El Callejón

06/03/26

Por Juan Ciudadano

Primer round en la Corte

El Torreón de Román Alberto Cepeda le ganó al Estado en la Corte. Así, en limpio. Pero no es momento de colgarse medallas ni de mandar a hacer playeras: esto apenas fue el primer round, un fallo más bien simbólico, de esos que sirven para confirmar que la pelea sigue viva y que el expediente no se va a ir por la coladera del “ya se arregló en corto”.

La controversia constitucional la presentó Torreón antes de que el Estado y el municipio hicieran las paces —cuando todavía se hablaban con la mirada dura—, pero el municipio no se ha desistido. Y eso dice mucho: una cosa es el apretón de manos para la foto y otra muy distinta es el juicio que ya agarró vuelo. El proceso sigue y la Corte tendrá que entrarle, ahora sí, a lo de fondo.

En la superficie, el tema suena técnico: revisar si son válidos los señalamientos que dejaron las auditorías de 2022 y 2023. En el fondo, es otra cosa: hasta dónde llegan las atribuciones de los órganos fiscalizadores y en qué momento se cruza la línea entre fiscalizar y meterse donde ya no toca.

Por eso es un caso con filo para todos. Si la Corte acota atribuciones, alguien se queda sin margen. Si las confirma, alguien se queda sin pretexto. Y en política, cuando se acaba el margen, empiezan los gritos. Amanecerá y veremos.

Violencia vicaria y justicia con destinatario

El otro tema es espinoso por naturaleza y por el ruido que ya trae encima: el caso en Coahuila donde una mujer fue acusada por violencia vicaria, derivado del pleito judicial que estalló tras el divorcio de Johnny Emmanuel y Estela. Y aquí conviene decirlo con cuidado, pero decirlo: el expediente ya no camina solo; lo empujan intereses, tribunas y un ánimo de linchamiento que convierte cualquier tema serio en espectáculo.

Una cosa es reconocer que existe una violencia real —grave— que usa a hijas e hijos como arma. Otra, muy distinta, es permitir que el sistema se contamine con el impulso de resolver por consigna, por presión o por narrativa. Porque cuando la justicia empieza a operar como pancarta, aparece lo peor: delitos con destinatario, leyes que en la práctica se aplican como si fueran hechas para un grupo específico. Y eso choca de frente con lo básico del derecho: la norma debe ser general, no un garrote con destinatario a determinado grupo, en este caso a los hombres.

El riesgo es doble: primero, que se castigue sin prueba suficiente, con la lógica de “más vale que caiga alguien” para calmar la indignación. Segundo, que se debilite el propio concepto de justicia, porque cuando el estándar depende del bando, se vuelve ruleta. Hoy toca a una persona, mañana a otra, pasado a cualquiera.

Nadie está pidiendo impunidad. Se pide lo mínimo: debido proceso, pruebas, proporcionalidad y sentencias que se sostengan por derecho, no por aplauso. No olvidemos que está ya muy próximo el 8 de marzo, fecha en que las feministas salen a las calles y dañan impunemente el espacio público, cubiertas bajo el manto de la equidad de género, de eso es de lo que estamos hablando en el caso de la violencia vicaria.