Astillero
Julio Hernández López
Luego del muy cantado revés aritmético en San Lázaro con la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Sheinbaum ha anunciado la presentación de otra propuesta de modificaciones constitucionales que requiere mayoría calificada para su aprobación.
Llama la atención que el llamado plan B no constituye una continuidad específica de la propuesta de reforma electoral, salvo en el objetivo genérico de reducir privilegios en la clase política. Tampoco se intenta conseguir un resultado disminuido, acotado, en leyes secundarias, sino que se insiste en la vía de la reforma constitucional, que sólo se logrará si se consigue el apoyo del PT y el Verde.
El objetivo del plan B es ambicioso y plausible: reformar y corregir la aplastante realidad en estados y municipios de la corrupción, el despilfarro y la impunidad. Los congresos locales y los ayuntamientos han sido convertidos, en evolución imparable, en botines a repartir por políticos y partidos que de manera sistemática gobiernan contra los intereses populares.
Es posible que un golpe de tal magnitud no sea aceptable por PT ni Verde, pues afecta una amplitud de intereses y negocios de todos los partidos, comenzando por Morena. Ojalá esta segunda iniciativa no haya sido concebida para fracasar y así fortalecer banderas guindas para próximas elecciones.
En La Laguna (región formada por Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y otras poblaciones pertenecientes a Coahuila y Durango) se ha desarrollado una desigual batalla ciudadana contra la explotación abusiva de mantos acuíferos por parte de grandes empresas, sobre todo Lala, líder nacional en productos lácteos, cuyo presidente del consejo de administración y principal accionista es Eduardo Tricio Haro, inversionista también en Aeroméxico y Televisa.
Lala, que cumplirá el mes próximo 76 años de fundada, ha sido constantemente acusada de sobrexplotación de los mantos acuíferos de la Comarca Lagunera, con afectaciones a la salud pública por contaminación con arsénico. Los flancos dañinos de la operación de la empresa son propiciados por la legislación federal permisiva en materia de uso de agua, la ineficacia de Conagua, la concentración de las concesiones para explotación del líquido en esa zona (hasta 70 por ciento, se ha señalado) y el apoyo de gobernantes de todos los signos políticos (con López Obrador como presidente se anunciaron 14 mil millones de pesos en el programa Agua Saludable para La Laguna, sumamente aplaudido por Tricio Haro, al ayudarle a paliar, sin costo para él, el problema creado durante décadas).
En 2019, ciudadanos en lo individual y organizaciones civiles solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los amparara contra el grave deterioro de los mantos acuíferos de La Laguna. En marzo de 2023, la Corte resolvió el amparo en revisión 543/2022 a favor de los quejosos, señalando que “autoridades federales –entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– incurrieron en omisiones en la protección del acuífero lagunero, lo que contribuyó a su sobrexplotación” (https://goo.su/igC0nH).
Veintinueve concesionarios de aguas nacionales pidieron a la justicia federal que se revisara la sentencia de la primera sala de la Corte, buscando revocarla y reponer el procedimiento, pero el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del octavo circuito ha declarado improcedentes tales pretensiones y, por tanto, que subsiste la decisión original de la Corte. Ya se verán los alcances prácticos de esta resolución: si los depredadores históricos de La Laguna (Lala, en primerísimo lugar) deberán resarcir económicamente a los pobladores largamente dañados o se pretende que con el programa de Agua Saludable, es decir, con dinero público, se da por subsanada la responsabilidad privada, y si Conagua y las secretarías federales omisas deben tener alguna sanción. ¡Hasta el próximo lunes!
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