Chihuahua, 30/06/25 (Más).- A partir del 1 de septiembre próximo, el Poder Judicial de Chihuahua experimentará una transformación significativa con la entrada en funciones de nuevos jueces y magistrados elegidos mediante un proceso electoral, lo cual ha generado una ola de recortes de personal judicial que impactará a decenas de juzgadores en funciones. En el Distrito Judicial Bravos, que abarca las ciudades de Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ahumada, al menos 73 jueces deberán abandonar sus cargos.
Entre los afectados se encuentra Jesús Manuel Medina Parra, juez con 20 años de trayectoria y 50 años de edad, quien no podrá acceder a jubilación ni pensión. Su salida solo será acompañada de una liquidación conforme a la ley, debido a que no cumple los requisitos de edad y antigüedad estipulados por la legislación para estos beneficios. Medina inició su carrera en el Poder Judicial en 1997 como secretario de juzgado y fue nombrado juez penal en Parral seis años después, tras un concurso de oposición. En 2007, obtuvo su actual cargo en el Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez mediante otro concurso.
“Yo no renuncié, me subieron (a la elección judicial). Pero con esta cara que tengo, cómo va a competir uno. Tengo cara de sargento mal pagado”, declaró Medina en tono de broma, al explicar su decisión de participar en la elección luego de que varios juicios de amparo promovidos por sus colegas fueron desechados. “Muchos amparos fueron desechados, yo estuve viendo, monitoreando los amparos de muchas personas, se los desecharon, muchas suspensiones no se brindaron, muchas suspensiones se violaron… entonces dije ‘los plazos ya no me dan, voy a participar’”.
Actualmente, Medina Parra se encarga de un solo juicio oral, a diferencia de los cinco que solía llevar simultáneamente antes del proceso electoral. “Yo llevaba tres, cuatro, cinco juicios empalmados, unos en la mañana, unos en la tarde. Y ahorita, pues, obviamente ya nada más estoy llevando uno. Ya no me estoy quedando en las tardes, o en las noches a dormir ahí. Ya no me quedo en las madrugadas, como antes, ahora sí vuelvo a mi casa”, comentó.
La jueza Emma Terán Murillo, también del Distrito Judicial Bravos, es una de las 22 juzgadoras que dejarán el cargo con el beneficio de la jubilación. Terán fue pionera en el sistema penal acusatorio en Chihuahua y participó en casos emblemáticos, como el juicio por la desaparición y asesinato de 11 mujeres cuyos restos se localizaron en el arroyo El Navajo entre 2008 y 2013. A pesar de su trayectoria, la jueza expresó que su salida fue forzada tras la reforma judicial. “Lo consideró injusto porque fue una plaza que sí nos costó, nosotros fuimos capacitados por expertos chilenos, costarricenses y argentinos, pasamos muchos filtros, es una plaza que nadie nos regaló. Éramos ratificados, éramos inamovibles. O sea, si a mí me hubieran dicho ‘hicimos un estudio y concluimos que fuiste corrupta, participaste en esto, en aquello’, lo entendería, pero no fue así. De buenas a primeras nos dicen ‘sabes qué, esta plaza es de nosotros y te la quitamos’”.
Terán recordó que su labor la expuso a riesgos personales. “Yo llevé un asunto de madrugada, porque no había espacio en los Cefereso para llevarlo a otra hora, y al salir del juzgado en una ocasión, al pasar por el Cereso, se nos dejó ir un vehículo atrás”, relató. La jueza deberá cerrar todos sus casos en el mes de agosto, por lo que desde junio ha evitado iniciar nuevos juicios. “La mayoría optamos por no iniciar más juicios, porque se nos pudieran quedar a la mitad”.
En el Tribunal de Control del mismo distrito, Dirceu Solís Mendoza, quien asumió el cargo en enero de 2019 y fue ratificado en 2024, tampoco logró mantenerse tras la elección del 1 de junio. Solís, integrante de la comunidad LGBTI+, señaló que la reforma no garantizó espacios para personas de esta población. “Aparte de paridad de género, igualdad en cuanto a hombres y mujeres que estén desarrollando el cargo, también debería de haber espacios para las personas de la comunidad LGBT, pero eso no se tomó en cuenta. Se supone que ya hay leyes que establecen, en materia electoral, que debe de haber espacios también para gente que pertenece a esta comunidad, pero en la reforma no se manejó, no se incluyó”, afirmó.
Los jueces que dejarán sus cargos enfrentan además una prohibición para litigar en el fuero común y una restricción de dos años para ejercer en la materia que juzgaban. Solís comentó: “Yo no puedo trabajar como abogado, ni como representante legal… Sí manejo los delitos federales, pero todavía tengo que ir a aprender cómo se maneja la litigada. Es diferente a juzgar, es estar del otro lado”. La reforma judicial en Chihuahua ha tenido como consecuencia directa una reconfiguración del Poder Judicial y el desplazamiento de personal experimentado. El proceso de sustitución no solo ha impactado las trayectorias profesionales de los jueces, sino que también ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial en la entidad.