La justicia en México enfrenta desafíos relacionados con la independencia judicial y la asignación presupuestaria necesaria para abordar el aumento en la demanda, advierte la Ministra Norma Piña
REDACCIÓN / IA
Ciudad de México. – La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, advirtió ante el Grupo de Trabajo de la ONU de Detención Arbitraria que una disminución en el presupuesto al Poder Judicial Federal en México pondría en riesgo la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio y el trabajo del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Del 18 al 29 de septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU de Detención Arbitraria visitó México para evaluar la situación de privación de la libertad. De acuerdo con información publicada por Animal Político, expertos como Matthew Gillett y Ganna Yudkivska se reunieron con ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal e integrantes de la Defensoría Pública.
La ministra Norma Piña destacó que la justicia en México enfrenta desafíos relacionados con la independencia judicial y la asignación presupuestaria necesaria para abordar el aumento en la demanda de justicia federal en los últimos cinco años.
Piña Hernández subrayó que la demanda ciudadana de defensores y asesores ha aumentado en un 20% anual, lo que resalta la importancia de la Defensoría Pública. Además, anunció la publicación de un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio a finales de año, con el objetivo de proporcionar a los operadores de justicia actualizaciones sobre precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables.
La ministra entregará un informe detallado sobre temas clave para el Grupo de Trabajo de la ONU, incluyendo la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, resoluciones judiciales relacionadas con la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa. En este sentido, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó que la prisión preventiva debe considerarse como una medida cautelar restrictiva de la libertad personal y se debe aplicar bajo estrictos estándares de derechos humanos.
El Consejo de la Judicatura Federal abordó el problema de la ejecución de penas en el sistema de justicia penal mexicano, señalando que un alto número de personas están sujetas a medidas de internamiento, con una proporción significativa de penas que duran menos de 10 años o exceden esa duración. La carga de trabajo es alta, y se espera un aumento en los asuntos en los juzgados de ejecución en los próximos años.
Los expertos de la ONU continuarán sus reuniones y visitas a diferentes sectores en México antes de presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU al concluir su visita.
Con información de Animal Político
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