Lo que quiso decir
Rubén Aguilar
La presidenta Sheinbaum Pardo envió al Poder Legislativo la propuesta de reforma en materia electoral que ha llamado Plan B, después de que fracasó la propuesta original, diseñada por el presidente López Obrador, su antecesor, tras el rechazo de sus aliados, los partidos PT y PVEM, a votar a su favor.
De las propuestas del Plan B, todas regresivas y con el propósito de debilitar a la oposición, fortalecer a Morena y dar más elementos de control al Poder Ejecutivo sobre el proceso electoral, considero que la más grave es la reforma del artículo 35 de la Constitución.
En él se dice: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta (…)”.
Los temas en que la Constitución no admite la consulta popular están bien definidos y no requieren mayor discusión. Es claro que no se puede poner a consulta popular la estrategia de seguridad nacional, materia solo de especialistas de alto nivel en ese campo, y lo mismo sucede con las finanzas públicas y las elecciones.
La Constitución prohíbe la consulta popular en materia electoral, para evitar que en un tema tan delicado, fundamental para la vida democrática, quede a la posibilidad del voto a mano alzada, producto solo de un peculiar estado de ánimo.
La propuesta que presenta la presidenta, que es la de López Obrador, su mentor y líder, de modificar el artículo 35 de la Constitución en materia electoral para permitir la consulta popular, tiene como propósito que el proceso electoral pase al control de quien detente el Poder Ejecutivo.
Este tendría la facultad constitucional, cada vez que estime conveniente y en razón de sus intereses particulares, de organizar consultas populares sobre la materia. Para poner solo un ejemplo, podría someter a consulta terminar con la autonomía del INE y hacer que vuelva al control de la Secretaría de Gobernación, como ocurría hace 26 años.
En los siete años y medio que Morena tiene en la presidencia de México, la sociedad ha sido testigo de cómo se organizan las consultas populares, primero manipuladas por el presidente López Obrador y luego por la presidenta Sheinbaum Pardo. En ellas ha participado menos del 10 por ciento del padrón electoral. Las minorías pasan, entonces, a imponerse sobre las mayorías.
Si pasa la reforma del artículo 35 de la Constitución que quiere la presidenta, de inmediato tendría el control del sistema electoral. Mañana podría mandar iniciativas para eliminar instituciones, reducir presupuestos y todo lo que se le ocurra para debilitar a la oposición y fortalecer a su partido.
El mismo artículo señala que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelve sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta en los temas contemplados en este. La presidenta sabe que tiene el control de las nueve ministras y ministros, todos militantes o simpatizantes de Morena, y que siempre darían por buenas las consultas y sus resultados.
De aprobarse en las próximas semanas el cambio del artículo 35 de la Constitución, se avanzaría en la construcción del sistema político centralista y autoritario que inició el presidente López Obrador y continúa la presidenta Sheinbaum Pardo. Y se daría un golpe demoledor a la democracia.
@RubenAguilar