Ciudad de México, 23/06/25 (Más). – Al menos 13 personas que resultaron electas como jueces y magistrados en la reciente elección judicial enfrentan acusaciones graves que van desde abuso sexual, trata de personas y vínculos con el crimen organizado hasta antecedentes por tortura, acoso y corrupción.
La validación de estos nombramientos se encuentra aún en revisión por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considerados los últimos filtros antes de su ratificación.
Entre los casos más controvertidos figura el de Hernán Vega Burgos, electo magistrado local en Yucatán. Según testimonios publicados por medios, cuando fungió como delegado del Instituto Nacional de Migración en 2009, fue señalado por dos mujeres extranjeras de encabezar una red de trata y explotación sexual. El abogado ha negado las acusaciones, pero aún no ha recibido constancia oficial de su elección.
En Chihuahua, Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue electa jueza penal en el distrito judicial Bravos. Su triunfo ya fue reconocido por el Instituto Estatal Electoral, aunque queda pendiente la resolución del Tribunal Electoral. Delgado ha sido cuestionada por organizaciones civiles debido a su cercanía con figuras del narcotráfico.
Otro caso que ha generado polémica es el de Héctor Ulises Orduña, electo juez de distrito en Veracruz, quien permanece en prisión preventiva acusado de abuso sexual de menores y pornografía infantil. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que su situación legal impide que reciba la constancia de mayoría mientras no se emita una sentencia definitiva.
En Nuevo León, Jaime Cisneros fue electo magistrado de circuito pese a denuncias de acoso sexual presentadas por estudiantes durante su etapa como docente. Casos similares se atribuyen a Sergio Díaz, candidato en la Sala Regional de Monterrey, acusado de incumplimiento de obligaciones alimentarias, y Genaro Antonio Valerio, en Sonora, con antecedentes por acoso laboral y hostigamiento.
También se encuentran bajo revisión tres candidaturas vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales. Entre los electos están Madián Menchaca Sierra, Eluzai Aguilar y Salma Martínez Macías, quienes, de acuerdo con organizaciones, accedieron a las candidaturas por respaldo de la congregación religiosa.
En Ciudad de México, Irlanda Pacheco Torres se perfila como jueza de distrito en Iztapalapa. Durante su registro, estaba suspendida por seis meses por acusaciones de fraude procesal y uso de documentos falsos. Además, se le ha vinculado como abogada de un presunto integrante del grupo criminal Unión Tepito.
Alejandra Lozano Maya, electa jueza penal en la capital, fue denunciada dos veces por detención arbitraria, abuso sexual y tortura durante su paso por la Fiscalía del Estado de México. La organización Animal Político documentó que las acusaciones derivaron en la apertura de carpetas de investigación.
En Baja California, Norma Alicia Sandoval fue la candidata más votada para jueza penal, pese a haber sido cesada como ministerio público en 2017 por presuntamente fabricar pruebas contra cuatro personas detenidas por narcotráfico.
En Tamaulipas, Tania Contreras fue electa magistrada local y podría presidir el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De acuerdo con la organización Defensorxs, estaría relacionada con una red de corrupción vinculada al tráfico de combustibles y sobornos en la Agencia aduanera.
A estos casos se suman aproximadamente 40 personas electas que no cumplen con los requisitos académicos mínimos, como el promedio de ocho en licenciatura y nueve en especialidad, lo que pone en entredicho su elegibilidad.
El INE ha retrasado la entrega de constancias de mayoría mientras concluye la revisión de los perfiles electos. La polémica por la idoneidad de estos aspirantes ha generado fuertes críticas de consejeros electorales y organizaciones civiles, quienes exigen que se respeten los criterios legales y éticos establecidos para el ingreso al Poder Judicial.
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