Horacio Cárdenas Zardoni
Todo Saltillo se enteró de lo que a estas alturas ya puede denominarse el Caso de Armando Castilla. Ocurrió aparentemente la mañana del sábado de la semana anterior, y se desarrolló a lo largo de ese día y el siguiente, en la mañana del cual, se había liberado al director general del periódico Vanguardia, y miembro prominente de la sociedad y los negocios saltillense. Ahí podría darse por concluido el asunto, con el típico ‘usted disculpe’ y tomar alguna medida para que el susto no se convirtiera en trauma, al menos eso es lo que habría hecho la gran mayoría de las personas.
Sí, pero sucede que Armando Castilla es periodista, o lo que más se le parece, propietario de un medio de comunicación, y pocos en el gremio serían capaces de dejar pasar una nota que literalmente les cae entre las manos sin buscarla, y ni que decir cuando la tal nota lo afecta en lo personal, allí sí que como los mejores perros de presa, no suelta uno el tema por nada.
Decía un viejo periodista, oye allí te andan buscando para reclamarte, a lo que aquel contestaba no con el clásico ¿y ahora qué hice?, tan usual en nuestro mundillo, sino ¿y cuál de todas fue la que los incomodó ahora?, porque efectivamente, un periodista va acumulando no solamente enemigos, sino también resentidos, algunos declarados y otros que guardan su reconcomio a lo largo de los años, para sacarlo a relucir cuando hayan juntado valor, o cuando se les presenta la oportunidad de hacer algo con él. Por eso es por lo que uno se tarda en revisar el archivo mental para tratar de ubicar exactamente qué es lo que le están reclamando, y es que lo común es que uno, cuando ve la nota impresa, da el tema por cerrado, algo que no hacen los afectados, lo recortan, ahora lo imprimen o guardan el archivo, para estarle dando vueltas.
Así son las cosas, por lo general, y también por lo general no pasa a mayores, el periodista hace su trabajo, con los elementos de información de que dispone, arma su nota tratando de cubrir todos los flancos de una posible reclamación, que rara vez llega, pero cuando lo hace, hay que responder de la manera más profesional posible.
Bueno, pero el Caso Armando Castilla no es de estos, da más bien la apariencia de un intento de extorsión por todo lo alto, en una modalidad hasta ahora desconocida por el gran público, una que involucra a diversos actores del sistema de procuración y administración de justicia en el vecino estado de Nuevo León.
Usted sabe como son los abogados, dan la impresión que la primera ley que aprenden es la Ley de Murphy, concretamente aquel apartado que dice ‘si no puedes convencerlos, confúndelos’ y tal cual, se le para enfrente un fulano con algo que parece una orden de aprehensión, o de presentación, trae su nombre, se identifica como agente del ministerio público o secretario del juzgado número equis, y además se hace acompañar de la fuerza pública… no pues la cosa ha de ser en serio.
Todavía se la pongo peor, a un periodista y más al dueño de un medio, le pueden reclamar cualquier cosa que haya aparecido en el periódico, imposible tener presentes todos los nombres, todos los asuntos y las circunstancias que rodearon a cada uno de ellos. Mínimo lo ponen a pensar de qué y de quién se pueda tratar, distracción que aprovechan los delincuentes para hincar el diente, subirlo a una patrulla, incomunicarlo y llevarlo ahora sí al MP, al juzgado, y en el peor de los casos, a los que están adscritos a un penal, y allí sí, que cualquiera, o casi, se cuartea.
Así como lo han platicado, documentado y platicado, en el Caso Armando Castilla estuvo involucrado un importante contingente de personas, algunos integrantes de la policía estatal de Nuevo León, otros pertenecientes a la Guardia Nacional, los suficientes como para cubrir las tres terminales del aeropuerto Mariano Escobedo, abogados o personas que fingían serlo, que se ostentaron como funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y/o del Poder Judicial del estado. Un montaje en toda forma, que incluyó la utilización de patrullas, acceso a instalaciones oficiales restringidas, y cuanta cosa. ¿De cuánta gente estamos hablando?, a lo mejor de unos cuarenta o cincuenta, para una operación criminal, nos da la idea de que por la ‘liberación’, que no es otra cosa que extorsión, pensaban cobrar lo suficiente como para que cada uno de los participantes, unos como extras, otros como actores, pero todos arriesgando algo por participar en el ilícito, quedarían contentos ¿para cuánto le gusta, veinte mil, cincuenta mil pesos a cada uniformado, y varios cientos de miles para los del MP y más arriba? No es cualquier cosa.
Que tampoco se ve que sean muy inteligentes, por lo menos para elegir sus víctimas. A lo mejor es que son primerizos o que nunca se habían metido con un periodista o con el patrón de un periódico, capaces de perseguir una nota aun a costa del riesgo personal que sea. Eso se sabrá, si los agarran, datos tienen, el gremio periodiquero se ha encargado de arrimárselos.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se presume de ser un abogado de un éxito casi increíble, bueno así lo dice él, sí, pero un abogado que ni siquiera tiene control sobre la fiscalía de su estado, y allí ya la cosa comenzó mal para su gobierno, y a lo que se ve, ha caído a niveles de terror. Bueno, pues el Caso Armando Castilla avanzará, probablemente más en lo periodístico que en lo judicial, pero ¡que notón! Para un estado mundialista, ¿qué garantía le ofrece a visitantes y a locales?