Santo Domingo, 26/04/25 (Más).- Autoridades de República Dominicana iniciaron esta semana una serie de operativos migratorios en hospitales públicos que resultaron en la detención y posterior deportación de 87 mujeres haitianas embarazadas o recién paridas, acompañadas por 48 menores. Las acciones, parte de un nuevo protocolo impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader, han desatado críticas de organizaciones humanitarias, expertos en migración y familiares de las mujeres afectadas.
Los operativos comenzaron el lunes en 33 centros de salud del país, incluyendo hospitales maternos de Santo Domingo, donde agentes de la Dirección General de Migración (DGM) solicitaron documentos de identificación a las pacientes. Aquellas que no pudieron acreditar su estatus regular en el país fueron retenidas y trasladadas a centros de procesamiento para su posterior repatriación a Haití.
“Mi hermana está recién parida y la tienen aquí”, relató Platino de Jesús en el centro de recepción de migrantes de Haina, a 20 kilómetros de la capital, donde su hermana de 16 años había sido llevada con su bebé tras ser detenida poco después de dar a luz. Casos similares fueron documentados por medios locales y agencias de noticias, como EFE y AFP, en distintos hospitales de la capital.
Las autoridades justifican estas acciones como parte del llamado Procedimiento de Gestión de los Servicios de Salud para Pacientes Extranjeros, anunciado el 6 de abril junto a otras 15 disposiciones migratorias. Según el presidente Abinader, estas medidas buscan “garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario” y asegurar “una atención equitativa” a la población dominicana. “Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites”, afirmó el mandatario en un mensaje a la nación.
El protocolo asigna dos agentes migratorios a cada hospital de la red pública para verificar que los pacientes extranjeros tengan identificación válida, carta de trabajo y comprobante de domicilio. Aquellos que no cumplen con estos requisitos son atendidos médicamente y, una vez estabilizados, deportados.
Según el Servicio Nacional de Salud (SNS), el 36.6% de las mujeres que dan a luz en el país son haitianas. Mario Lama, titular del SNS, declaró que los servicios esenciales están garantizados para todos los pacientes, aunque ahora se les cobra por los insumos médicos.
Organizaciones humanitarias y expertos han manifestado su preocupación por estas medidas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que ha observado un aumento de personas vulnerables entre las deportadas, incluyendo mujeres embarazadas, lactantes, recién nacidos y menores. El 22 de abril, por ejemplo, recibió en el paso fronterizo de Belladère a 416 deportados, entre ellos 11 gestantes y 16 mujeres lactantes.
“Es un abuso”, declaró Dalina Pie, una haitiana que acompañaba a una parturienta en el Hospital Nuestra Señora de Altagracia. “Si le hicieron cesárea, no sé qué va a pasar en el camino, porque no va ningún doctor con ella para atenderla”.
La medida también ha despertado cuestionamientos legales. Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), señaló que las deportaciones de mujeres embarazadas, recién paridas, niños y ancianos contradicen tanto la Ley General de Migración dominicana como el Protocolo de Entendimiento firmado con Haití en 1999.
Las redadas hospitalarias se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria dominicana. Desde 2020, el gobierno ha reforzado los controles fronterizos, multiplicado las deportaciones y levantado un muro en la frontera con Haití. En octubre pasado, Abinader anunció el objetivo de repatriar hasta 10,000 indocumentados por semana, lo que duplicaría las cifras anuales anteriores.
Diversas organizaciones, incluida la ONU, han llamado al cese de las repatriaciones, al considerar que la situación en Haití —caracterizada por el control de pandillas sobre gran parte de Puerto Príncipe, altos niveles de violencia y el colapso de los servicios públicos— no garantiza condiciones seguras para el retorno de los migrantes.“Las deportaciones en este contexto constituyen una gran crueldad”, concluyó Wooding, al referirse a la aplicación de estas medidas pese a la crisis humanitaria que vive Haití.
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