII-2025-EXP20259– fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano y plantea reformas similares a nivel constitucional y electoral. Aunque se encuentra en análisis legislativo, también contempla que las nuevas reglas se apliquen a partir del proceso electoral de 2027 y de forma sucesiva.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya contempla un esquema de paridad para 2027, en el que nueve de las 17 gubernaturas en disputa deberán estar encabezadas por mujeres. Aunque reconoció que estas medidas han fortalecido la paridad, cuestionó la viabilidad jurídica de imponer alternancia obligatoria por entidad, y señaló que dichas reformas deben analizarse cuidadosamente, ya que podrían tener efectos contrarios a los objetivos que promueven.
Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí. Señaló que Morena no postulará familiares en las boletas de 2027 como parte de su política contra el nepotismo electoral, y sostuvo que estas reformas “no permiten a la ciudadanía decidir con libertad”, por lo que deben ser impugnadas por vías legales.
Aunque el discurso oficial de las reformas es el de avanzar en la igualdad de género, las críticas en torno a posibles beneficiarias directas, como las esposas de los gobernadores Ricardo Gallardo y Samuel García, continúan avivando el debate público sobre la legitimidad y el propósito real de estas modificaciones legislativas.
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