Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
En medio de tantas controversias y en un contexto donde existen intereses divergentes en el movimiento oficialista, la presidenta Claudia Sheinbaum debe haber disfrutado de la ceremonia de ayer en Puebla, durante la celebración del 113 Aniversario del Ejército Mexicano.
Siempre se dice que la primera vez que un mandatario siente que tiene el poder real es cuando se presenta ante los estamentos militares, cuando comprueba que ese poder se trasmina en un cuerpo armado decidido a defender a su país y a sus instituciones, y que ese mandatario es no sólo es el titular, la titular en nuestro caso, del Ejecutivo, sino también la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Sé que es un lugar común decir que el Ejército mexicano es diferente por su origen y formación al de otros países de la región. Pero no deja de ser una verdad y una realidad. Ayer el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo en Puebla que “nuestro Ejército es singular porque nació del pueblo, sus raíces le dan identidad y sentido de pertenencia, cada acción que emprendemos tiene como fin el bienestar de la sociedad y esto se refleja en la confianza que nos otorga el pueblo mismo”.
No es un tema menor, eso ha permitido que, desde su nacimiento, el Ejército, con sus grises, sus luces y sombras, siempre haya respetado la Constitución y las instituciones. No deja de ser una paradoja que, mientras la Presidenta destaca la lealtad, el origen militar y le otorga mayores responsabilidades, su ala radical insista en la posibilidad de que pueda ser derrocada por un golpe militar.
Eso va de la mano con el tema de la supuesta militarización del país. Es verdad que las Fuerzas Armadas en general y el Ejército en particular están realizando labores que algunos consideran que están fuera de sus ámbitos de responsabilidad (aunque muchas de estas tareas las viene desarrollando el Ejército desde hace años, aunque sin la intensidad y la visibilidad de hoy), pero eso no implica que se esté dando una militarización del país.
Cuando hablamos de la militarización de un país, de una sociedad, no estamos hablando de obras públicas, sino de que las Fuerzas Armadas pasen a ocupar un lugar preeminente en la ejecución y elaboración de las políticas públicas, con posiciones políticas concretas que las respaldan, y que se han obtenido, en la mayoría de los casos, fuera de los procedimientos democráticos.
La pregunta es sencilla: ¿cuántos gobernadores tiene el Ejército?, ¿cuántos diputados y senadores?, ¿cuántos miembros del Ejército o las Fuerzas Armadas, salvo los del ramo, son secretarios o subsecretarios de Estado?, ¿en qué partido hay una fuerte presencia militar?, ¿dónde están los planteamientos de las Fuerzas Armadas o el Ejército demandando cambios en el país, respaldando a una u otra corriente política o descalificando de un plumazo a todos los partidos políticos?
Ésas son las preguntas que se deben responder cuando se habla de militarización de una país. Cualquiera que conozca la historia de Centro y Sudamérica lo sabe. Y eso no lo hemos vivido en México, sobre todo desde que Manuel Ávila Camacho, el último militar en ejercer el Poder Ejecutivo, dejó la Presidencia de la República en 1946. Desde entonces, las Fuerzas Armadas se han mantenido alejadas del poder político y no han intervenido en él. Han asumido, es verdad, responsabilidades, algunas incluso controvertidas, pero siempre ha sido bajo las órdenes del poder constitucional vigente.
No deja de llamar la atención la incomprensión de las fuerzas políticas respecto a las labores que realizan las Fuerzas Armadas, tanto como la falta de voluntad política de ciertos actores para participar de lleno en las tareas de seguridad, sin comprender el esfuerzo político e institucional, el riesgo que significa el despliegue de más de 200 mil mujeres y hombres en todo el país, si sumamos, como debe ser, las fuerzas de la Guardia Nacional a las demás instancias militares.
No deja de ser muy significativo que, a pesar del desgaste natural que implica mantener los esfuerzos de seguridad durante más de 20 años, la gente siga apoyando la presencia de los militares, sobre todo en las zonas de mayor riesgo. Dos, tres décadas, en las cuales ni los gobiernos federales fortalecieron las estructuras de seguridad civiles y los estados, salvo alguna rara excepción, no construyeron fuerzas de seguridad locales propias que permitieran que las fuerzas militares pudieran irse replegando. Es más fácil pedir apoyo militar que generar una estructura de seguridad local competente.
El Ejército mexicano es, en los hechos, la única institución a nivel federal que ha logrado mantener una continuidad interna, ordenada, institucional, que cohesiona y no divide, y que trabaja en torno a objetivos de corto, mediano y largo plazos, que no se agota en sexenios. Nuestros militares deben tener apoyo político para avanzar en su consolidación, un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real a nivel federal y estatal, y entre los tres Poderes de la Unión en muchas tareas, pero, sobre todo, en la seguridad.
Las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución y la legalidad, y mientras exista un gobierno, éste o cualquier otro, que se enmarque en esa disciplina, lo respetarán y le darán su lealtad. Así debe ser por el bien de todos.