Ciudad de México, 11/09/25 (Más).- La Secretaría de Marina se encuentra en el centro de un escándalo tras revelarse una red de contrabando de hidrocarburos que operó desde las aduanas del país y que, según las investigaciones, estuvo encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango y parientes del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
La organización, que funcionaba al menos desde 2024, combinaba la participación de empresarios, funcionarios civiles y elementos castrenses para ingresar combustible ilegal desde Estados Unidos y distribuir también producto robado de ductos de Pemex.
De acuerdo con un reportaje de El País, la Fiscalía General de la República ya había detenido el domingo pasado a 14 personas, entre ellas militares, funcionarios de aduanas y tres empresarios vinculados a la empresa Mefra Fletes, la cual servía como fachada para transportar el combustible. Posteriormente se giraron nuevas órdenes de aprehensión contra otros ocho implicados, incluidos accionistas de la compañía y el presunto verdadero dueño, Roberto Blanco Cantú, cuyo hermano Rigoberto ha sido señalado en Estados Unidos por nexos con la delincuencia organizada.
La investigación cobró fuerza tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025, que arribó al puerto de Tampico con 10 millones de litros de diésel ocultos bajo la apariencia de aditivos para lubricantes. El combustible fue descargado en Altamira a través de los camiones cisterna de Mefra Fletes, lo que permitió documentar la magnitud de las operaciones ilegales.
Entre los personajes más visibles del entramado aparece Miguel Ángel Solano Ruíz, apodado ‘Capitán Sol’, un marino retirado que en cinco años dilapidó 60 millones de pesos en apuestas. Según la carpeta de investigación, fue él quien introdujo a un capitán identificado como Santo, nombrado director de la Aduana de Altamira en 2022, al sistema de sobornos y maniobras que permitieron descargar barcos con hidrocarburos bajo documentación adulterada. El testigo relató cómo recibió maletas de efectivo, una de ellas con 1.75 millones de pesos, y que las operaciones se repitieron en al menos 14 buques entre 2024 y 2025.
Las denuncias internas no fueron suficientes para frenar la red. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Aguilar, quien en una carta alertó al propio Ojeda Durán sobre las actividades de sus sobrinos, fue asesinado en noviembre de 2024. Poco después también murió una empleada de la Fiscalía y, en días recientes, se registró el suicidio de un marino acusado de recibir sobornos.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que Ojeda Durán pidió a la Fiscalía investigar la corrupción en aduanas durante su gestión, el caso solo avanzó tras la incautación del Challenge Procyon.
El testigo protegido, que en un principio intentó escapar con más de 11 millones de pesos, terminó rindiéndose ante las presiones y declaró contra los Farías Laguna, abriendo la puerta a una de las investigaciones más delicadas contra la Marina en los últimos años.
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