El presidente López Obrador ha lanzado una serie de propuestas de reformas políticas que han generado un intenso debate en el país. Sin embargo, es fundamental analizar estas propuestas desde una perspectiva crítica y antimilitarista, considerando su impacto en la democracia, los derechos humanos y la justicia en México.
Por: Mexiro, A. C.
El último paquete de reformas presentadas por el gobierno de AMLO en febrero de 2024 confirma la tendencia que se ha visto durante todo su mandato hacia la centralización del poder en el Ejecutivo. En este texto planteamos serias preocupaciones en cuanto al respeto a la democracia, los derechos humanos y la justicia en México, específicamente nos referimos a las siguientes reformas: administrativa, justicia y sobre la Guardia Nacional en control de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). En lugar de fortalecer procesos democráticos y el Estado de Derecho, estas reformas buscan debilitar las instituciones que protegen la división de poderes y garantizan derechos, buscan aumentar la militarización, la corrupción, la impunidad, y poner en riesgo los derechos fundamentales de la población que habita y transita por México.
Una de las reformas más controvertidas es la propuesta de eliminar órganos autónomos en el marco de la reforma administrativa. Estos órganos constitucionales autónomos juegan un papel crucial en el equilibrio de poderes y en la protección de derechos fundamentales en el país. Su eliminación o fusión con otras instituciones podría debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, lo que aumentaría el riesgo de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. Además, esta medida centraliza el poder en el Ejecutivo, socavando la separación de poderes y la independencia de las instituciones.
En particular, la propuesta de eliminar instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es alarmante. Esta institución desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos: los datos personales y en el acceso a la información pública, aspectos esenciales para una sociedad democrática. Su desaparición o debilitamiento tendría graves consecuencias para la rendición de cuentas, la transparencia y contra la opacidad, así como en la protección de datos personales, como por ejemplo, de periodistas que han sido expuestos en la “mañanera”del presidente.
Otra reforma polémica es la propuesta de reforzar el papel de las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional. La militarización de la seguridad pública es una medida antidemocrática y contraproducente que ha demostrado ser ineficaz en la reducción del delito y ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos. La propuesta de otorgar facultades de investigación a la Guardia Nacional y aumentar su presupuesto profundizará aún más la opacidad en su actuar y el uso de recursos públicos en las fuerzas castrenses, poniendo en riesgo la seguridad y la libertad de la población.
Además, la falta de una visión integral de la justicia en la reforma judicial es preocupante. La omisión de actores clave como la Fiscalía General y las policías locales en la propuesta sugiere una falta de voluntad para abordar los problemas sistémicos de corrupción e impunidad en el sistema de justicia mexicano. Además, la propuesta de elegir a los miembros del Poder Judicial por voto popular podría politizar la justicia y socavar su independencia, debilitando la capacidad del sistema judicial para garantizar la igualdad ante la ley y proteger los derechos fundamentales de la población. Sobre esta reforma nos preocupa la falta de estudios y evidencia por lo cual se basan para mencionar cambios en cuanto a los números de integrantes, por ejemplo de personas ministras y sus votos en el pleno.
La centralización del poder, la militarización de la seguridad pública y la falta de una visión integral en el sistema judicial amenazan con deteriorar los fundamentos mismos de la democracia mexicana. Es crucial que la sociedad mexicana se mantenga vigilante y crítica ante estas propuestas, exigiendo un proceso democrático y transparente que respete los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Además, es necesario promover un diálogo inclusivo y participativo que permita abordar los desafíos estructurales que enfrenta México en materia de corrupción, impunidad y violencia, sin comprometer los derechos y libertades de la población. Solo a través del respeto a los principios democráticos y los derechos humanos podemos avanzar en agendas que apremian en nuestro país.
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