En México, más de 100 organizaciones enfrentan la cancelación de autorizaciones o mayores cargas administrativas. Las restricciones impactan a comunidades vulnerables
Ciudad de México, 24/03/26 (Más).- Amnistía Internacional denunció la existencia de un patrón intencional en América Latina para impulsar leyes restrictivas contra organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de debilitarlas, controlarlas e incluso desmantelarlas, afectando directamente su capacidad para defender derechos humanos y brindar ayuda humanitaria.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el organismo advirtió que en México y otros países de la región se han implementado medidas que limitan el funcionamiento de las ONG, como la cancelación de autorizaciones para recibir donativos y la imposición de cargas administrativas excesivas que obstaculizan su operación.
En el caso mexicano, más de 100 organizaciones perdieron la autorización para recibir donativos deducibles, mientras que otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo el argumento de no cumplir con requisitos legales. Entre las afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), lo que, según Amnistía, representa un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente.
El informe titulado “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas” señala que entre 2024 y 2025 países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron normativas que imponen controles desproporcionados sobre estas organizaciones.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, alertó que las leyes anti-ONG reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo. Según el análisis, estas legislaciones suelen estar precedidas por campañas de estigmatización que califican a las organizaciones como enemigos internos, agentes extranjeros o antipatrias.
El documento también advierte que estas leyes fueron aprobadas sin procesos adecuados de consulta pública y, aunque se justifican en la transparencia o la prevención de delitos financieros, en muchos casos ya existían mecanismos suficientes para esos fines. Además, imponen obligaciones como informes financieros exhaustivos, inventarios detallados y notificaciones previas sobre el uso de fondos, lo que desvía recursos de las actividades sustantivas.
En países como Venezuela y Nicaragua, las restricciones han derivado en el cierre masivo de organizaciones o en obstáculos severos para su funcionamiento, mientras que en otros casos se han registrado bloqueos de cuentas, sanciones económicas y amenazas legales.
Amnistía Internacional subrayó que el impacto trasciende a las propias organizaciones, ya que su debilitamiento afecta a comunidades vulnerables que dependen de su apoyo para acceder a justicia, defender territorios, atender violencia de género o monitorear procesos públicos.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a los gobiernos de la región para derogar o modificar estas leyes, garantizar la libertad de asociación, evitar la estigmatización y permitir el acceso a financiamiento sin restricciones indebidas, además de no criminalizar la labor de defensa de derechos humanos.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.