Ciudad de México, 24/10/24 (Más / IA).- La larga pugna entre Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, y sus acreedores en Estados Unidos ha escalado considerablemente en los últimos meses.
Los fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, que desde agosto de 2023 iniciaron un arbitraje internacional contra el Estado mexicano, exigen el pago de intereses sobre bonos emitidos por TV Azteca, una de las principales empresas del magnate. Los demandantes acusan al Poder Judicial de proteger a Salinas Pliego para evitar que salde sus deudas, y reclaman una indemnización de 219 millones de dólares al Estado mexicano.
Grupo Salinas respondió a estas acusaciones calificando a los fondos como “fondos buitre” que buscan victimizarse y ejercer presión sobre el gobierno. “Desde el inicio de este proceso, en febrero de 2021, TV Azteca ha estado y continúa abierta al diálogo con los tenedores de bonos para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”, sostuvo el conglomerado en un comunicado.
La disputa financiera se remonta a 2017, cuando TV Azteca emitió 400 millones de dólares en bonos con una tasa de interés anual del 8.25 por ciento. Sin embargo, en febrero de 2021, la empresa suspendió los pagos de intereses, argumentando problemas de solvencia. A partir de ese momento, los acreedores iniciaron diversas acciones para forzar a la compañía a cumplir con sus compromisos financieros, lo que culminó en la solicitud de quiebra involuntaria en marzo de 2023 y, posteriormente, en el arbitraje internacional bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Los demandantes acusan a México de ser responsable por el presunto uso indebido de su sistema judicial para beneficiar a TV Azteca y a Salinas Pliego. Alegan que México está enviando un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros al permitir que los tribunales protejan a un millonario en detrimento de sus obligaciones financieras. En este sentido, solicitaron al tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, que desestime las objeciones de México y ordene el pago de los costos asociados al arbitraje.
El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha defendido su postura argumentando que los fondos demandantes no califican como inversionistas bajo el TMEC, ya que no aportaron capital propio para adquirir las notas de deuda y están registrados en las Islas Caimán. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó brevemente el tema, señalando que es un asunto del Poder Judicial y que espera mayor información de la Secretaría de Economía.
Problemas en Elektra y disputas con el SAT
Además del conflicto internacional, Salinas Pliego enfrenta dificultades en otra de sus empresas clave, Grupo Elektra.
El miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió nuevamente la cotización de las acciones de Elektra debido a fluctuaciones extraordinarias en su precio, apenas un día después de haber sido habilitada. La BMV explicó que la medida busca evitar condiciones desordenadas o prácticas irregulares en el mercado. Elektra ya había enfrentado una suspensión en julio tras reportar un posible fraude relacionado con sus depositarios de acciones.
A los problemas en la bolsa se suma la degradación crediticia de Elektra por parte de la agencia calificadora S&P, que rebajó su calificación a BB con perspectiva negativa. S&P advierte que los riesgos de la empresa han aumentado debido a los litigios que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntos adeudos fiscales que superan los 35,000 millones de pesos.
Salinas Pliego ha estado en una batalla legal con el SAT desde el sexenio anterior, alegando que ya ha cumplido con sus obligaciones fiscales y acusando al gobierno de una persecución fiscal. El caso se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia, donde se espera una resolución final.
Con estos frentes legales abiertos, el magnate enfrenta un escenario complejo tanto a nivel nacional como internacional, lo que pone en el centro de atención su relación con las autoridades judiciales y fiscales del país.