El secuestro es una industria muy redituable

Por Enrique Abasolo

    No estoy diciendo desde luego que sea correcto, que sea legal, ni mucho menos moral. Sólo que al parecer es lo bastante rentable como para que alguien tome la decisión de despojarse de los pocos escrúpulos y la embarrada de decencia con que seguramente vino al mundo, y asuma los riesgos inherentes a dicha empresa.

    Privar a alguien de su libertad coloca inmediatamente al perpetrador de este crimen horrendo en una posición ventajosa para negociar prácticamente cualquier cosa, desde dinero vulgar (yo quiero ser “vulgarcito”), hasta peticiones políticas frente a un jefe de estado.

    Desde el rapto de Helena de Troya, hasta Secuestros a Domicilio Cassez y Compañía, esta forma de extorsión ha demostrado un alto porcentaje de efectividad para lograr que la gente de la peor calaña se salga con la suya y obtenga lo que quiere.

    Los infrahumanos que se dedican a secuestrar como medio para engrosar su capital, no tienen empachos en llevarse a un empresario, a un niño, o a cualquiera por el que estimen que se puede pagar una suma considerable.

    Los secuestradores de corte político en cambio solían -o suelen- tomar por la fuerza un vehículo -un avión, digamos- con todos sus pasajeros y tripulación a bordo, ya que sus demandas son de mayor envergadura y consideración, así que en consecuencia ponen más vidas en jaque.

    Ahora me pregunto: Si secuestrar a un individuo otorga un gran poder de negociación y no se diga ya secuestrar a un grupo de personas… ¿Qué clase de poder otorga secuestrar a toda una ciudad completa?

Eso no se puede, me podrá refutar el lector conocedor, la lectora bonita, “le lectore ofendide” (ya en serio: ¿qué artículo se supone que acompaña a los sustantivos en “lenguaje neutro inclusivo”?). Y en efecto, no se puede.

Sin embargo, lo más cerca que podemos estar del secuestro de una comunidad entera, de un pueblo, villa o ciudad, es obstaculizando su vía de tránsito, su movilidad.

No por nada las vías de comunicación y transporte están salvaguardadas por nuestra Constitución (o eso se supone).

Aunque tampoco es raro que sean las rutas terrestres el blanco preferido de los grupos manifestantes que quieren sacarle el cumplimiento de alguna demanda al Gobierno.

Cuando un camino, acceso, calle, avenida o carretera son tomados por un interés particular, todos somos rehenes. Hay vidas que dependen de que alguien se desplace de un punto A a un punto B y sólo por ello, cualquier manifestación que obstruyese un camino debería ser barrida con todo el poder de la fuerza pública, por justas que fueran su causa y exigencias. Pero los gobiernos optan siempre por no hacerlo porque muy probablemente los reclamos derivan de una carencia u omisión de su parte.

Hay aún otra modalidad para secuestrar a una ciudad entera y es comprometiendo su sistema o sistemas de transporte, total o parcialmente, y eso es justo lo que están haciendo los taxistas en Coahuila.

Envalentonados porque el Gobierno del Estado endureció las medidas en contra de los automóviles de aplicación (Uber, Didi, InDriver), el gremio de taxistas incluso se da ahora el lujo de salir a las calles a materialmente secuestrar, robar y violentar a conductores de dichas plataformas, en retenes y operativos ilegales sin que ninguna autoridad se los impida.

Lo mismo en la capital del Estado, que en Ramos Arizpe y Monclova, los gremios de taxistas y ruleteros se toman atribuciones que serían exclusivas del Gobierno, para quitarle su vehículo a los ciudadanos que dan servicio a través de las app.

Ya no me alarma que los sindicatos de chafiretes piensen que tienen el derecho de hacer esto, que es una monstruosa arbitrariedad y una violación a diversas garantías, sino que no haya una autoridad que lo impida y los someta. ¿O sea que unos taxistas, en bola, pueden hacer básicamente lo que se les hinche su ‘sudeteada’ entrepierna?

El Gobierno Estatal de pronto decidió que se pondría duro con los servicios de transporte por aplicación (mismos que realmente no contravienen ninguna ley y son definitivamente una mejor opción que los taxis en todos los sentidos).

    Así que en vez de ofrecernos cada vez más y mejores opciones de movilidad, el Gobierno las elimina y nos obliga a usar un sistema de taxis deficiente, caro, inseguro, con unidades sucias y contaminantes.

    En sus reclamos los viejos transportistas del gremio taxista invocan a la “legalidad”, pero basta echarle un ojo a cualquiera de sus unidades para darse cuenta que ninguna pasaría ni la revisión vehicular.

    Y aunque ningún medio de transporte ofrece un cien por ciento de seguridad al pasajero, al menos las de aplicación dejan un registro de la carrera (nombre del chofer, hora, trayecto); incluso algunas aplicaciones permiten grabar el audio de todo el recorrido. Los taxistas no exhiben ni un tarjetón, así que lo puede estar levantando lo mismo un chofer sindicalizado que un asesino serial.  No respetan el taxímetro y todos los carros apestan a mofle y cavidad corporal.

Las razones para dejarnos sin opciones a los ciudadanos serían políticas, desde que los taxistas son la fuerza móvil del PRI-Gobierno local en cada elección y, de cara al proceso para elegir Gobernador del año próximo, habría que estar bien con este gremio para contar con su invaluable ayuda el “Día D”.

Con esta muestra de cariño y de total complicidad con los abusos y atropellos cometidos por los taxistas, nuestro Gobierno tricolor está aceitando su maquinaria para los comicios de 2023. Tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que pase a joder a la ciudadanía a la que le piensa pedir el voto.

Dele las gracias al Gobernador Miguel Riquelme y a toda su administración por regresarnos al viejo sistema de taxis destartalados, solo porque depende mucho de éste para sacar adelante su proyecto electoral. Ahora, sin coches de aplicación, le puedo asegurar que se van a disparar los incidentes de acoso de parte de taxistas, los borrachazos y otros percances mortales incluso, derivados de la falta de opciones eficientes y seguras para transitar y movilizarnos por nuestras ciudades.

Estamos nuevamente obligados a utilizar un auto propio bajo cualquier circunstancia (atestando las insuficientes vialidades) o a subirnos a una peligrosa tartana.

Esta decisión retrógrada va a costar hasta vidas, lo que la vuelve una decisión criminal, como criminal es la industria del secuestro.