Ciudad de México enero 22. Buzos que exploran el sistema de cuevas y ríos subterráneos de Quintana Roo documentaron la presencia de pilares del Tramo 5 del Tren Maya cubiertos de metal oxidado, concreto mal fraguado y residuos de cemento que se dispersan dentro del acuífero, lo que ha encendido alertas por un riesgo grave de contaminación submarina y posible colapso estructural.
En una gruta del sistema kárstico, los buzos encontraron columnas abiertas que dejan expuesto un armazón de hierro, con concreto derramado que se deshace al tacto como plastilina y genera una capa de polvo de cemento sobre el suelo de la cueva. Encima de estas estructuras corre el viaducto elevado del Tramo 5 Sur, una obra de aproximadamente 80 kilómetros sobre la Selva Maya.
Aunque no existe una cifra oficial, ambientalistas estiman que más de 15 mil pilares de metal y concreto atraviesan el sistema de cuevas y el acuífero de Quintana Roo. Estas columnas sostienen el tramo elevado del tren y se localizan sobre cientos de cenotes y ríos subterráneos, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. Colectivos ambientalistas advierten que el deterioro de los materiales y la liberación de residuos de cemento representan una fuente activa de contaminación y un riesgo estructural creciente.
José Urbina, integrante del colectivo Sélvame del Tren, buzo de cuevas conocido como Pepe Tiburón, afirmó que una de las columnas documentadas se encuentra dañada desde al menos 2024. Según su testimonio, la situación fue denunciada ante autoridades federales, quienes aseguraron que sería reparada.
Sin embargo, el pilar continúa en el mismo estado. Urbina explicó que para este tipo de construcción submarina existen cilindros específicos, pero que en el Tren Maya se utilizaron planchas metálicas ensambladas y parchadas, lo que provocó que al colar el concreto este se derramara sin llegar a solidificar correctamente, distribuyendo desechos por todo el acuífero.
El proyecto ferroviario fue una de las principales apuestas del sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la obra se realizaría con pleno respeto a la legislación ambiental.
No obstante, conforme se acumularon denuncias por impactos ecológicos, el Gobierno desacreditó a los críticos calificándolos de pseudoambientalistas. Investigaciones de El País México revelaron que, durante ese periodo, se instruyó a las autoridades ambientales a no fiscalizar ni clausurar las obras del Tren Maya, otorgándole una protección gubernamental inédita pese a múltiples incumplimientos, de acuerdo con documentos internos de la Procuraduría Federal al Ambiente.
La obra fue dividida en siete tramos. El Tramo 5 Sur, que inicialmente se proyectó paralelo a la carretera Cancún Tulum, fue desplazado varios kilómetros hacia el interior de la selva tras presiones de empresarios hoteleros que buscaban evitar afectaciones a sus accesos.
Esta modificación derivó en la colocación de miles de pilares sobre el suelo kárstico, una decisión que el Gobierno defendió como una forma de proteger cenotes y cavernas, aunque activistas sostienen que ha generado el efecto contrario.
Los ambientalistas también alertan que el riesgo podría multiplicarse si el Tren Maya cumple funciones de transporte de hidrocarburos. Un descarrilamiento sobre el acuífero, señalan, podría provocar una contaminación de proporciones desconocidas en un sistema hídrico interconectado.
Urbina advierte que, en lugar de retirar las columnas defectuosas, las autoridades han colocado más estructuras, sin que exista claridad sobre cuántas se encuentran en condiciones similares ni cómo se les dará mantenimiento a largo plazo.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de riesgos ferroviarios en el país. México recuperó los trenes de pasajeros hace apenas dos años, tras tres décadas de abandono del sistema, y recientemente enfrentó la tragedia del Tren Interoceánico, que dejó 14 personas muertas y cientos de heridas.
Con el Gobierno de Claudia Sheinbaum dando continuidad a la expansión ferroviaria impulsada por su antecesor, el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre ha sido interpretado como una advertencia sobre un modelo de construcción donde los plazos políticos han prevalecido sobre los criterios técnicos y de seguridad.