El silencio de Bermúdez

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, extraditado desde Paraguay por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, se ha negado a declarar ante autoridades mexicanas, generando sospechas en torno a su implicación. La Fiscalía federal continúa integrando pruebas mientras el imputado busca ampararse, sin éxito hasta ahora

Redacción Más

Aunque fue extraditado desde Paraguay para enfrentar acusaciones por delincuencia organizada y corrupción institucional, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, se ha negado a rendir declaración ante las autoridades mexicanas, manteniendo un silencio que ha llamado la atención en medio de una investigación que podría revelar vínculos entre el crimen organizado y estructuras de seguridad del Estado. A pesar de su negativa, las autoridades insisten en que el proceso judicial continúa firme.

El actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó durante una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela que Bermúdez Requena enfrenta una orden de aprehensión vigente por su presunta relación con el grupo criminal conocido como La Barredora. “Si se reserva la declaración o no, sinceramente él tiene una orden de aprehensión muy específica que tendrá que responder. No a la Secretaría, sino con la Fiscalía General del Estado”, afirmó Harfuch, citado por el portal Infobae.

Aunque el grupo delictivo que encabezaba Bermúdez no se considera de gran escala a nivel nacional, su inserción dentro de las corporaciones de seguridad de Tabasco provocó un notable incremento en la violencia durante los primeros meses del nuevo gobierno federal. “Este grupo delincuencial que se incrustó en la policía de Tabasco no es ni tan grande, ni tan importante, pero sí generó una ola de violencia muy fuerte”, subrayó el secretario de Seguridad.

Como parte de la respuesta estatal, en febrero de este año se reforzaron las labores de inteligencia y presencia policial en el estado. Dicha estrategia permitió la detención de varios integrantes de La Barredora, destacando entre ellos Ulises Pinto Madera, conocido como ‘El Pinto’ o ‘El Mamado’, considerado el segundo al mando de la organización y uno de los operadores más cercanos a Bermúdez Requena. Con esta captura, las autoridades lograron desarticular parte importante del grupo y confirmaron que su operación se limitaba exclusivamente a Tabasco, sin ramificaciones en otras entidades.

“No era ni siquiera una organización interestatal. Era una organización que estaba operando ahí”, enfatizó Harfuch al referirse a la dimensión del grupo criminal. Aun así, su capacidad de infiltración en instituciones públicas ha sido motivo de preocupación, particularmente por la posición que ostentaba Bermúdez como jefe policiaco durante administraciones pasadas.

En el ámbito federal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la FGR mantiene un proceso penal abierto contra ‘El Abuelo’, quien se ha negado también a declarar ante las autoridades federales. Aunque la Fiscalía ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra, ésta aún no se ha ejecutado completamente debido a que se está en espera de que concluyan ciertas diligencias locales para consolidar el expediente. “Estamos esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal”, explicó Gertz.

El fiscal también destacó que la audiencia intermedia será un punto clave para definir la estrategia judicial del caso y anticipó que, ante el silencio del imputado, su defensa tendrá que responder por las múltiples imputaciones que obran en su contra. “Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron; y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal”, afirmó.

En este contexto, Bermúdez Requena ha promovido un amparo contra las acusaciones de delitos federales, pero Gertz Manero fue tajante al señalar que dicho recurso legal no tendrá efecto práctico. “Ese amparo no le servirá de nada, por la magnitud del caso”, dijo, aludiendo a la gravedad de los cargos y a la solidez de las pruebas que se han integrado hasta el momento.

Por otra parte, ante la difusión de rumores y versiones que buscaban vincular al senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández con los mandos criminales de La Barredora, García Harfuch desmintió categóricamente cualquier nexo del legislador con la organización. “No es de proteger al Senador Adán Augusto, es que no hay nada en contra de él. Nadie ha declarado o ha dicho absolutamente nada porque él no tenía una injerencia. No tenía contacto con ‘El Pinto’ o con estos delincuentes que eran los que estaban operando”, aclaró el titular de la SSPC.

La extradición de Bermúdez Requena desde Paraguay se dio luego de una operación de inteligencia binacional, coordinada con las autoridades sudamericanas, tras varios meses de búsqueda. Su detención internacional fue considerada un golpe importante contra las redes de protección institucional que permitieron la operación de La Barredora desde el interior de las propias fuerzas del orden en Tabasco.

En su momento, la fuga de Bermúdez y su posterior aparición en Paraguay generaron una ola de críticas contra las instituciones de justicia mexicanas, especialmente por la falta de control interno en las corporaciones de seguridad estatales. A ello se suma el hecho de que el exfuncionario habría operado con total impunidad durante años antes de que se dieran las primeras investigaciones formales.

Mientras tanto, su silencio se ha convertido en una estrategia que, lejos de exonerarlo, obliga a las autoridades a fortalecer sus casos con pruebas documentales, testimonios indirectos y registros oficiales, en un proceso que se vislumbra largo y complejo, pero crucial para evidenciar el nivel de penetración criminal en las estructuras gubernamentales locales.

Así, el caso de Hernán Bermúdez Requena no sólo representa una oportunidad para combatir a una célula criminal específica, sino un espejo que refleja las profundas debilidades del sistema de seguridad y justicia en México, especialmente cuando los delincuentes llevan uniforme y ocupan cargos públicos.