Las autoridades consideran que la explosión en Coahuayana se enmarca dentro de la violencia criminal entre cárteles. El hecho está relacionado con la lucha territorial entre organizaciones criminales
Ciudad de México, 09/12/25 (Más).- La reciente explosión de un vehículo cargado con explosivos en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó varias personas fallecidas, no será considerada un acto de terrorismo, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con lo señalado por el funcionario federal, tanto el Gabinete de Seguridad como la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieron en que, aunque el hecho fue sumamente violento, no reúne las características necesarias para ser investigado bajo esa figura jurídica.
De acuerdo con un reporte publicado por Infobae, el secretario de Seguridad aclaró que, desde el punto de vista legal, el concepto de terrorismo no aplica en este caso ya que no se contempla en las leyes mexicanas y otras a nivel internacional como un delito que pueda atribuirse automáticamente a todos los hechos donde se utilizan explosivos o se provoca la muerte de civiles.
“No se trata de terrorismo. Este delito implica objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. Lo ocurrido es parte de las operaciones criminales para ampliar dominios y actividades ilícitas”, subrayó García Harfuch durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El titular de la SSPC explicó que los hechos están directamente relacionados con la disputa entre organizaciones delictivas que operan en la región de la costa michoacana y zonas limítrofes con Colima. Particularmente, mencionó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Tepalcatepec y a estructuras asociadas a Cárteles Unidos. Estas organizaciones buscan mantener o expandir su control territorial, lo cual ha derivado en una serie de enfrentamientos, atentados y ataques con artefactos explosivos improvisados.
Entre las actividades delictivas que estas bandas buscan proteger y expandir, se encuentran el tráfico de drogas a gran escala, el narcomenudeo, la extorsión a comerciantes y productores locales, el tráfico de armas y, más recientemente, la minería ilegal. La presencia de recursos naturales en esta franja del estado ha generado un nuevo foco de interés para estos grupos, quienes emplean métodos cada vez más violentos para asegurarse rutas y zonas de operación.
Respecto al caso específico del vehículo que explotó en Coahuayana, García Harfuch explicó que no se trató de un coche bomba abandonado. Aclaró que la camioneta involucrada provenía del estado de Colima y que en su interior viajaban al menos dos personas al momento de la detonación. “Había un conductor y un acompañante cuando el vehículo detonó”, dijo el funcionario. Esta declaración desmintió versiones preliminares que hablaban de un ataque dirigido contra las fuerzas de seguridad comunitarias, particularmente contra miembros de la Policía Comunitaria de la zona.
La detonación ocurrió en las inmediaciones de dichas instalaciones, lo que generó especulaciones sobre un posible ataque directo. Sin embargo, García Harfuch aseguró que las líneas de investigación apuntan más a un enfrentamiento entre dos líderes delictivos rivales que disputan el control en la región fronteriza entre Michoacán y Colima.
Por la complejidad del caso y el uso de materiales explosivos, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que estará a cargo de la carpeta bajo la conducción de la FGR.
La atracción del caso permitirá a las autoridades federales ampliar las indagatorias, realizar nuevos peritajes y determinar con precisión el tipo de explosivo utilizado, su origen y la posible red de distribución de estos materiales en manos del crimen organizado.
El secretario de Seguridad también confirmó que, en las últimas horas, elementos de las fuerzas federales han logrado asegurar varios artefactos explosivos improvisados en los estados de Michoacán y Sinaloa, los cuales han sido acoplados tanto a vehículos como a drones de fabricación casera. Estos dispositivos, dijo, representan un alto riesgo no sólo para la población civil, sino incluso para los propios grupos que los utilizan, ya que son altamente inestables y han provocado detonaciones accidentales.
En este contexto, García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno federal para continuar reforzando el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo principal es reducir los homicidios dolosos y los niveles de violencia en el estado. Subrayó que este tipo de incidentes no deben considerarse como hechos aislados, sino como parte de una estrategia más amplia del crimen organizado para mantener su presencia e influencia en regiones estratégicas.
Durante la misma conferencia, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la Guardia Nacional mantiene actualmente más de 75 servicios de seguridad destinados a proteger a funcionarios federales, estatales y municipales, particularmente en zonas con mayores niveles de riesgo. Estas medidas se han intensificado en las últimas semanas ante el repunte de la violencia en varias regiones de Michoacán.
Ambos funcionarios coincidieron en que la situación de seguridad en el estado requiere de una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y una respuesta firme frente al uso de nuevas tecnologías y métodos violentos por parte del crimen organizado. Por ahora, las investigaciones continúan y no se descarta que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la ruta del vehículo, la identidad de los ocupantes y los posibles autores intelectuales detrás del ataque.