Rubén Aguilar
En política siempre todo puede pasar, pero todo indica que el miércoles 11 de marzo, la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados no tendrá los votos para su aprobación.
Ella ha dicho en distintas ocasiones en sus comparecencias mañaneras que con enviar la ley ya ha cumplido con la demanda que le hizo el pueblo de México, y que, si no se aprueba, tomará la ruta del Plan B.
La reforma electoral, igual que la reforma del Poder Judicial, es un encargo que le dejó su antecesor, su mentor y líder, López Obrador, para poner el segundo piso a la transformación. Ella, al enviar la ley, cumple con lo que se le pidió.
Es una propuesta que se elaboró de manera unilateral y en lo oscuro, y la oposición y los especialistas nunca fueron implicados en la construcción de la propuesta, y tampoco los aliados del PT y el PVEM.
Ya elaborada la propuesta, el gobierno de la presidenta tuvo reuniones con ellos, para decirles cuál era su contenido, pero sin darles posibilidad de cambios relevantes.
Si estos aceptaban esa propuesta de ley, era asumir su suicidio político, y en las siguientes dos o tres elecciones iban a desaparecer. Hace semanas hicieron público que no votarían esa propuesta. El miércoles vamos a ver si se sostienen.
La presidenta no asume como fracaso el rechazo al contenido y al desaseado proceso de la construcción de la propuesta de reforma electoral, y afirma que la negativa de sus aliados es expresión de la pluralidad que existe en la coalición gobernante.
Ante el rechazo de la reforma constitucional, para sacar adelante su reforma, que es la de López Obrador, la presidenta anunció su Plan B, que consiste en modificar leyes secundarias, donde para hacerlo, según ella, solo requiere la mitad más uno de los votos.
En la actual realidad del país con la aplicación del Plan B, se abre un espacio de enorme incertidumbre e inquietud. Las y los diputados de Morena, sobre todo el sector más duro, están convencidos de que ellos, con su mayoría simple, pueden sacar adelante todas las reformas.
No importa si se viola la Constitución en el entendido, de que si la oposición presenta una acción de inconstitucionalidad por las violaciones ante la SCJN, quienes la integran, todos puestos por Morena, darían por bueno su atraco.
Las reformas electorales que quiere Sheinbaum Pardo, para cumplir con López Obrador, en opinión de los constitucionalistas exige necesariamente cambios a la Constitución, pero en opinión de los morenistas, eso no es necesario.
Asumen que lo único que se requiere, para que su reforma electoral avance, es modificar artículos de la Ley General de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que tienen la mayoría simple para hacerlo.
Lo que pretenden no es algo nuevo, en 2023 intentaron ese camino y la SCJN de entonces, que sí era independiente, declaró inconstitucional la reforma electoral que promovió el presidente López Obrador, luego de que no pudiera aprobar la reforma constitucional y tomara el camino de la reforma secundaria o legal.