Por Miguel Villarello
Saltillo, Coahuila, MÁS. – A un año de asumir la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, sus siete consejeros continúan enfrentando episodios controvertidos y crisis que captan la atención ciudadana.
Estos problemas van desde el hackeo de sus cuentas oficiales, opacidad en el manejo administrativo de las liquidaciones de personal, la no utilización de urnas electrónicas, contrataciones poco transparentes en el sistema de resultados electorales previos (PREP), hasta temas financieros como un crédito de ISR del 2019.
Además, se investiga la gestión previa por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la gestión presupuestaria fallida para actividades electorales anteriores, la extinción del Partido Joven, un sobregiro en el presupuesto del 2023 y conflictos entre la presidencia y los demás consejeros.
En la mayoría de estas situaciones, el organismo electoral autónomo ha optado por el silencio, ofreciendo en ocasiones explicaciones insatisfactorias en sus comunicados públicos.
En noviembre de 2022, Rodrigo Germán Paredes Lozano asumió la presidencia del Consejo General del IEC, sucediendo a Gabriela de León Farías.
El primer incidente fue el hackeo de la cuenta oficial en redes sociales, del cual se conoció poco. Posteriormente, se evidenció un manejo administrativo cuestionable en la liquidación de la presidenta del Consejo General y varios de sus colaboradores, presuntamente abusando de atribuciones en el servicio público.
Otro conflicto surgió con una gestión fallida ante la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado para una ampliación presupuestaria de aproximadamente 27 millones de pesos, destinada al pago de actividades electorales ya finalizadas. Aunque se obtuvieron alrededor de 15 millones de pesos, fuentes internas señalaron que estos fondos estaban destinados al supuesto pago a proveedores.

Siguieron problemas en el Programa de Resultados Preliminares Electorales, el cual, según el Instituto Electoral, se había llevado a cabo en elecciones previas sin seguir los procesos de licitación conforme a la ley y con poca transparencia. Asimismo, se contrató un sistema de videovigilancia de las boletas electorales para el proceso del 2023 en medio de circunstancias opacas.
Otras más, la correspondiente a las urnas electrónicas que a última hora se decidió no utilizarlas en 70 casillas en el proceso de este año, pues se advirtió que el código de origen habría sido manipulado y no ofrecía seguridad.
La justificación fue que, por un error en la configuración del sistema en una urna electrónica, error que impactaba a las demás urnas electrónicas, el plan de utilización fue cancelado y garantizar la certeza de resultados.
Otra más fue un acuerdo firmado por el área jurídica del IEC ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en 2017 para solventar el pago de supuestos extrabajadores y por la cantidad de 6 millones de pesos, la mayoría de ellos afiliados al Partido Joven el cual estaba en proceso de extinción.
Se trataba de 21 denuncias, de las cuales 20 desistieron y solamente una persona continúa el litigio, procedimiento que todavía está vigente y que el mismo presidente, Rodrigo Paredes, ha desmentido que tenga que ver con la liquidación del Partido Joven.
En la mayoría de estos casos, de acuerdo con menciones del presidente del IEC y algunos consejeros, de proceder los hechos listados, en primera instancia, se ordenaría una investigación ante el Órgano Interno de Control y, posteriormente, ante la Fiscalía Anticorrupción estatal se interpondría la denuncia contra quien resultara responsable por estas omisiones o irregularidades.
Aunque habrá que sumar lo más reciente que fue la respuesta de la expresidenta y exconsejera, Gabriela de León Farías, quien a través de su cuenta de redes sociales manifestó que había acudido a la Fiscalía Anticorrupción para enterarse de la supuesta investigación en su contra, además de afirmar que se había puesto a disposición de la dependencia para el aporte de pruebas en caso de procedencia de la indagatoria.
Fue en semanas pasadas cuanto trascendió que el Sistema de Administración Tributaria exigía al IEC el pago de un crédito relacionado con el Impuesto Sobre la Renta que se retuvo a empleados durante el 2019.
Pues, de acuerdo con observaciones de la Secretaría de Hacienda, dicha carga impositiva cuyo monto asciende a varios millones de pesos no fue pagada.
Por su parte Gabriela de León volvió a la carga con una denuncia pública más en sus redes sociales, en el sentido de que para el mes de octubre el instituto electoral local había ejercido el total del su presupuesto para el 2023 y que carecía de recursos para concluir el año.
Aunque la versión no ha sido desmentida ni confirmada por el Instituto Electoral de Coahuila, en su más reciente declaración el presidente, Rodrigo Germán Paredes Lozano, informó que se estaba solicitando al Congreso del Estado la entrega anticipada de poco más de 120 millones de pesos del presupuesto proyectado para el 2024 para canalizarlos a tareas previas del proceso electoral 2024.
La cereza del pastel pudiera ser la falta de acuerdo entre la presidencia y varios de los consejeros en cuanto a ciertas acciones electorales y administrativas, estas últimas han provocado en dos ocasiones la queja de la presidencia del Consejo ante el Tribunal Electoral de Coahuila para que defina quién tiene las atribuciones en algunas decisiones.
Aunque en las dos ocasiones la queja del consejero presidente ante el Tribunal Electoral, se considera que llevan el sentido de meter en orden a varios de sus consejeros, el organismo jurisdiccional le ha dado la razón a la presidencia.
Pues las resoluciones del Tribunal van en el sentido de que las atribuciones, por ejemplo, para la designación de personal de algunas áreas administrativas recaen sobre la presidencia, más no sobre los consejeros, quienes en varias ocasiones por mayoría han echado abajo las propuestas de Paredes Lozano y la secretaría Ejecutiva del IEC.
Este tipo de diferencias ha ocasionado la lenta marcha del organismo electoral, en algunas ocasiones, e inciden definitivamente en la realización de los procesos electorales, aunque los consejeros argumenten que no es así.

SOBREGIRO
Respecto de las dos más recientes va la denuncia pública de la expresidenta del IEC.
Faltan dos meses para cerrar el año y el Instituto Electoral de Coahuila está sobregirado en recursos como la nómina, además de evidenciar irregularidades en el manejo administrativo y financiero de su presupuesto.
Fue Gabriela de León Farías quien denunció a través de las redes sociales y en su página oficial de Twitter @gabymdeleon_de en la que posicionó a finales de octubre pasado varios tuits.
En uno de ellos cita que trascendió en una sesión del Consejo General del IEC que no hay recursos “para cerrar el año, sobregiraron la nómina, manejos administrativos y financieros irregulares”.
Luego de expresar que se acabaron los 600 millones de pesos de presupuesto del 2023, en un tuit el 31 de ese mes, precisó que “faltan dos meses para cerrar el año” e hizo la indicación de que una semana antes de que terminara octubre varios medios de información publicaron notas acusándola de desviar recursos de impuestos del IEC, pero afirmó que “esa información es una mentira”.
En una publicación más, De León Farías expresó que “con la nómina sobregirada, sin dinero para concluir el año e iniciar el proceso electoral 2024, deudas a proveedores y un largo etcétera, el IEC se gasta medio millón de pesos en comidas” y presentó un documento.
En él se alcanza a leer que el Instituto Electoral local erogó poco más de 460 mil pesos en favor de un grupo empresarial por la prestación del servicio de logística, alimentación, traslados, hospedaje y regalos en la realización de un evento denominado VI Taller Nacional en Parras, Coahuila.
Mientras que en un tuit anterior afirmó que acudió ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado a enterarse del estatus de las supuestas denuncias en su contra para lo que se reiteró dispuesta a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.
A dichos posicionamientos hasta la fecha el IEC ha permanecido sin emitir declaraciones oficiales.

ISR-SAT-IEC
Hace apenas dos días que el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila informara que dependerá del resultado que emita el Sistema de Administración Tributaria respecto del error del doble timbrado de la nómina del 2019 para que se obre en consecuencia.
Es decir, ya sea con la cancelación del crédito o mediante un litigio en materia fiscal.
Rodrigo Germán Paredes Lozano explicó que es un asunto que se arrastra desde 2019 en el que el SAT requirió al IEC el pago de un crédito fiscal “por lo que emprendimos una revisión contable para determinar qué pasó con ese monto”.
“Y efectivamente, hubo un error de doble timbrado de nóminas el cual no se reportó al SAT, y estamos en esa etapa de aclaración, es decir, no se debe ese crédito fiscal -insistió-, sino que fue un descuido en el seguimiento y atención a los requerimientos del SAT para aclarar esa situación”.
Eso es lo que hace hoy el IEC, sostuvo, a fin de que ese crédito sea cancelado pues, si bien es un tema del 2019, se tiene que aclarar en este momento.
Respecto del procedimiento, aseguró que se interpusieron los recursos necesarios y estarán atentos a la determinación del SAT en dos sentidos: si la dependencia federal resuelve que efectivamente con las pruebas contables aportadas es suficiente para que se cancele el crédito o bien llevarlo hasta una instancia con un juicio en materia fiscal.

ANTICIPO
Sin embargo, antes de que le aprueben su presupuesto para el 2024 la presidencia del IEC busca adelantar un anticipo financiero por el orden de 120 millones de pesos.
En cuanto al tema presupuestal estaremos atentos a lo que resuelva el Congreso en diciembre, expresó Paredes Lozano el fin de semana.
“Ronda los 600 millones de pesos, pero como esta elección tiene sus particularidades por ser concurrente, el IEC no contará con CAES ni supervisores electorales como el INE, lo cual nos obliga a tener cerca de mil figuras espejo que se tendrán que contratar, además de la documentación electoral como preparación de casillas y boletas electorales”.
También en 2024 explicó que se requerirán proveedores para elaboración de materiales electorales, documentación electoral, por ello la intensión del IEC es salir de manera anticipada este 2023 “y tener las licitaciones y adquisiciones y garantizar para Coahuila los materiales y documentación electoral que se requiere para el 2024”.
“Por eso estamos planteando la posibilidad de una ampliación presupuestas que sería para nosotros un adelanto para poder salir este año a la adquisición de estos insumos necesarios y el adelanto se reduciría del presupuesto que estamos requiriendo”.
Precisó que “en este momento estaríamos considerando lo que son materiales electorales, documentación electoral y el Programa de Resultados Electorales Preliminares que ronda cerca de los 120 millones de pesos”.
No obstante, la declaración del presidente consejero, pudiera dar paso a considerar como certero lo comentado por la anterior presidenta del IEC, en el sentido de que el organismo autónomo se quedó sin dinero para los dos últimos meses del 2023.
Ello porque también se presta a suspicacia la petición de adelanto presupuestal cuando ni siquiera el Legislativo ha recibido el anteproyecto del ejercicio presupuestal para el 2024 por parte de la Secretaría de Finanzas.
Todo esto ha sucedido en un año en que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila tiene nueva presidencia, grupo colegiado que, al parecer, sigue sin acomodarse para su adecuado funcionamiento.
Ello, no obstante haber sacado adelante el proceso electoral del 2023.
Aunque este panorama vivido por dicho consejo general está dando una idea de cómo transcurrirá el proceso electoral que está por empezar en enero del 2024 para elegir las 38 alcaldías de Coahuila.
Ello sin contar que también se elegirán en el plano federal ocho diputaciones de mayoría dos senadurías por Coahuila y la presidencia de la República.
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