El Callejón

10/03/26

Por Juan Ciudadano

Hay dos tipos de sed: la del que no tiene agua… y la del que quiere permisos. La primera se calma con una pipa. La segunda, con un oficio membretado y una conferencia donde alguien jura que “todo está en regla”. Y justo ahí, se posicionó la Coparmex de Alfredo López Villarreal para dictarnos su lección: con Grupo Lala no hay problema, porque —atención— es legal.

Legal, sí. Como si la legalidad fuera sinónimo de sensatez, de justicia o de supervivencia. Como si el subsuelo lagunero fuera un cajero automático que siempre entrega billetes, aunque la pantalla ya esté parpadeando “fondos insuficientes”.

Los números, cuando se traducen a vida diaria, tienen la mala costumbre de dejar en ridículo al discurso. A la embotelladora Arca le autorizaron extraer del acuífero de Saltillo medio millón de metros cúbicos al año. Con eso, se calcula, 3,600 familias podrían tener agua todo el año. Medio millón suena abstracto; 3,600 hogares con agua ya no.

Ahora hagamos el acto de magia empresarial: las concesiones ligadas directa o indirectamente a Lala —propiedad de Eduardo Tricio Haro— permiten extraer 48 millones de metros cúbicos al año, es decir, 95 veces más. Con esa cantidad, las cuentas dicen que se abastecería todo el año a 342 mil familias. Si el promedio es de cuatro integrantes por hogar, hablamos de 1 millón 368 mil personas. O sea: el agua concesionada a una sola empresa alcanza —en términos domésticos— para que la Comarca tuviera agua todo el año, considerando que Torreón, según el censo 2020, ni siquiera llega a 800 mil habitantes y que sumando el resto de poblaciones la región difícilmente rebasaría ese orden de magnitud.

Pero en la versión Coparmex, no hay drama: “son concesiones legales”. Y aquí es donde el callejón se estrecha, porque la discusión ya no es de matemáticas sino de ética pública. ¿Qué tan “legal” se siente un procedimiento cuando las concesiones fueron autorizadas por una estructura donde quien fue director general de Lala durante muchos años luego pasa a ser titular de Conagua? Sí, hablamos de Cristóbal Jaime Jáquez: el detalle que convierte el “todo en regla” en “todo convenientemente acomodado”. No hace falta decir “corrupción” para que el ciudadano escuche la palabra completa con eco.

Ahora bien: tampoco se trata de caer en la consigna fácil. Retirarle todas las concesiones a Lala no es viable: hay empleos, cadenas productivas, proveedores, nóminas, impuestos, una derrama económica que sostiene parte de la región. Nadie sensato quiere prenderle fuego a la fábrica y luego presumir que “ganó” el debate. El agua es un derecho, sí, pero la economía también es un sistema de vasos comunicantes: rompes uno y se te desborda el otro.

Lo que sí es viable —y ahí está la sensatez que tanto escasea como el líquido— es retirarle una parte de esas concesiones. No para quebrar a la empresa de Tricio, sino para aliviar, aunque sea parcialmente, la crisis hídrica que viven los habitantes de Torreón y del resto de la Comarca. Ajustar, redistribuir, priorizar el consumo humano. Lo elemental. Lo que haría cualquier autoridad que recuerde para qué existe el Estado… y cualquier dirigente empresarial que entienda que sin agua no hay mercado, no hay trabajadores, no hay estabilidad y no hay futuro.

Pero parece que el sentido común no es el más común de los sentidos en algunos liderazgos. Tal vez, como sugerencia pedagógica, valdría la pena que el dirigente empresarial regresara a la escuela… pero no al Instituto Cumbres, sino con los jesuitas: esos que, además de enseñar a leer la ley, enseñan a leer la realidad.