Washington, D.C., 13/03/25 (Más / IA).- Cinco familias de Nayarit presentaron una demanda civil en Estados Unidos contra el exfiscal estatal Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, por presuntos actos de tortura cometidos durante su gestión entre 2011 y 2017.
La querella fue interpuesta en Washington bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura de 1992, que permite perseguir judicialmente a presuntos perpetradores de este delito, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio estadounidense.
Los abogados de las víctimas lograron ubicar a Veytia tras su salida de prisión el pasado 10 de febrero, luego de cumplir una condena de ocho años por narcotráfico en Estados Unidos. Con esta demanda, el exfiscal podría enfrentar nuevas acusaciones por su presunto papel en una red de secuestro, extorsión y tortura en Nayarit, un Estado que gobernó con mano de hierro en el ámbito de la seguridad durante el mandato del exgobernador priista Roberto Sandoval.
La actual Fiscalía General de Nayarit tiene abiertas al menos seis investigaciones en su contra por delitos como secuestro y tortura. Sin embargo, su posible extradición a México sigue detenida en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancias que no han emitido una postura sobre el caso.
En un comunicado, la organización G37 Centre, en colaboración con la firma Baker McKenzie y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine, destacó la importancia de esta acción legal. “La demanda se interpone por casos de tortura perpetrados por Veytia y agentes estatales bajo su mando (…) La tortura sufrida por nuestros representados denota abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas que se tejieron entre actores públicos y privados en Nayarit”, señala el documento.
La demanda no interferiría directamente con los procesos penales abiertos en México, pero podría aportar pruebas adicionales en su contra.
Almudena Bernabeu, directora ejecutiva de G37, explicó que no hay un vínculo formal, legal, entre ambos procesos. El caso civil no impacta directamente en el proceso penal, pero sin lugar a dudas informa sobre los crímenes cometidos. Lo que se ventile ahí, además, podría ser usado como prueba en los casos penales.
Entre las acusaciones, destaca el caso de Gerardo Montoya y Yadira Yesenia Zavala, una pareja de Tepic que, según la querella, fue detenida arbitrariamente en junio de 2016 por agentes de Veytia. Montoya, agente de bienes raíces, fue golpeado y amenazado con la muerte si no cedía propiedades al exfiscal. Finalmente, fue obligado a transferirle una casa en la playa. Durante su detención, Montoya también fue testigo de la influencia de Veytia, quien operaba con el apoyo de Carlos Saldate, líder de transportistas y entonces diputado del PRI, así como Rafael Gamboa, director de la prisión estatal.
Otro caso documentado en la demanda es el de Yuri Camacho, un expolicía estatal que, según el escrito, fue víctima de tortura tras negarse a colaborar con Veytia en la protección de grupos criminales. En 2012, Camacho presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), acusando al exfiscal de vínculos con el narcotráfico. Meses después, al regresar a Nayarit, fue detenido por agentes federales y entregado a la Fiscalía estatal, donde sufrió golpizas y simulacros de ahogamiento. Solo recuperó su libertad tras el pago de más de dos millones de pesos y la retirada de su denuncia.
El caso de Veytia es considerado un ejemplo de la “gobernanza criminal”, un modelo en el que funcionarios de alto nivel operan en complicidad con grupos delictivos, administrando el crimen y protegiendo a ciertas facciones. En su momento, Veytia presuntamente garantizó la operación de Los Haches, una facción del Cártel de los Beltrán Leyva, y del Cártel Jalisco Nueva Generación, al tiempo que perseguía a sus rivales.
Con la demanda en marcha, Veytia tiene dos opciones: presentar una moción para desestimar el caso o ignorarlo, lo que en términos legales se interpretaría como una aceptación de culpabilidad. Si enfrenta la querella, un jurado decidirá sobre su responsabilidad y la posible indemnización a las víctimas. En caso de omisión, el juez impondrá una sanción económica.
Hasta el momento, el exfiscal no ha emitido declaraciones sobre la demanda ni sobre su situación legal en Estados Unidos y México.
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