Por Francisco Ortiz Pinchetti
No es por ser aguafiestas, pero México vive una paradoja económica dolorosa y profundamente injusta: la de la pobreza laboral. El problema ya no es la falta de empleo, sino la inutilidad de tenerlo. Millones de mexicanos cumplen jornadas completas, pero su ingreso no les permite garantizar el bienestar familiar ni adquirir la canasta básica.
Esta realidad se agudiza justo después del anuncio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de un incremento histórico para el próximo año. La medida, aunque ciertamente significativa en términos nominales, debe confrontarse con la estadística que desvela su fragilidad.
La principal referencia de este drama social, dicho sin eufemismos, proviene de los datos oficiales de pobreza laboral, cuya medición fue transferida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras la extinción del Coneval. La cifra se basa en la definición de pobreza laboral como la situación en que el ingreso laboral per cápita de un hogar es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria mínima.
La fotografía es desoladora. Los datos confirman que, en el primer trimestre de 2025, el 33.9 por ciento de la población se encontraba en esta situación, lo que equivale a 44.2 millones de personas. Esto significa que aproximadamente una tercera parte de los mexicanos que trabajan no ganan lo suficiente para salir de la pobreza, aun con los incrementos acumulados en los últimos años. Este umbral es una línea de dignidad que la economía mexicana no ha logrado cruzar de manera estructural. Y eso debiera preocuparnos.
El aumento al salario mínimo general que tanto cacarean los integrantes de la autollamada Cuatroté, se contrapone sin embargo con la cruda realidad de la inflación que ha devorado la capacidad adquisitiva. Si bien el salario mínimo ha recuperado poder de compra perdido por décadas, es cierto, este esfuerzo macroeconómico es devorado por dos enemigos: la inflación general y, más peligrosamente, la inflación particular en alimentos.
Y es que la inflación en el rubro alimentario ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la inflación general y que los propios aumentos salariales en periodos clave. Según el INEGI y el Banco de México, la inflación subyacente de alimentos ha demostrado ser la más persistente. Productos esenciales como el huevo, la tortilla, el jitomate y el pan han experimentado alzas que erosionan la capacidad de compra.
Ojo: un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es que el dinero que lleva a casa le permite comprar menos kilos de comida que el año anterior. Así de simple… y de grave. La acumulación de la inflación en alimentos desde 2021 ha generado un desfase real en el poder de compra efectivo de los hogares más vulnerables, donde la mayor parte del presupuesto se destina estrictamente a la alimentación.
Esta situación desmantela el esfuerzo salarial y condena a millones a tomar decisiones imposibles. La pobreza laboral no es abstracta, se traduce en desnutrición, bajo rendimiento escolar y un estrés crónico que desgarra el tejido social. La insuficiencia salarial en el sector formal empuja a millones de personas a la informalidad, un factor que amplifica la precariedad y consolida el “espejismo” salarial.
Aquí es donde el anunciado incremento al salario mínimo pierde su peso como herramienta de justicia social. La informalidad, cuya tasa se ubicó en el 55.4 por ciento de la población ocupada durante el tercer trimestre de 2025 (según el Inegi), implica que más de la mitad de los trabajadores mexicanos no son beneficiarios directos de esta política. Simplemente, no reciben salario mínimo ni cuentan con prestaciones laborales. El aumento nominal, por histórico que sea, no cruza la barrera de este vasto sector laboral que trabaja bajo sus propias reglas de subsistencia.
Para compensar la devaluación del salario, los trabajadores formales se ven obligados a tomar segundos o terceros empleos, a menudo en la informalidad, reduciendo drásticamente el tiempo dedicado a la familia y al descanso. Las estadísticas de ocupación por horas indican que una fracción considerable de la población ocupada trabaja más de 48 horas a la semana, una evidencia directa de la insuficiencia salarial que obliga a sacrificar el bienestar por la supervivencia económica.
Esta desconexión del salario mínimo con la mayoría trabajadora trae graves consecuencias. La informalidad implica la carencia de acceso a la seguridad social. Los datos sobre la población con esta carencia siguen siendo elevados (alrededor del 48 por ciento en 2022, según la medición multidimensional de pobreza). Un trabajador con ingreso mínimo, formal o informal, difícilmente puede costear servicios privados o generar ahorro para el retiro, condenándolo a una vejez desprotegida.
Así, el trabajo se convierte en un ancla, no en un motor de ascenso. El tiempo dedicado a la supervivencia y a los empleos informales de bajo valor agregado no permite invertir en educación o capacitación, cerrando la puerta a futuras oportunidades para el trabajador y sus hijos.
El drama de la pobreza laboral exige una respuesta que trascienda la mera fijación del salario mínimo, cuyo incremento además tiene un límite que estamos por alcanzar. La referencia política aquí es obligada: las políticas económicas deben pasar de la retórica del «rescate salarial» a la acción integral.
Pienso que es indispensable atacar de raíz la espiral inflacionaria en el sector alimentario mediante políticas agrícolas y de abasto que fortalezcan la producción interna y busquen mecanismos efectivos para subsidiar o estabilizar los precios de la canasta básica. De igual forma, es vital generar políticas que incentiven la formalización del empleo y mejoren la productividad de los salarios más bajos para que su incremento no sea sólo nominal.
La pobreza laboral es la crisis de dignidad más grande de nuestro tiempo. Es la humillación de ver a un padre o una madre trabajar honestamente para que, al final del mes, el dinero no alcance para lo esencial. Mientras el gobierno celebra los números macroeconómicos y el porcentaje del aumento al salario mínimo, millones de mexicanos, con su uniforme de trabajo puesto, son la evidencia de que el sueño del bienestar se ha convertido en una amarga ilusión que trabaja horas extra para pagar una existencia precaria.
El reto y la obligación de esta administración no es solo generar empleo, sino asegurar que ese empleo sea, verdaderamente, un camino hacia la prosperidad. El gobierno que presuma como objetivo la justicia social debe mirar a los ojos a ese casi 34 por ciento de mexicanos trabajadores. Porque el día en que la propaganda valga más que el plato de comida en la mesa, habremos perdido la batalla más fundamental por la dignidad. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
EVOCACIONES. Lo hacían presidentes del PRI, como López Mateos, Díaz Ordaz, López Portillo o Salinas de Gortari, usando el corporativismo sindical y el acarreo masivo. También, en sus tiempos, el expriista López Obrador. Claudia recurre ahora también a una concentración multitudinaria de apoyo, luego de la marcha contra la inseguridad del pasado 25 de diciembre. Vaya transformación.