Callejón

El Callejón

12/02/26


Por Juan Ciudadano

Polvos de aquellos lodos

En Coahuila la política es como esas telenovelas que uno jura que ya no ve, pero de reojo sigue el capítulo. Justo cuando parecía que el guion se iba a poner aburrido, reaparece un personaje que muchos daban por archivado en la bodega de los “incómodos”: Leocadio Hernández, aquel líder cetemista de Piedras Negras que un día cometió el pecado de no cuadrarse con el candidato priista. No apoyó… y al enfrentar cargos penales terminó huyendo del país.

Pues ahora, según se comenta en los pasillos donde la verdad siempre llega en susurros, Leocadio habría regresado con bisturí legal. Y no con una denuncia local, no: se dice que fue a la Fiscalía General de la República. Detalle importante, porque en este estado la diferencia entre presentar algo “aquí” o “allá” no es geográfica: es política. Y lo más sabroso del chisme serio es que, aparentemente, en esa denuncia se menciona a la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi. Nada más eso. Un nombre de gabinete metido en la licuadora federal.

La supuesta denuncia sale a la luz ahora, justo, cuando anda el ambiente con olor a ceremonia obrera: está por elegirse a un coahuilense, Tereso Medina, como nuevo dirigente nacional de la CTM.

La CTM es ese mueble viejo que nadie se atreve a tirar porque todavía sostiene parte de la casa, aunque cruja cada vez que lo tocan. Si Tereso llega, será lectura obligada ver qué pasa con los liderazgos regionales, qué se negocia, qué se perdona… y qué se cobra. Porque en política, ya lo sabe usted, no hay casualidades: hay causalidades. Y cuando un expediente se va a la FGR, no es para “dejar constancia”: es para mandar un mensaje.

Siguen bastos

Y del drama sindical pasamos al drama minero, que es como cambiar de canal y seguir viendo la misma tragedia, nomás con diferente escenografía. Resulta que Coahuila fue el estado donde más concesiones mineras se cancelaron: 149. Número grande, aplauso automático en el boletín, foto de rigor y discurso de “mano firme”. Pero aquí la pregunta no es cuántas se cancelaron, sino cuáles.

Porque uno quiere pensar, con fe de ciudadano ingenuo, que la mayoría eran concesiones vinculadas a extractores de carbón que tenían a la gente trabajando con el “equipo de seguridad” más común en la región: la encomienda a la Virgen y la promesa de que “hoy sí salimos”. Si en verdad se cancelaron por condiciones de riesgo y abusos laborales, entonces qué bueno. Pero si se cancelaron por reacomodos, pleitos entre grupos o simple cambio de viento político, entonces estamos ante la misma historia: castigos selectivos y silencios convenientes.

Sería sano —y aquí la palabra “sano” es literal— conocer los nombres de las compañías y, sobre todo, de los dueños. Porque en la región carbonífera nunca falta que, rascándole tantito al padrón, aparezca el nombre de algún empresario “muy respetable” o de algún político “muy retirado” que casualmente tiene familia, socios o prestanombres en el ramo. Transparencia, pues. No para hacer escándalo: para hacer justicia.

Veremos en qué acaba lo de Leocadio y qué esconden las 149 concesiones canceladas. Por lo pronto, el Callejón sigue igual: estrecho, oscuro…


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