El efecto Manzo

Por Marco Campos Mena

Una nueva crisis se está saliendo de control en nuestro país, y de no atenderse como es debido, puede escalar hasta quebrar la narrativa oficial sobre seguridad. Ese quiebre lo simboliza el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Un nombre que marca el antes y el después de un gobierno que parecía contar con la narrativa controlada.

Manzo no era un alcalde más, fue electo como independiente, representaba el hartazgo ciudadano frente al crimen organizado, a la omisión de los poderes públicos y a la sensación creciente de que el Estado no responde.

En la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en el Festival de Velas en Uruapan, fue cobardemente atacado y posteriormente confirmado su fallecimiento.

El agresor fue identificado como un joven de apenas 17 años vinculado a la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) según datos oficiales, y lo que agrava la situación: es que apenas días antes del homicidio, Manzo había denunciado públicamente que se le había retirado la protección federal.

Este conjunto de elementos no es un mero incidente aislado, es la concatenación de fallas de Estado, de promesas rotas, de compromisos incumplidos.

La narrativa oficial del gobierno federal bajo Claudia Sheinbaum de que la estrategia de seguridad “avanza” y “gana terreno”, aparece ahora visiblemente resquebrajada.

Cuando un alcalde alza la voz, advierte que está desprotegido… y pocos días después muere públicamente ejecutado, no estamos ante un aviso, sino ante una alerta de colapso.

Pero vayamos por partes.

Primero, la cifra: en los últimos nueve años, se han registrado al menos 106 alcaldes asesinados en México.

Segundo, en Michoacán, en los últimos cuatro años, al menos siete alcaldes han sido asesinados y uno desaparecido.

Esto nos lo dice claro: no es un problema sólo de Uruapan, ni de Manzo como individuo; es el síntoma de una estructura sistemática de violencia política, criminalización del poder municipal y desprotección estatal.

En ese contexto, el “efecto Manzo” es la demostración palpable de que el poder municipal puede ya no ser siquiera un reducto de autonomía, sino un blanco directo sin suficientes garantías de protección. Cuando el Estado retira sus efectivos, cuando la narrativa oficial dice “vamos bien” y al mismo tiempo se permite que un alcalde caiga ante la vista de todos, esa narrativa se desmorona.

Quienes gobiernan al más alto nivel deben preguntarse: ¿Cómo justificar que un funcionario electo, que solicitó apoyo, que alertó a la Federación, haya quedado tan expuesto? ¿Por qué se retiraron los elementos de seguridad? ¿Por qué fue asesinado en tan poco tiempo? Ese detalle aún no ha sido precisado al cien por ciento en fuentes confiables. El propio Manzo señaló que más de 200 elementos federales habían salido de su municipio poco antes del crimen. La pregunta sigue siendo: ¿Por qué?

Y aún más: la indignación ciudadana estalló en Michoacán. Suspensión de clases, marchas masivas, asaltos a edificios públicos… Esa reacción no es únicamente por un homicidio individual, es el colofón de años de ver la corrupción crecer, ver que algunos criminales parecen protegidos, ver que el auxilio se diluye, ver que la promesa de “seguridad” parece cada vez más retórica que acción concreta.

La crítica que hoy debe formularse no es sólo de asesinato, sino de estrategia:

¿Por qué mantener una narrativa triunfalista cuando los hechos indican lo contrario?

¿Por qué no transparentar la operación de seguridad municipal/federal en un contexto donde el riesgo era público y señalado?

¿Por qué no aceptar que las fórmulas de militarización o de refuerzo temporal de efectivos no bastan si no hay institucionalidad permanente, prevención comunitaria y rendición de cuentas real?

El gobierno federal, y por extensión el estatal en Michoacán, tiene ante sí dos caminos: apostar por la épica discursiva o por la institucional real. Apostar por decir “vamos ganando” o por mostrar cómo, paso a paso, se reconstruye la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar. El asesinato de Carlos Manzo es demasiado visible para ignorarlo. Es demasiado simbólico para permitir que pase como otro caso más.

Cuando un alcalde cae, cae también la promesa de seguridad del régimen, se derrumba la confianza ciudadana, y la narrativa oficial pierde su ancla, y en este país, cuando el ancla se rompe, el barco empieza a flotar sin dirección.

Los mexicanos estamos hartos, y ese hartazgo ya no cabe en discursos. No basta con llorar la muerte de un alcalde si no se cambia la política de fondo, no basta con condenas si no se cambian estrategias. Si el gobierno de la pretende reconstruir algo de credibilidad, debe reconocer las fallas, ajustar la estrategia, dejar de culpar al pasado remoto y asumir que hoy tiene el poder y con él la responsabilidad. Porque cuando el símbolo cae, lo que se tambalea es la propia estructura estatal.

Suscribo las palabras de la diputada del congreso de España Cayetana Álvarez de Toledo: “La presidenta Claudia Sheinbaum exige disculpas a España por las partidas de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que parten hoy”.

Descanse en paz, Carlos Manzo.