Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 06/11/2025 (Más).- Sandra Soto, hermana de Sarimar Soto Azúa —víctima de feminicidio en Torreón en 2017— denunció la lentitud y negligencia de las autoridades en los procesos judiciales relacionados con la violencia contra las mujeres. Integrante de una red nacional de apoyo a familias de víctimas, acudió a las afueras del Centro de Justicia Penal, donde se desarrollaba el juicio contra Josafat, acusado del feminicidio de Evangelina, ocurrido hace casi ocho años.
“Ha sido demasiado lento el proceso. Si él no se hubiera pasado un alto en Estados Unidos, todavía estaríamos sin noticias”, expresó, al recordar que la captura del acusado se dio de manera fortuita, luego de que fuera detenido por una infracción vial en aquel país. Sandra señaló que el juicio se ha alargado debido a los amparos y apelaciones promovidos por la defensa, por lo que exigió que se imponga la pena máxima al responsable.
Durante su declaración, reveló que otra mujer fue víctima de intento de feminicidio por parte del mismo agresor, quien la privó de la libertad y trató de asesinarla de forma similar. Afirmó que las autoridades tuvieron conocimiento de ese caso, pero no actuaron, lo que permitió que Evangelina fuera asesinada posteriormente. “Si hubieran hecho su trabajo, Evangelina estaría viva”, sostuvo.
Soto comparó la situación con el caso de su hermana Sarimar, cuyo feminicida, Jorge Alejandro Ugarte Hernández, continúa buscando su libertad a pesar de tener una sentencia firme. “Han pasado ocho años y seguimos en el proceso, porque él sigue promoviendo recursos. Nosotras tenemos que vigilar que no salga libre”, comentó.
La activista lamentó que las familias de víctimas tengan que enfrentar “un viacrucis” para acceder a la justicia, y exigió sentencias irrevocables y sin beneficios legales para los feminicidas. “Es muy feo que no podamos confiar en las autoridades ni tener una garantía de no repetición”, señaló.
Respecto a la Fiscalía de la Mujer, creada hace casi un año, consideró que su funcionamiento no ha representado un cambio real. “En teoría todo parece perfecto, pero seguimos siendo violentadas. Pueden crear muchas fiscalías, pero solo sirven para dar más empleos en el Estado”, criticó.
Aseguró que los colectivos de familiares no buscan amistad con funcionarios, sino resultados concretos. “Queremos justicia pronta y expedita, no simulaciones. Las consignas de ‘ni una más’ deben hacerse realidad, con sentencias que garanticen que ningún feminicida vuelva a salir a las calles”, concluyó.

