Por Marco Campos Mena
Hubo un tiempo en que la izquierda latinoamericana prometía una salida: justicia social, redistribución y un mapa distinto para las mayorías. Fidel Castro tomó La Habana después de una revolución que supo mezclar utopía y disciplina; Hugo Chávez llegó al poder sobre un discurso de inclusión y renta petrolera en Venezuela; en México y otros países surgieron figuras y corrientes que decían encarnar esa idea de corregir inequidades históricas.
Esos ascensos no fueron azarosos: respondieron a exclusiones profundas, al cansancio con élites extractivas y a la esperanza legítima de que el Estado podía ser instrumento de redención. Durante décadas, la izquierda latinoamericana consiguió, con diversos grados de pragmatismo y dogma, instalarse en los gobiernos como alternativa al statu quo, y con ello transformó expectativas ciudadanas y estructuras políticas.
Pero la historia reciente muestra que el ‘tell-tale’ de la buena intención no basta. Las prácticas de poder que se cruzaron con el culto al liderazgo personal o con la gestión improvisada y la captura clientelar produjeron daños tangibles. Venezuela, ejemplo extremo y doloroso, pasó de depender de la bonanza petrolera a vivir una caída de ingresos, una inflación desbocada y una salida masiva de población: según informes internacionales, la contracción económica y la hiperinflación erosionaron el nivel de vida y empujaron a millones a emigrar. La factura es humana y económica; no son abstracciones sino países que vieron reducida su capacidad productiva y social.
Cuba, que aún hoy arrastra efectos de un modelo estancado agravado por sanciones y una recuperación turística que no alcanza los niveles prepandemia, evidencia cómo la rigidez institucional y la ausencia de apertura económica sostenida pueden traducirse en escasez y desánimo crecientes. Nicaragua muestra la otra cara: la concentración del poder y la represión convertida en norma terminan por expulsar capital humano y socavar cualquier legitimidad. En cada caso, el diagnóstico se repite: el fracaso económico y la erosión de libertades democráticas van de la mano y generan costos que tardan décadas en revertirse.
Esos ejemplos sirven de espejo para leer la evolución mexicana. La llegada de Andrés Manuel López Obrador abrió un capítulo nuevo: la promesa de romper inercias se cruzó con decisiones que han tensado la cohesión social y la confianza institucional. Los números que hoy condicionan la discusión son claros: México cierra etapas con una deuda pública que ronda casi la mitad del PIB, una cifra que obliga a pensar en prioridades de gasto y en la salud fiscal del país. Al mismo tiempo, la violencia cotidiana no cedió: en 2024 se registraron más de 33 mil homicidios, con tasas que siguen siendo inaceptables y con costos sociales enormes para comunidades enteras. Estas cifras no son retórica política; son el material con que se construye la vida de millones.
A ello hay que sumar un problema que erosiona el tejido social desde lo más íntimo: el desabasto de medicamentos y la disfunción de servicios de salud. Pacientes oncológicos sin quimioterapias, cirugías suspendidas por falta de insumos y protestas ciudadanas que exigen remedios muestran que el Estado, además de preservar la ley y la seguridad, debe garantizar la vida cotidiana mínima de sus habitantes. Cuando la política sustituye la planificación por ocurrencias (obras sin estudios, proyectos inaugurados por la teatralidad en lugar de la viabilidad técnica, programas de corte populista sin flujos presupuestales sostenibles) el resultado es el desperdicio de recursos y la pérdida de confianza de empresarios, proveedores y ciudadanos.
La fragmentación política dentro del propio movimiento que gobierna (las disputas internas, los grupos que ejercen su poder como facciones autónomas) explica por qué la continuidad que pregonan algunos líderes se parece cada vez menos a gobernabilidad y más a un tablero de intereses. Esos desencuentros no son nimiedades: cuando un partido desgasta sus bases con promesas incumplidas erosiona su capital político y abre la puerta a la alternativa opositora. Esa erosión, lejana de ser anecdótica, puede traducirse en derrota electoral si la oposición logra capitalizar la desconfianza y ofrecer credibilidad.
A la escala regional, la izquierda está pagando costos electorales y políticos palpables. Gobiernos que parecían sólidos se han visto cuestionados, algunos han perdido elecciones; otros han sufrido procesos judiciales, exilios o saltos de legitimidad.
La respuesta social ha sido variada: en Argentina, la llegada de Javier Milei trajo una agenda de choque económico y una apertura al mercado que busca corregir desequilibrios de décadas; sus medidas han reordenado expectativas y reabierto debates sobre austeridad versus protección social.
En El Salvador, la figura de Nayib Bukele consolidó poder al tiempo que redujo drásticamente homicidios mediante medidas que muchos aplauden por eficacia y que otros condenan por erosión institucional. En el tablero regional se percibe una recomposición: la izquierda pierde terreno donde no supo convertir expectativas en instituciones sólidas; la derecha o el centro avanza donde logran prometer y en algunos casos entregar estabilidad económica y seguridad.
No conviene a nadie la mirada simplista que equipara ideología con bondad o corrupción. La izquierda no es, por definición, la culpable; el problema es cuando líderes populistas se apropian del discurso humanista para construir clientelas y asegurar impunidad.
La alternativa que propone una izquierda que funcione exige humanismo real: líderes que prioricen la transparencia, que construyan instituciones sólidas, que prioricen la educación y la salud reales sobre el marketing político. Ahí están los ejemplos de quienes gobernaron con modestia y coherencia, y cuyo legado fue más humano que teatral.
La elección de 2027 en México será una encrucijada, un horizonte en el que la división interna, la pérdida de confianza y la fatiga ciudadana pueden inclinar la balanza hacia la oposición. Pero cambiar de signo político no garantiza automáticamente mejores políticas: lo que hace falta es una oferta seria, capaz de amalgamar reformas económicas responsables con redes de protección social efectivas y con un compromiso real con el Estado de derecho.
El fin de la noche siniestra está cerca pero, ¿podemos esperar que lo que viene será mejor? La respuesta vendrá del diseño de políticas públicas centradas en las personas, de liderazgos que practiquen humildad y de electorados que exijan resultados verificables. La izquierda no es mala por definición; necesita, para que sus promesas no sean tragedias, auténticos humanistas que pongan la razón y la ética por delante del espectáculo.