Ciudad de México, 14/07/25 (Más).- La construcción de un edificio de cuatro niveles en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, ha puesto bajo escrutinio a las hermanas Luisa María y Bertha Alcalde Luján, ambas funcionarias públicas de alto perfil, luego de revelarse que dicho inmueble, en el que ambas residen y tienen participación patrimonial, fue edificado con presuntas irregularidades y fuera de norma.
Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, ha señalado públicamente la existencia de prácticas inmobiliarias corruptas vinculadas al fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México. En particular, en una declaración realizada el 4 de julio en el contexto de una marcha contra este proceso urbano, denunció la existencia de un cártel inmobiliario en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, gobernadas por partidos de oposición.
“Esta problemática está vinculada muchas veces a los desarrollos inmobiliarios que se hicieron de forma muy corrupta, sin lineamientos, con moches y que nosotros hemos evidenciado y llamado cártel inmobiliario”, dijo entonces Alcalde Luján.
Sin embargo, registros públicos y reportes periodísticos muestran que tanto ella como su hermana, Bertha Alcalde –actual fiscal de justicia de la Ciudad de México–, están relacionadas con un desarrollo que presenta aparentes violaciones a las normas urbanísticas en esa misma zona.
En 2016, Luisa María Alcalde adquirió una propiedad de dos plantas en la colonia Roma Sur por 4.2 millones de pesos. Posteriormente, la construcción fue demolida para levantar un edificio de cuatro niveles, concluido en 2020, durante la administración del alcalde Néstor Núñez, perteneciente a Morena.
La normatividad urbanística del polígono sólo permitía construcciones de hasta tres plantas, por lo que el nuevo edificio, que incluye roof garden, área de descanso, jacuzzi y asadores, habría excedido el límite autorizado.
Según la información disponible, no se presentó el aviso de terminación de obra ni el trámite correspondiente para obtener el permiso de uso y ocupación, lo cual impide, de acuerdo con la normatividad local, que el inmueble sea legalmente habitable. Tampoco hay constancia pública de que se hayan aplicado sanciones o clausuras por parte de la autoridad competente desde su finalización.
En su declaración patrimonial de 2019, Luisa María Alcalde informó que posee un tercio del inmueble, adquirido mediante una donación de sus padres por un monto de 1.7 millones de pesos. Por su parte, Bertha Alcalde reportó la compra de un departamento de 134 metros cuadrados en agosto de 2016, fecha que coincide con la inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad.
La construcción del edificio se realizó antes de que existieran registros de un cambio en el uso de suelo o permisos adicionales para la edificación de un cuarto nivel, lo que contraviene las disposiciones urbanas aplicables a la colonia Roma. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre medidas de verificación o procesos administrativos vinculados con el inmueble.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso político de la dirigencia morenista y las prácticas asociadas a inmuebles en los que tienen participación. Organizaciones y académicos han identificado a la colonia Roma como una de las más afectadas por la gentrificación, fenómeno que ha implicado la transformación del tejido social, encarecimiento del suelo y desplazamiento de población.
Pese a las declaraciones públicas contra desarrollos irregulares, el edificio en el que residen ambas funcionarias no cuenta con los documentos necesarios para su legal ocupación. A la fecha, no hay evidencia pública de sanciones administrativas ni de procesos abiertos por la construcción fuera de norma.
El señalamiento surge en un contexto en el que diversas dependencias del Gobierno capitalino han anunciado operativos para sancionar obras ilegales. La alcaldía Cuauhtémoc, en particular, ha sido una de las demarcaciones objeto de investigaciones por parte del Congreso local y la Fiscalía General de Justicia, actualmente encabezada por Bertha Alcalde.
El caso continúa sin respuesta oficial de las partes involucradas y sin acciones visibles de las autoridades urbanísticas. La situación ha generado llamados para esclarecer si el inmueble cumple con la normatividad vigente y si se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de irregularidades.