Human Rights Watch concluye que México mantiene una grave crisis por violencia criminal, desapariciones masivas y abusos militares. Destacan la falta de respuesta efectiva del Estado para revertir la situación
Ciudad de México, 05/02/26 (Más).- El ‘Informe Mundial 2026’ de Human Rights Watch expone que México arrastra y mantiene una profunda crisis de derechos humanos bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, marcada por la violencia criminal extrema, la persistencia de desapariciones y los abusos cometidos por fuerzas militares, sin que existan acciones suficientes del Estado para revertir estas problemáticas estructurales.
De acuerdo con el reporte, el país enfrenta una de las crisis de desapariciones más graves del mundo, con un registro oficial que en 2025 supera las 130 mil personas no localizadas, acumuladas desde 1952. El documento subraya que las autoridades no han adoptado medidas eficaces para prevenir estos delitos ni para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
El informe recuerda que tras el hallazgo del rancho Teuchitlán, en Jalisco, en marzo de 2025, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas activó, por primera vez, el procedimiento del artículo 34 de la convención internacional para analizar si las desapariciones en México son generalizadas o sistemáticas. A pesar de ello, la postura oficial ha sido negar la existencia de desaparición forzada desde el Estado.
Human Rights Watch advierte que esta negación ocurre en un contexto de alto riesgo para quienes buscan a personas desaparecidas. Tan solo en 2025, organizaciones civiles documentaron el asesinato de ocho personas buscadoras, mientras que desde 2010 se han registrado más de 20 homicidios de personas dedicadas a estas labores.
Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que 131 mil 956 personas permanecen desaparecidas, de las cuales el 60% son hombres. El Estado de México, Tamaulipas y Jalisco encabezan la lista de entidades con más casos, lo que refleja la dimensión territorial del problema.
Durante la presentación del informe, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, alertó sobre la gravedad de la situación y criticó la falta de reconocimiento del fenómeno como estructural. Señaló además que, desde la administración anterior y de forma continuada en el actual gobierno, se ha profundizado un proceso de erosión democrática que debilita los contrapesos institucionales.

El documento también contextualiza la crisis en un país que hasta 2024 registraba una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas a nivel mundial, con altos niveles de impunidad, ya que las fiscalías solo logran resolver alrededor de uno de cada diez asesinatos. A ello se suma la persistencia de la tortura, documentada por organismos nacionales e internacionales, así como el uso ampliado de la prisión preventiva oficiosa.
HRW subraya que la militarización de la seguridad pública continúa profundizándose, con fuerzas armadas involucradas en tareas civiles sin controles efectivos, lo que ha derivado en casos de ejecuciones, violencia sexual y falta de transparencia en investigaciones emblemáticas como el caso Ayotzinapa. Finalmente, el informe advierte sobre la llamada “falsa dicotomía” entre bienestar material y derechos humanos. Si bien millones de personas salieron de la pobreza en años recientes, la organización sostiene que estos avances no compensan el debilitamiento del Estado de derecho ni la pérdida de garantías fundamentales, y concluye que México enfrenta una crisis de derechos humanos que sigue sin ser atendida de fondo.
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