Morelia, Michoacán, 14/11/25 (Más).- A lo largo de los últimos 19 años –de 2006 a 2025–, Michoacán se ha convertido en el epicentro de la estrategia federal contra el crimen organizado, un laboratorio de políticas de seguridad que, pese a los sucesivos despliegues militares y programas sociales, no ha conseguido devolver la paz al estado.
Cuatro administraciones –de Felipe Calderón a Claudia Sheinbaum– han repetido el mismo diagnóstico: control territorial de grupos criminales, presencia débil de policías locales y la necesidad de enviar tropas. Sin embargo, los niveles de violencia se han mantenido o recrudecido con el paso del tiempo.
Según información de Infobae, todo comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó el Operativo Conjunto Michoacán, primer gran acto de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Miles de militares, marinos y policías federales fueron desplegados en la entidad. Aunque el objetivo era recuperar la seguridad, los homicidios dolosos aumentaron: de 717 en 2006 a más de 2 mil en 2011, de acuerdo con cifras oficiales. “El miedo venía de todos lados”, narraban entonces habitantes de regiones como Tierra Caliente.
La presidencia de Enrique Peña Nieto heredó una entidad convulsionada. En 2013, surgieron las autodefensas como reacción comunitaria ante la expansión de los Caballeros Templarios.
El gobierno respondió con más efectivos y la creación de la Gendarmería Nacional, desplegada en casi 20 municipios considerados de alto riesgo. No obstante, la violencia persistió, y en 2014 los homicidios volvieron a rebasar los mil 600 casos, mientras se documentaban desplazamientos forzados, enfrentamientos y abusos.
Andrés Manuel López Obrador prometió un cambio con la frase “abrazos, no balazos”, pero su sexenio continuó con el patrón de militarización.
La creación de la Guardia Nacional en 2019 trajo consigo un nuevo despliegue federal, y en Michoacán llegaron más de 3 mil elementos en ese primer año. La presencia federal aumentó con operativos en zonas críticas como Aguililla, pero entre 2019 y 2022 los homicidios dolosos se mantuvieron por encima de los dos mil anuales.
En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que combina inversión social por más de 57 mil millones de pesos y un nuevo despliegue de más de 10 mil 500 militares, mil 700 marinos y el reforzamiento del llamado Plan Paricutín, orientado a cerrar rutas estratégicas del crimen organizado.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, encendió nuevas alarmas en el estado, y puso en el centro de la discusión la efectividad real de las medidas de seguridad.
Aunque el gobierno insiste en que esta vez se trata de un enfoque integral, organizaciones civiles advierten que los errores del pasado podrían repetirse si no se fortalecen las policías locales, se depuran instituciones y se garantizan condiciones mínimas de gobernabilidad en los municipios más vulnerables.
El mensaje desde Michoacán, casi dos décadas después del inicio de la llamada guerra contra el narco, sigue siendo el mismo: “Menos militares, más seguridad real”. El gran desafío para el gobierno federal es demostrar que esta vez la intervención no será solo otra tregua temporal, sino un camino hacia una paz duradera.
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Mientras sigan protegiendo políticos corruptos complices de la delincuencia organizada, jamás habrá estrategia que funcione.
Esto no empezó con Calderón, empezó desde antes del 2000, y el único valiente que quiso enfrentala fue Felipe Calderón.
Por eso los corruptos como López Obrador crearon una falsa narrativa contra él, diciendo que él empezó la guerra.
Porque si realmente se llega a la clase política, muchísimos políticos y gobernantes estarían encarcelados
PAGADO CON HUACHICOL, DESDE PALENQUE CHISES.