Ciudad de México. Septiembre 2.- Las guerras del narcotráfico en México ya no se libran únicamente con rifles automáticos y pistolas. Los cárteles han transformado sus arsenales en auténticos equipos de guerra, incorporando armas de uso exclusivo del ejército y dispositivos fabricados artesanalmente con un nivel de letalidad alarmante. Drones cargados con explosivos y sustancias químicas, minas Claymore, granadas propulsadas por cohetes, morteros improvisados, camiones blindados y rifles Barrett calibre .50 son parte del inventario bélico que hoy enfrentan tanto sus rivales como las autoridades.
De acuerdo con el New York Times en Español, los grupos criminales ya no pueden considerarse pandillas locales. Han dado un salto hacia tácticas y armamento paramilitar, lo que ha encendido las alarmas en México y en Estados Unidos. Expertos y funcionarios de ambos países coinciden en que los cárteles acumulan niveles inéditos de poder de fuego, capaces de transformar comunidades rurales en escenarios de guerra.
La violencia en Michoacán: un campo de pruebas del arsenal
El fenómeno tiene su epicentro en Michoacán, particularmente en la región de Tierra Caliente. Allí, comunidades enteras han sido testigos de combates que dejan cráteres abiertos por minas terrestres, techos perforados por drones bomba y casquillos de armas calibre .50 regados en el suelo. El enfrentamiento no se da en Ucrania o Medio Oriente, sino a apenas unos cientos de kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y, sobre todo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputan el control de rutas y territorios para la siembra de limón, aguacate y drogas, empleando armas cada vez más sofisticadas. Los drones sobrevuelan pueblos agrícolas mientras caminos y carreteras son sembrados con explosivos. Tan solo en los últimos dos años, Michoacán ha registrado más detonaciones de minas que cualquier otro estado de México.
Los civiles quedan atrapados en medio del fuego cruzado. Solo en los últimos cinco meses, al menos diez personas —incluido un niño de 14 años— murieron por explosivos ocultos mientras trabajaban en el campo o caminaban a la escuela. En casi dos años, más de 2000 habitantes han sido desplazados. Muchos pueblos quedan desiertos por semanas o meses, y algunos nunca vuelven a poblarse.
Drones y armas improvisadas: creatividad letal
El arsenal de los cárteles combina lo viejo y lo nuevo. Sus ingenieros improvisan morteros con tubos de gasolina rellenos de explosivos, fabrican piezas con impresoras 3D y convierten drones comerciales comprados en internet en aeronaves de ataque, capaces de lanzar bombas con aletas metálicas o compuestos químicos tóxicos como el fosfuro de aluminio. En abril, este tipo de bombas provocaron asfixia y quemaduras en tres localidades del sureste de Michoacán.
La Brookings Institution advierte que los drones han permitido a los delincuentes atacar con precisión objetivos que antes eran inalcanzables. Además, los cárteles han importado detectores para ubicar drones del gobierno y han reclutado operadores con experiencia militar. Se han documentado incluso granadas de 40 milímetros modificadas para lanzarse desde drones, un hito en la evolución de su armamento.
El origen del poderío: armas de EE. UU. y exmilitares
Las autoridades mexicanas calculan que cada año ingresan ilegalmente medio millón de armas desde Estados Unidos. El 70% de las armas de alto poder en circulación provienen de ese país. De ahí el flujo de rifles Barrett M82 calibre .50 —capaces de perforar blindaje— y ametralladoras Browning M2, utilizadas en los ejércitos de todo el mundo. Estas armas son exhibidas por los propios cárteles en fotos y videos difundidos en redes sociales y WhatsApp.
El auge de explosivos y drones también ha coincidido con la llegada de exmilitares extranjeros. En apenas siete meses, se ha detenido a 53 extranjeros vinculados al crimen organizado, entre ellos 23 colombianos y 22 venezolanos, muchos con experiencia en combate.
La militarización de los cárteles no es nueva. Comenzó a mediados de los 2000 con los Zetas, que introdujeron tácticas militares y comunicaciones encriptadas. En 2015, la escalada quedó clara cuando un cártel en Jalisco derribó un helicóptero militar mexicano con un lanzagranadas, matando a seis soldados. Desde entonces, la tendencia se ha consolidado.
Una guerra desigual
Frente a este poderío, las policías locales y aun el ejército mexicano se encuentran en desventaja. No cuentan con vehículos MRAP —blindados contra minas y emboscadas— como los usados en Irak o Afganistán. El exsecretario de Seguridad de Michoacán, Alfredo Ortega, reconoce: “Siempre nos han llevado ventaja. Tienen recursos ilimitados y acceso a armas que nuestras policías ni siquiera tienen”.
En 2023, Ortega formó una unidad antiexplosivos dirigida por el capitán Carlos Gómez, exoficial del ejército. Con apenas 18 agentes, han encontrado talleres clandestinos donde los cárteles blindan vehículos y fabrican explosivos. Solo en dos años han desactivado más de 2000 artefactos, entre ellos 258 bombas en una sola jornada. Gómez fue herido en una emboscada y muestra como prueba una cicatriz en la mano.
Las bombas improvisadas, aunque rudimentarias, son altamente destructivas: hechas con botellas, tubos de drenaje o extintores, rellenas de pólvora y nitrato de amonio con combustible. Según Gómez, “pueden causar el mismo daño que bombas industriales”.
El choque diplomático
El fenómeno también ha tensado la relación bilateral. El expresidente Donald Trump ordenó al Pentágono prepararse para usar fuerza militar contra cárteles designados como terroristas, lo que generó rechazo en México. Aun así, ambos países coinciden en la gravedad de la amenaza. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que sin cortar el acceso a armas de alto poder no habrá una estrategia efectiva.
México ha presentado demandas contra fabricantes de armas de EE. UU., acusándolos de alimentar un “río de hierro” que cruza la frontera. Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense rechazó una de ellas, al dictaminar que la ley protege a los fabricantes en ciertos casos.
Mientras tanto, la violencia deja un rastro visible. En El Guayabo, casas como la de Pablo Fajardo quedaron reducidas a ruinas carbonizadas, con techos perforados por drones bomba. “Todo ese esfuerzo y trabajo que me costó para construir mi casita y mi tienda”, dijo, “y lo destruyeron todo en unos días”.
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