Entre la justicia social y la realidad empresarial

Por Marco Campos Mena

En el Congreso mexicano se discuten una serie de reformas laborales que, en el discurso, buscan mejorar la calidad de vida del trabajador. Algunas ya son una realidad; otras avanzan lentamente entre comisiones, y unas más aún no entran formalmente al debate, pero ya generan inquietud en el sector productivo. El problema no es la intención. El problema es la forma, el momento y, sobre todo, la falta de una visión integral que considere el impacto real en quienes sostienen el empleo en México.

La reforma que ya fue aprobada, la del aumento a los días de vacaciones, marcó un precedente importante. Pasar de 6 a 12 días mínimos fue celebrado por los trabajadores y asumido, no sin ajustes, por las empresas. La Coparmex reconoció en su momento que la reforma atendía una deuda histórica con los trabajadores, pero también advirtió que para muchas micro y pequeñas empresas implicó reorganizar turnos, absorber costos adicionales y enfrentar mayores cargas administrativas sin apoyos compensatorios.

Hoy, el debate se centra en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una reforma que, aunque aún no se aprueba, avanza con una narrativa política que la presenta como inevitable. Desde el sector empresarial, la Canacintra ha señalado que el tema no es oponerse a la reducción de la jornada, sino evitar una implementación abrupta que afecte la productividad y la viabilidad financiera de las empresas, particularmente en sectores intensivos en mano de obra.

Para las grandes empresas, el desafío será técnico y financiero: recalcular procesos, determinar qué porcentaje de la producción se destina a nómina, incrementar plantillas laborales y absorber el aumento en cuotas de seguridad social. De acuerdo con analistas empresariales citados por la Concanaco-Servytur, estas compañías tienen mayor margen de maniobra, aunque reconocen que el impacto no será menor.

Para las mipymes, la historia es muy distinta. Diversos representantes de cámaras empresariales han advertido que muchas operan con márgenes mínimos. No cuentan con áreas de planeación ni con capital de reserva. Para un pequeño empresario, la reforma de las 40 horas no significa “optimizar procesos”, sino pagar una nómina adicional, asumir mayores cuotas al IMSS y, en muchos casos, hacer lo que ya se ha vuelto común: que el propio patrón cubra turnos, atienda la caja o asuma funciones operativas para evitar contratar a alguien más.

La reducción de la jornada implica, en la práctica, que alguien debe cubrir los descansos. Ese costo adicional no siempre es absorbible. La Coparmex, en distintos posicionamientos, ha insistido en que una reforma de esta magnitud debe ir acompañada de estímulos fiscales, apoyos a la formalidad y esquemas de transición diferenciados, especialmente para las micro y pequeñas empresas.

A este panorama se suma un factor que no puede ignorarse: la pérdida de certeza jurídica. Diversos organismos empresariales han advertido que, tras la reforma judicial, se ha debilitado la confianza en el Estado de Derecho. La reforma laboral de las 40 horas, señalan, refuerza la percepción de que las reglas del juego pueden cambiar sin una evaluación profunda de su impacto económico, lo que ha generado cautela en nuevas inversiones y, en algunos casos, relocalización de capitales.

El debate empresarial refleja esta preocupación. No se trata de rechazar las reformas, sino de exigir que se hagan con responsabilidad. La realidad es contundente y ha sido reiterada por la Secretaría de Economía y por organismos empresariales: 8 de cada 10 empleos en México los generan las mipymes. Cargarles reformas sin apoyos reales es poner en riesgo al principal motor del empleo formal.

Otro tema que comienza a tomar fuerza es el del salario mínimo profesional. La propuesta ha sido vista con buenos ojos por sectores académicos y laborales, y la Coparmex ha reconocido que es necesario dignificar el trabajo profesional. Sin embargo, también ha advertido que su implementación requiere consenso sectorial, ya que un salario profesional mal calibrado podría provocar que algunas empresas simplemente dejen de contratar profesionistas, reduciendo oportunidades laborales.

Finalmente, está la propuesta de aumentar el aguinaldo. Empresarios de distintos giros han señalado que esta sería una de las reformas con mayor impacto financiero para las MIPYMES. La Concanaco-Servytur ha advertido que, sin esquemas de deducción o apoyos fiscales, un aumento al aguinaldo podría comprometer la liquidez de miles de pequeños negocios, especialmente en el último trimestre del año.

Hay que decirlo con claridad: las reformas laborales son necesarias. La reducción de la jornada probablemente traerá mejor desempeño, mayor bienestar y mejor salud mental; estudios en neurociencia y productividad laboral lo respaldan. Pero hacerlo de golpe, sin apoyos ni incentivos, generará más desestabilización que progreso. Si el objetivo es un México más justo, el camino no puede ser a costa de asfixiar a quienes generan el empleo. Las mipymes necesitan acompañamiento, estímulos fiscales y transiciones reales. De lo contrario, las reformas que prometen bienestar terminarán provocando informalidad, cierre de negocios y menos oportunidades para todos.