Más de 500 compañías y empresarios vinculados al contrabando de combustibles en el país: importaban combustibles con documentos falsos, descargaban hidrocarburos sin registro en puertos estratégicos y los vendían a bajos precios
Ciudad de México 11/09/25 (Más).- Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Federal de Inteligencia Criminal revelaron que empresas y empresarios de Coahuila se encuentran vinculados en una amplia red nacional de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, que opera tanto en puertos estratégicos del país como a través de gasolineras y compañías distribuidoras locales.
De acuerdo con información difundida por El Universal, dentro de las 555 empresas señaladas por las autoridades aparecen nombres relacionados con las regiones Centro, Sureste y Laguna de Coahuila.
Entre las empresas figuran Miguel A. Lazalde, S.A., con operaciones en comercialización y transporte de hidrocarburos; la gasolinera Autoservicio Premier Aeropuerto, S.A. de C.V., radicada en Torreón, Servicios Energéticos Torreonsito, constituida en Torreón; Servicios Lomas de Lourdes, constituida en Saltillo, al igual que Servicios Maquinita.
Entre los empresarios mencionados en la lista está Gerardo Garza Melo, quien en julio de este año logró escapar de un operativo en el que se buscaba cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por su presunta relación con estas redes ilícitas.
Además, entre las personas físicas vinculadas con la red destacan Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, con historial ligado a la delincuencia organizada, y Luis Javier Muñoz Ayup, ambos originarios de Coahuila y relacionados con operaciones de comercialización y transporte de combustibles.
Estas menciones refuerzan la hipótesis de que la entidad tiene un papel activo en el esquema nacional del huachicol fiscal, más allá de la participación de empresas formalmente establecidas.
El informe de la FGR detalla que el modus operandi de estas organizaciones consistía en importar combustible desde Estados Unidos y simular su legalidad mediante pedimentos clonados y facturación falsa, lo que permitía colocarlo en el mercado a un precio más bajo que el oficial.
Asimismo, se detectó el arribo de buques a puertos como Veracruz y Lázaro Cárdenas para descargar hidrocarburos sin documentación legal, repitiendo la maniobra varias veces hasta agotar la carga. Parte de este combustible llegaba después a empresas comercializadoras y estaciones de servicio en estados como Coahuila.
En los últimos días, Saltillo ha sido escenario de varios operativos e inspecciones en estaciones de servicio por presuntas irregularidades en la venta, distribución o legalidad del combustible.
En respuesta a los señalamientos, el director de Grupo Miguel A. Lazalde, Ricardo Lizalde, en entrevista con Zócalo Monclova rechazó irregularidades y aseguró que su compañía no tiene nada que esconder y subrayó que no ha sido requerido por la FGR, pero que en caso de ser citado presentará toda la documentación que acredite la legalidad de sus operaciones.
El empresario explicó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se entregaron permisos de importación y comercialización que permitieron a distintas compañías, incluso ajenas al sector, participar en el negocio. A su juicio, esa apertura podría explicar por qué su grupo aparece en los registros de la autoridad.
Lizalde añadió que cuando la empresa obtuvo permisos de importación, éstos tenían vigencia de un año y eran renovables, por lo que periódicamente debían acreditar el cumplimiento de requisitos fiscales y regulatorios. Sin embargo, durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de estas autorizaciones fueron canceladas, lo que obligó a dejar de operar en esa rama. “Cualquier relación que pudimos haber tenido con una empresa, pues ellos cumplían esos requisitos en su momento”, enfatizó.
La investigación federal no sólo ha alcanzado a compañías de Coahuila, sino también a firmas ubicadas en Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.
El informe de inteligencia que cita El Universal revela que algunas empresas alteraban medidores de venta, facturaban operaciones que no coincidían con los pedimentos de importación, o bien comercializaban combustible adulterado.
El caso cobra mayor relevancia debido a que, según la FGR, las redes de huachicoleros mantenían control sobre al menos ocho puertos del país –Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán–, donde se realizaba el ingreso y distribución de hidrocarburos mediante documentos falsos y en complicidad con autoridades portuarias y operadores privados.
Con estos hallazgos, Coahuila se suma a la lista de entidades donde las redes del huachicol fiscal han echado raíces, dejando en claro que se trata de un fenómeno nacional en el que confluyen intereses empresariales, políticos y criminales en torno al contrabando de combustibles.
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