Ciudad de México, 07/01/25 (Más / IA).- El primer periodo de sesiones de este año en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició con una fuerte reflexión del ministro Juan Luis González Alcántara, quien lamentó lo que calificó como la destrucción del legado constitucional construido en 1917. Sin aludir directamente a la reciente reforma al Poder Judicial, González Alcántara expresó su asombro por la facilidad con la que el sistema establecido por más de un siglo ha sido desmontado.
“La Constitución de 1917 fue capaz de soportar golpes, pesos y presiones imposibles de imaginar o predecir”, declaró el ministro durante la sesión. Recordó episodios históricos como el asesinato de un presidente electo en 1928, el homicidio de un candidato presidencial en 1994, y las décadas de gobierno autoritario en las que, a pesar de la erosión de los contrapesos, la Constitución mantuvo la vida institucional del país.
Sin embargo, González Alcántara señaló que destruir el legado de más de un siglo es tan fácil, que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Para el ministro, bastó presionar en la parte más frágil del sistema para dinamitar su estructura, en un proceso que, según dijo, ya no tiene marcha atrás.
El ministro se refirió indirectamente a la reciente reforma constitucional que impactará profundamente al Poder Judicial. Este proyecto de decreto, que ha generado un intenso debate político y social, establece una reconfiguración del sistema judicial mediante elecciones extraordinarias programadas para el 1 de junio de 2025.
Entre los cambios más significativos se encuentra la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y una reestructuración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además, se elegirán mediante voto popular a 9 ministros de la Corte, los magistrados de circuito y jueces de distrito, así como los integrantes de las salas regionales y superiores del TEPJF. En total, se renovarán más de 1,600 cargos judiciales, federales y locales, a lo largo de las elecciones previstas para 2025 y 2027.
González Alcántara reconoció que cualquier análisis sobre las consecuencias de la reforma o lo que podría haberse hecho para evitarla queda en el terreno de las especulaciones. “No niego el valor de estas reflexiones, pero al final de cuentas cualquier conclusión será eso: especulación y conjeturas”, afirmó.
El arranque de las sesiones también contó con la intervención de la ministra Norma Piña, quien concluyó el encuentro citando a los integrantes del pleno para retomar actividades este martes a las 11:00 horas.
La reforma judicial representa un parteaguas en la historia del sistema legal mexicano. Sus defensores aseguran que democratizará la justicia y fortalecerá la rendición de cuentas, mientras que críticos, como González Alcántara, advierten que pone en riesgo la autonomía judicial y desmantela un sistema que sostuvo la estabilidad institucional por más de un siglo.
El debate continuará en los meses venideros, mientras el país se prepara para las elecciones judiciales extraordinarias que, sin precedentes en México, podrían marcar un antes y un después en la relación entre los poderes del Estado y la sociedad.
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No me sorprenderá el caos y la impunidad que podrá generarse en los próximos años con un sistema de justicia que no tiene el más mínimo de análisis y discusión por parte del legislativo en turno.
Será un poder judicial sometido a las ocurrencias del presidente y del grupo en el poder, el discurso oficial es de un autoritarismo perfecto y sin contrapesos para los abusos del poder absoluto