Por Horacio Cárdenas Zardoni
La nota apareció hace algunos días en la prensa local, la Fiscalía Anticorrupción reportaba que desde el año 2017 ha abierto 700 carpetas de investigación, de las cuales presumía que había concluido un 47%, quedando pendientes el restante 53%.
De 2017 a 2023 son seis años, esto quiere decir que en promedio la Fiscalía Anticorrupción recibió 110 denuncias por, llamémosle, malas conductas de los funcionarios públicos que pueden incurrir en ellas, ya que debemos tener claro desde el principio que no todos los servidores públicos, empleados de gobierno o burócratas están en las mismas condiciones de “meter la mano al cajón”, a la enorme mayoría no se les permite ni siquiera robarse un clip, un lápiz o una pluma, ni siquiera llegar cinco minutos tarde o faltar a sus obligaciones, en cambio hay otros, una casta privilegiada, que esos sí, pueden hacer, y de hecho hacen lo que se les da su regalada gana.
Bueno, estábamos con que son 120 denuncias por año, unos años más granaditos, y otros más escasos de corruptelas, pero si lo dejamos en 120, esto querría decir que se recibe una denuncia cada tres días, si pensamos en los 365 días del año, y si nos ajustamos a la semana inglesa, de lunes a viernes, más sus vacaciones de semana santa, sus “vacaciones grandes” como les llaman los niños a las de verano, y las de fin de año, puentes y demás, lo estaríamos dejando en doscientos días laborales, con lo que estaría cayendo una denuncia cada dos días, un día sí y otro no. Puesto así, no son tan pocas las denuncias.
Algunas personas piensan que el gobierno es un ente monstruoso, no de gacho o de mala onda, sino simplemente de grande. Son muchas dependencias, son muchos los burócratas, y pues esta cifra de 120 denuncias por año, entre dos y tres por semana, todas las semanas, a algunas de estas personas les parecerán muchas, y a otras por el contrario les parecerán pocas, pensando en el universo de empleados de gobierno, y la amplitud de funciones, y de que la oportunidad la pintan pelona, pues lo sorprendente sería que no fueran más, muchas más las denuncias. Todo es cuestión de perspectiva.
Lo que no es tanto del punto de vista de cada quien, es lo del volumen de resoluciones. En efecto, un 50% de resultados positivos, para cerrarlo, pues es todavía más bajo, en la iniciativa privada, sería un indicador bastante cuestionable, dependiendo de lo que se esté fabricando o lo que se esté queriendo vender. Si alguien fabrica dos piezas y una sale fallada, no dura en el empleo ni tres días, otras actividades, como la venta, son más complicadas, digamos que la expectativa sea uno de cada cinco o uno de cada diez, compre lo que se está ofreciendo ¿pero en cuestión de justicia, específicamente del cuidado de los recursos públicos?, para mayor abundamiento, aquellos que se le encargan al gobierno para que los maneje en la atención a las necesidades de la población, del dinero que esta les entrega, allí la exigencia debería ser del 100%, como queriendo decir que no debe perderse ni un solo centavo.
Y sí, la Fiscalía dice que ha resuelto un 47% de las denuncias, básicamente a través del mecanismo de acuerdos reparatorios entre la parte acusadora y el servidor público señalado como culpable de corrupción. Bueno… nadie quiere tener a un burócrata en la cárcel, no nos sirve de nada, y ya escuchamos el chistorete de que afuera tampoco, pero en este caso, encerrar a un servidor público significa que vamos a tener que mantenerlo, nosotros los ciudadanos, por el tiempo que dure el proceso y la condena, nada barato, y como dicen los abogados, siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito.
Habría que examinar cada caso, ar si la reparación del daño satisface lo que se había perdido al 100%, si hubo la imposición de una multa, digo para que el angelito no tenga ganas de volver a hacerlo, de una petición y pago de costas, vuelvo a decir digo, para financiar el funcionamiento de la fiscalía anticorrupción y todo el aparato de control, que no es nada barato, porque lo que vamos percibiendo aquí es que en la relación costo beneficio de la dependencia esta, es más el costo y prácticamente inexistente el beneficio, que sería en este caso lo que se recuperara más lo que se le cargada al mal servidor público por sus acciones.
Pero de toda la nota que venimos comentando, el detalle más risible, y a la vez el que más enoja, el que acá entre nos, no nos atreveríamos siquiera a mencionar, es el de que de las setecientas carpetas de investigación, solo se ha logrado una sentencia condenatoria…
Ni el uno por ciento, que sería una de cien, es una de 700, un 0.01%, que sin conocer el expediente a fondo, será de un fulano que no quiso aceptar las propuestas que le hicieron los fiscales anticorrupción, en lo que al parecer es la primera opción que siempre se le plantea al corrupto, eh, vamos a arreglarnos ¿no? ¿cómo ves?, devuelve lo que te chispaste, y aquí no pasó nada.
Bueno, la judicializaron y la ganaron, quién sabe cuántas otras hayan judicializado y perdieron o estén durmiendo el sueño de los corruptos, que es más tranquilo y pesado que el de los justos, según me cuentan.
El caso es que la efectividad de la Fiscalía Anticorrupción está para llorar. Entre lo que cuesta y lo que recupera, sale perdiendo, no la tal fiscalía, sino el gobierno, y los ciudadanos que salimos trasquilados y encima tenemos que pagar un área administrativa que es el hazmerreír de los funcionarios que deciden irse por la libre, al no conformarse con su sueldo, y meten la mano al cajón, pero hasta el mero fondo.
Vistos los resultados, al nuevo gobernador le quedan tres opciones: la primera es dejar las cosas como están, que la Fiscalía anticorrupción siga siendo un espantapájaros y cumpliendo esa función, a un costo millonario al estado, la segunda es la de darle garras, uñas y dientes, y soltarla a hacer su trabajo sin correa y sin bozal, y que muerda hasta el hueso a quien se haga merecedor de tal tratamiento. Esto tiene sus ventajas y desventajas, pues la burocracia estaría siempre temerosa de que les pudiera caer encima la fiera, y bueno, la tercera sería de plan desaparecerla. Por lo que logra y lo que cuesta, sale más barato reventarla y ahorrarnos a los pagaimpuestos ese dinero. Que sí, el “sistema anticorrupción” quedaría chimuelo, pero para el daño que hace, y lo poco que espanta a los dispuestos a corromperse, perfectamente puede desaparecer y dudo que los actos fuera de la ley aumentaran demasiado, además de que hay otras instancias de control para proceder en contra del mal burócrata.
Este es el momento de darle cerrojazo a lo que todos saben que no sirve, como no sea para taparle el ojo al macho, y para que los pretendidos perseguidos se mueran de la risa. Ya si lo aprovechan o no, en la salud colectiva lo hallaremos.
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