Ciudad de México, 12/02/25 (Más / IA).- El uso de drones con explosivos y minas antipersona ha dejado de ser un fenómeno aislado y se ha convertido en parte de la cotidianidad del crimen organizado en México.
En las últimas semanas, las detonaciones de minas en Michoacán y Tamaulipas, que han dejado al menos cuatro víctimas mortales, así como el ataque con drones explosivos contra militares en Chihuahua, han puesto en evidencia la sofisticación de las tácticas empleadas por los grupos criminales.
Este lunes, el secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez, informó que las autoridades han detectado cerca de 40 minas antipersona en municipios fronterizos de la entidad. Esto se dio a conocer luego de que una mina explotara al paso de una camioneta en un camino rural de San Fernando, lo que convirtió a la región en un nuevo foco rojo de esta modalidad delictiva. Antes de este hallazgo, el Ejército ya había localizado y detonado controladamente al menos 15 minas en la zona, según información del diario Reforma.
El fenómeno tampoco es nuevo en otras partes del país. Desde hace años, Michoacán ha sido escenario del uso de minas antipersona en la región de Tierra Caliente y la Sierra Costa, donde los grupos criminales las emplean tanto para confrontarse entre sí como para obstaculizar el despliegue de fuerzas de seguridad, especialmente del Ejército. El pasado fin de semana, dos personas murieron en Buenavista Tomatlán tras activar accidentalmente una mina mientras trabajaban en un campo de limoneros, según relataron sus familiares.
A la par de las minas antipersona, los drones explosivos también han proliferado en estados como Michoacán, Guerrero y Chihuahua. Apenas la semana pasada, un contingente militar en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fue atacado con explosivos lanzados desde un dron. Entre los afectados se encontraba el general Jorge Alejandro Gutiérrez, comandante de la 42 Zona Militar, así como otros tres elementos del Ejército. El ataque ocurrió sin previo enfrentamiento, lo que indica un uso ofensivo y premeditado de esta tecnología.
El empleo de drones con explosivos por parte del crimen organizado ha avanzado de manera acelerada. En septiembre de 2023, el diario El País documentó su uso en Guerrero, en una zona donde dos grupos criminales se disputaban el control de diversas comunidades y rutas estratégicas. En ese conflicto, los drones fueron utilizados para bombardear poblaciones enteras con artefactos caseros cargados de clavos y fragmentos de metal. A pesar de la letalidad de estos ataques, los dispositivos empleados no son sofisticados, sino modelos comerciales que pueden ser adquiridos en línea y adaptados para su uso en combate.
Determinar con precisión el alcance del uso de estos artefactos en México sigue siendo un desafío. A nivel federal y estatal no existen estadísticas públicas que detallen la frecuencia o las zonas específicas donde se han utilizado minas y drones explosivos. Las autoridades reportan cifras generales de homicidios y lesiones, pero sin especificar los métodos empleados. Esto deja a la sociedad dependiendo de informes esporádicos de funcionarios o de solicitudes de información a través de leyes de transparencia, cuyos resultados suelen ser inciertos.
El empleo de drones y minas antipersona en el país es reflejo de la evolución del crimen organizado y de su capacidad para innovar en sus métodos de violencia. Estas tácticas, que en muchos sentidos recuerdan a una guerra de guerrillas, responden a una lógica puramente económica y operan en un contexto de impunidad y ausencia de regulación efectiva. Hace tres años, tras un ataque con drones en Tepalcatepec, Michoacán, el investigador Romain Le Cour señalaba que, más allá de su efectividad táctica, estas herramientas representan un elemento de entretenimiento y poder para jóvenes sicarios en entornos rurales. Mientras el crimen sigue perfeccionando su arsenal, la respuesta del Estado continúa siendo reactiva, interviniendo solo cuando la violencia ya ha alcanzado a la población civil.