Monterrey, Nuevo León, 16/01/26 (Más).- La desaparición del profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar ha encendido las alarmas en México y Colombia, tras conocerse que fue visto por última vez la mañana del 2 de enero en inmediaciones del aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.
Escobar, de 42 años, había sido detenido por la Guardia Nacional y puesto a disposición de la Policía Municipal de Apodaca por supuestas faltas administrativas, sin que hasta el momento las autoridades hayan aclarado los motivos ni entregado registros oficiales de su detención.
Según información publicada por El País, Escobar llegó a Monterrey el 31 de diciembre procedente de Bogotá, Colombia, donde pasó las fiestas navideñas. La última comunicación que tuvo fue con su esposo, Jorge Landa, a quien le informó telefónicamente que acababa de ser liberado por las autoridades y que intentaría viajar a Ciudad de México para luego llegar a Puebla, donde reside y trabaja como académico de la Universidad Iberoamericana.
Desde entonces, nada se sabe de su paradero. La Fiscalía de Nuevo León confirmó días después que el profesor fue liberado a las 7:30 de la mañana del 2 de enero, pero no explicó claramente los motivos de su detención ni mostró pruebas documentales de la misma. La maleta del profesor fue encontrada en el área de objetos perdidos del aeropuerto.
Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó recientemente que el último registro visual de Escobar fue tras salir del cuartel de la policía de Apodaca, en imágenes donde se le ve desorientado, lo que contradice la versión inicial de que habría regresado al aeropuerto con otra ropa.
Simón Hernández, abogado y colega del profesor en la Universidad Iberoamericana de Puebla, denunció la falta de transparencia de las instituciones implicadas, como el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Marina, encargada de la administración del aeropuerto. Afirmó que hasta el momento no existen registros oficiales de su detención en el Registro Nacional de Detenciones, lo que constituye una irregularidad legal.
El Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la universidad de Escobar, también ha denunciado que hay indicios de participación de estas autoridades federales, además de la Policía Municipal de Apodaca.
La comunidad universitaria en Puebla ha reaccionado con indignación. El rector Alejandro Guevara solicitó la difusión de imágenes del académico para apoyar su localización y convocó una movilización pacífica el viernes 12 de enero, con bloqueos intermitentes en el bulevar del Niño Poblano, exigiendo su aparición con vida. Esta desaparición ocurre en un contexto nacional alarmante: México registra oficialmente 132,871 personas desaparecidas, de las cuales 284 son migrantes, cinco de ellos en Nuevo León.
El cónsul de Colombia en Ciudad de México, Alfredo Molano, informó que la oficina consular está acompañando a la familia de Escobar y ha activado los protocolos de asistencia ante las autoridades mexicanas, que, aseguró, han sido receptivas. La Cancillería colombiana ya había manifestado en años recientes su preocupación por el trato a sus ciudadanos en los aeropuertos mexicanos, donde se han documentado casos de detenciones arbitrarias y maltratos, situación que se ha agravado a medida que crece el número de colombianos devueltos o en situación migratoria irregular en México.
Las inconsistencias en las versiones oficiales, la falta de pruebas documentales y el silencio de las autoridades responsables apuntan a un posible caso de abuso institucional y encubrimiento. La desaparición de Leonardo Ariel Escobar se suma a la larga lista de personas desaparecidas en el país, dejando una profunda preocupación entre la comunidad académica y migrante.
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