Desplazamiento forzado: el drama detrás de los niños en cruceros

Por Katya González

Saltillo, Coahuila, MÁS. – En los últimos años, se ha observado un notorio aumento de personas que realizan trucos o venden caramelos en los cruceros de Saltillo, así como en otros municipios del estado. Esta escena se repite en diversos puntos, especialmente en áreas con alto tránsito y cercanas a plazas comerciales.

En su mayoría, se trata de mujeres jóvenes vestidas con ropa tradicional y son acompañadas por niños pequeños, que en ocasiones cargan en rebozos. 

También son visibles menores de entre 1 y 9 años, que recorren las filas de autos pidiendo dinero a los automovilistas mientras sus madres se encuentran al frente del tráfico realizando alguna actividad.

Ante el inminente riesgo al que se encuentran expuestos los menores, las autoridades estatales y municipales han implementado operativos con el objetivo de salvaguardarlos. Sin embargo, sus esfuerzos no han sido suficientes, pues continúan regresando a las calles, pese a que el trabajo infantil está prohibido en el estado.

Detrás de esta problemática, cuya solución pareciera ser tan simple como retirarles de las calles, se encuentra una aún mayor a la que el Gobierno Federal no ha puesto la atención requerida: el desplazamiento forzado.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la mayoría de la población desplazada pertenece a comunidades indígenas y proviene de Chiapas y Oaxaca. 

Las personas que han sido obligadas a salir de sus pueblos se desplazan cerca de sus comunidades, aunque en algunas ocasiones, se ven obligados a salir del municipio o bien, atraviesan las fronteras de la entidad rumbo al norte del país. 

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En lo que va del 2023, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) Saltillo ha atendido 900 reportes de menores en riesgo en omisión de cuidado, derivado de la presencia de estos en los cruceros de la ciudad.

La directora de la unidad, Patricia Moreno Domínguez, señaló que en los meses de junio a agosto se presentó una mayor incidencia, ya que, explicó, son temporadas en donde se percibe una mayor derrama económica, lo que alienta a las personas a realizar actividades en los semáforos de Saltillo a fin de obtener alguna remuneración.

Los menores en cruceros se han detectado principalmente al norte de la ciudad, un área con mayores recursos económicos, así como en lugares con más tráfico como en el periférico Luis Echeverría y cerca de plazas comerciales.

Moreno Domínguez indicó que ya se ha entrevistado con estas personas, quienes afirman venir a la ciudad en busca de oportunidades de mejora su situación, siendo víctimas del desplazamiento forzado por la presencia de grupos de delictivos o por las condiciones climáticas de la región.

Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas son los principales orígenes de estas personas, lo cual ha sido comprobado mediante documentos como actas de nacimiento que las mujeres muestran a los elementos de la unidad.

Ante el inminente riesgo que corren, tanto ellas como los niños, el protocolo dicta que debe hacerse la invitación a retirarse del lugar, a fin de no exponer a los menores.

En tanto, el director del DIF Saltillo, Daniel Samperio, señaló que en coordinación con la Procuraduría para niños, niñas y la familia (PRONIF), la Comisión de Derechos Humanos del estado y la UNIF, han realizado recorridos a fin de identificar a las personas.

Samperio explicó que es complicado retirar a los niños para su resguardo, pues muchas veces el menor no se encuentra violentado o manifiesta que no necesita asistencia, lo que complica su protección.

Moreno Domínguez coincidió con Samperio al mencionar que la unidad no tiene registro de casos de niños con signos de violencia, y, por el contrario, los pequeños que cargan en sus rebozos aparentan tener una buena alimentación, mientras que los más grandes de entre 5 y 9 años, aunque carecen de limpieza en su persona, también se ven en buenas condiciones. 

El titular del DIF Saltillo calificó estos casos como trabajo o explotación infantil, pues asegura que utilizan a los menores para poder obtener un mayor recurso monetario y recomendó a la ciudadanía a evitar dar dinero a estas personas con el fin de evitar que los niños y niñas sigan siendo un negocio para sus padres.

Así mismo, aseguró que el organismo brinda un acompañamiento a los niños y hace recomendaciones a los padres o tutores, además de ofrecer apoyos económicos y alimenticios, así como una cartera de empleos para los tutores y la escolaridad para los niños.

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MÁS tuvo la oportunidad de hablar con dos mujeres que se encontraban al norte de la ciudad, acompañadas de una pequeña niña no mayor a dos años. La pequeña permanecía cerca de ellas mientras realizaban malabares, corriendo el riesgo inminente de ser atropellada por los vehículos y camiones que transitan por las calles de la ciudad, puesto que por su estatura no es visible para los conductores.

Una de las entrevistadas señaló conocer los riesgos a las que se encuentran expuestas, sin embargo, dijo ser la única manera de obtener un ingreso, pues no han sido informadas de programas o apoyos otorgados por las dependencias municipales.

Mencionó que son parte de un grupo de mujeres originarias de Chiapas, que decidieron venir a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Aunque no precisó el número de personas, señaló que entre ellas hay al menos siete niños pequeños, quienes los acompañan a buscar el recurso para poder solventar los gastos de alimento y cuidado que son requeridos.

Todas ellas viven en una casa de renta cerca de Otilio González, y cada día toman un taxi para trasladarse a los distintos puntos de la ciudad en donde piden dinero a las personas que transitan por las principales avenidas.

Al ser cuestionada si el recurso que obtienen es suficiente, dijo “a veces no, a veces sí”, respuesta que repitió al cuestionarle si la ciudadanía las apoya.

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A pesar de las medidas implementadas por las dependencias municipales y estatales, la problemática no ha podido ser erradicada, puesto que es necesaria la actuación del gobierno federal para atacar la problemática desde su origen.

Según el más reciente informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) sobre los episodios de desplazamiento interno forzado en México, entre las principales causas de desplazamiento interno masivo destacan la violencia generada por grupos armados organizados.

En 2021, Michoacán fue la entidad con más personas desplazadas, con 13 mil 515 personas, lo que corresponde a un 46.69 por ciento del total a nivel nacional. De esta cifra, el 71 por ciento fueron mujeres y niños.

Chiapas figuró en el segundo lugar entre las entidades federativas con mayor número de personas desplazadas con 7 mil 117 personas. Destacando los municipios de Pantelhó y Chenalhó, en Chiapas, donde 3 mil 205 indígenas se desplazaron.

Según la ONU, entre los principales perfiles en riesgo de desplazamiento interno destacan las mujeres por la violencia generalizada al género femenino; los niños y las niñas, por diversos tipos de violencia, las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, por la violencia derivada de la desigualdad histórica y estructural, así como de los conflictos que surgen por los territorios.

Ante esta grave crisis humanitaria, en julio de este año, el Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes, exigió al Gobierno Federal que cumpla con las sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento forzado interno.

Así mismo, exigieron la aprobación de la Ley General de desplazamiento forzado interno en el país la cual permanece congelada en el Senado de la República.

En ese sentido, es necesario que la Federación atienda el fenómeno en el que ha sido omiso al garantizar la seguridad de la población y que repercute en la omisión de cuidado de los niños y niñas mexicanas.