Ciudad de México, septiembre 23. En Culiacán, Sinaloa, la violencia del narcotráfico ha alcanzado un terreno insospechado: los hospitales. Las salas de urgencias, lugares concebidos para salvar vidas, se han convertido en escenarios de ataques armados, ejecuciones e intentos de asesinato en medio de una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la historia de Rubén Céspedes, un comerciante de frutas y verduras de 61 años, ejemplifica la tragedia. Céspedes, conocido por vestirse de payaso para llevar mensajes religiosos a niños en comunidades rurales, fue asesinado el 29 de agosto mientras visitaba a un familiar internado en el Hospital Civil de Culiacán. Su esposa sobrevivió porque en ese momento descansaba recostada en una banca afuera del área de urgencias.
Esa noche, un vehículo se detuvo frente a los arcos blancos del hospital y desde sus ventanillas los sicarios dispararon ráfagas contra las personas que se encontraban en el lugar. Los proyectiles destrozaron autos estacionados y dejaron decenas de impactos en la fachada. Rubén resultó herido de gravedad y poco después murió junto con otros dos hombres y una mujer que estaban en la zona. Dos mujeres más, incluida una adolescente de 13 años, quedaron lesionadas.
El ataque ocurrió en una de las áreas más vigiladas de la ciudad, a un kilómetro del centro histórico y de la Catedral, donde hay cámaras, policías y soldados. Aun así, la violencia alcanzó la entrada del hospital, escenario que poco después fue reparado con rapidez: la fachada fue resanada y pintada, como si se intentara borrar los rastros de la balacera.
Pero la agresión no fue un hecho aislado. Horas después, otros hospitales de Culiacán también fueron blanco de atentados. En una clínica privada del centro de la ciudad, sicarios entraron y asesinaron a balazos a un paciente de 20 años. En el nuevo Hospital General, el nosocomio público más grande e importante de la capital, dos hombres disfrazados de personal médico burlaron los filtros de seguridad e ingresaron para ejecutar a un joven de 21 años internado por una herida de bala. Tras rematarlo, huyeron disfrazados con todo y uniforme.
Estos ataques, señalan analistas, son reflejo de los ajustes de cuentas entre los “mayitos” y los “chapitos”, facciones del Cártel de Sinaloa que desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada mantienen una sangrienta disputa. La guerra ha dejado hasta ahora más de dos mil asesinatos, otros dos mil desaparecidos y un clima de terror que ya ni siquiera respeta espacios tradicionalmente considerados seguros, como las clínicas y hospitales.
La vida trastocada por la guerra
Carlos Alberto, hijo de Rubén Céspedes, relató cómo la violencia ha cambiado la vida en Culiacán. Con 38 años y dueño de una pollería, asegura que desde el asesinato de su padre ha optado por cerrar su negocio más temprano para evitar riesgos. En una ocasión, incluso fue obligado por criminales a permitir la instalación de una cámara clandestina en su local, parte de una red de miles de dispositivos decomisados después por la policía y que los grupos criminales utilizaban para espiar a rivales y autoridades.
A pesar del dolor, Carlos afirma que honra la memoria de su padre con fe y resignación: “Fue injusto que mataran así a mi papá. Él ni la debía ni la temía. Tal vez pensaron que todos los que estaban fuera del hospital eran familiares de criminales, pero mi padre no tenía nada que ver con el narco”.
Rubén, además de su oficio como comerciante, dedicaba tiempo a labores altruistas: entregaba comida a migrantes en las vías del tren, apoyaba a personas en situación de calle y predicaba a los niños en rancherías. La violencia que él mismo aconsejaba a sus hijos evitar terminó arrebatándole la vida en un lugar que se suponía seguro.
Urgencias bajo amenaza
La crisis de violencia en hospitales no se detuvo ahí. El 8 de septiembre, en el nuevo Hospital General, un operativo militar cerró accesos tras rumores en redes sociales de que sicarios se habían infiltrado nuevamente disfrazados de médicos para rematar a un herido. Aunque las autoridades reportaron únicamente la detención de un hombre “con actitud sospechosa”, familiares y vendedores de comida afuera del hospital vivieron horas de miedo e incertidumbre.
Nueve días después, el 17 de septiembre, se registró otro incidente en ese mismo hospital. Una mujer disfrazada con uniforme quirúrgico intentó asesinar a Leonel V. P., alias “El LV”, detenido días antes tras un enfrentamiento con autoridades y hospitalizado por heridas de bala. La mujer llevaba tres jeringas ocultas y, al inyectar una sustancia en el catéter del paciente, este gritó: “¡Ah, me quieres matar!”. El intento fue descubierto por un guardia nacional, que detuvo a la agresora, identificada como Sandra.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía estatal aseguró que la combinación de analgésicos y antibióticos inyectada podía provocar la muerte, mientras que la defensa de la mujer alegó que fue víctima de tortura tras su arresto.
Protestas del personal médico
Con este clima de ataques e intentos de asesinato, el personal médico del nuevo Hospital General decidió protestar el 18 de septiembre. Exigieron protección y que los pacientes heridos por arma de fuego fueran trasladados a centros especializados, pues su presencia convierte a las clínicas en escenarios de alto riesgo.
Las autoridades reportaron que en un año se han registrado al menos seis ataques armados contra hospitales en Culiacán. Ni la presencia de más de seis mil militares ni los vehículos blindados como el “Ocelot” —presentado recientemente por la Sedena— han logrado devolver la confianza a la población, que evita salir de noche y percibe como inseguros hasta los espacios de salud.
Como señaló un dirigente local de comerciantes: “Cuando ocurren hechos de muy alto impacto, como las balaceras y masacres en los hospitales, la percepción de seguridad se desploma y la gente vuelve a encerrarse en sus casas”. Para muchos habitantes, acudir a un hospital ya es sinónimo de arriesgar la vida.