El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa de México en la actualidad, ha ampliado su imperio más allá del narcotráfico: ahora controla el contrabando de mercurio, un metal clave para la minería ilegal de oro en países sudamericanos como Bolivia, Perú y Colombia. De acuerdo con estimaciones de autoridades estadounidenses, esta operación le ha generado al cártel alrededor de 8 mil millones de dólares desde 2019.
La información fue publicada por el portal en México del diario El País, que documenta cómo el CJNG extrae el mercurio de canteras ubicadas en el estado de Querétaro, lo oculta en bolsas de grava utilizadas para la construcción y lo envía de forma clandestina hacia el sur del continente. La maniobra ha encendido las alarmas de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos, que investiga las rutas y la red de complicidades que permiten el paso de este metal altamente tóxico y regulado.
El mercurio es esencial para limpiar de impurezas el oro durante el proceso de extracción, especialmente en operaciones artesanales o ilegales. Su uso está prohibido o severamente limitado en varios países debido a los graves daños que ocasiona en la salud humana y el medio ambiente. Aun así, la demanda persiste, y el CJNG ha sabido aprovecharla como parte de su expansión estratégica hacia negocios paralelos al narcotráfico.
La operación no sería posible sin complicidad institucional. En los últimos días, se ha puesto bajo la lupa al director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas, Alex Tonatiuh Márquez, por su ostentoso estilo de vida, incompatible con su salario. Al mismo tiempo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que al menos 40 agencias aduanales están siendo investigadas por irregularidades en la revisión y declaración de mercancías, tanto por volumen como por valor.
El caso también refleja la sofisticación empresarial del crimen organizado en México, que actúa como una verdadera multinacional: diversifica sus ingresos, aprovecha vacíos regulatorios y recluta personal con eficiencia. Lo mismo trafican metales que personas, organizan traslados turísticos en zonas de alto riesgo o reparten vacunas durante una pandemia. Allí donde el Estado no llega, el narco llena el espacio —aunque con violencia y corrupción.
No sorprende, entonces, que en 2023 una investigación publicada en la revista Science estimara que 175,000 personas trabajan, voluntaria o involuntariamente, para el narcotráfico en México, ubicando al crimen organizado como el quinto empleador más grande del país, solo detrás de empresas como Coca-Cola y otras tres multinacionales. A casi dos años de esa publicación, la cifra no parece haber disminuido, pero sí se ha hecho más evidente la capacidad del narco para reinventarse y adaptarse al mercado global.
La expansión criminal también ha llegado a los gobiernos locales. Numerosos ayuntamientos son gobernados por figuras impuestas por los cárteles, simples hombres de paja que garantizan control territorial y protección política. En paralelo, el reclutamiento de personal se ha digitalizado: hay anuncios en redes sociales para captar sicarios jóvenes o exmilitares extranjeros. Todo funciona como una maquinaria empresarial, sin necesidad de entrevistas ni filtros burocráticos.
Como advierte El País, el CJNG no solo busca controlar rutas o territorios, sino cadenas completas de producción y exportación. En este caso, la minería ilegal sudamericana depende, en buena parte, del mercurio que fluye desde México gracias a la corrupción y la impunidad. Las aduanas mexicanas, mientras tanto, “miran a los pajaritos cantar”.
En este contexto, la criminalidad ha superado a muchas instituciones del Estado en términos de eficacia operativa. Y como en toda estructura jerárquica criminal, quien no acepta relojes de oro, recibe balas de plata. Es la ley de plomo. Y entre la sangre y los metales, los minerales siguen siendo el negocio más rentable del crimen organizado en México.
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