El activista salvadoreño César Artiga advirtió que América Latina y el Caribe enfrentan una crisis ambiental profunda, marcada por impunidad, presión extractiva y vulneración sistemática de los derechos de comunidades indígenas. A pesar de tratados como el Acuerdo de Escazú, la región carece de mecanismos sólidos que garanticen justicia ambiental y participación ciudadana
EFE Reportajes
En materia ambiental, América Latina y el Caribe enfrenta grandes retos, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y una contaminación generalizada sin precedentes, señala César Artiga, miembro del Comité Timón de la Coalición Regional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano en Centroamérica
Para este activista y defensor ambiental salvadoreño, toda la región atraviesa un contexto de crisis, marcado por la falta de justicia ambiental, irrespeto a los derechos de las comunidades indígenas y la inequidad ante los impactos del cambio climático.
“América Latina y el Caribe están marcados por una cultura de impunidad y privilegios muy fuertes. La justicia es muy débil en la región y la institucionalidad ambiental ha sido atacada de manera creciente por parte de algunos Estados que buscan flexibilizar la normativa de sus países para imponer megaproyectos y reproducir el modelo extractivo minero en sus distintas formas”, afirma Artiga.
Asimismo, explica que el extractivismo minero ha cobrado gran relevancia, sobre todo después de la pandemia de covid-19, bajo el argumento de impulsar la recuperación económica particularmente en la región. Destaca que existe una fuerte presión sobre los territorios para explotar los bienes comunes naturales, lo que afecta especialmente a los pueblos indígenas y comunidades rurales, cuyo medio de vida y subsistencia dependen de la relación directa con los ecosistemas.
“Este es un factor clave, ya que estas presiones pueden agravar las crisis ambientales. Además, se registran riesgos, intimidaciones y criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra”.
Con seguridad, Artiga refiere que los ecosistemas conservan cierta calidad y vitalidad gracias a la organización comunitaria y a pueblos que han resistido desde tiempos ancestrales, custodiando estos territorios como bienes comunes que permiten la subsistencia de la humanidad. Lamenta que no existan garantías institucionales sólidas para asegurar el acceso a la justicia ambiental, derecho que está directamente relacionado con las negativas de acceso a la información y la participación pública.
Artiga menciona que en América Latina y el Caribe se cuenta con el Acuerdo de Escazú, un tratado destinado a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que además promueve un entorno seguro para defensores de derechos ambientales. Aunque está en vigor desde abril de 2021 y cuenta con 18 países, muchos no lo han ratificado y quienes ya lo hicieron aún no han creado los mecanismos institucionales necesarios para cumplirlo plenamente.
UNEA-7 y su impacto en favor del medio ambiente
La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) es el organismo que define lineamientos globales en esta materia. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, sí establecen marcos de políticas públicas que los estados deberían traducir en normativas, reglamentos y acciones concretas.
Artiga subraya que es fundamental que cuando los países asistan lo hagan con propuestas y compromisos reales a poner en práctica con sus ciudadanos. A su vez, celebra que el tema central del año sea la búsqueda de soluciones sostenibles y resiliencia, pues asegura que muchas veces el debate suele centrarse en la tecnología o en mecanismos que no siempre responden con la urgencia que exige la crisis ambiental global.
Respecto a las barreras para que las decisiones de esta Asamblea se conviertan en acciones concretas, este defensor identifica dos principales:
“Las decisiones se toman por consenso. Esto obliga a muchos de los representantes de los países a flexibilizar compromisos para lograr acuerdos, lo que debilita las propuestas y suele favorecer intereses de mercado y propuestas de empresas que van muchas veces en detrimento de la calidad de vida de las comunidades”, considera César Artiga.
Añade que, por otro lado, está la falta de sentido de urgencia. «Las medidas adoptadas carecen de contundencia y no responden a la escala de los impactos climáticos que cada vez son más intensos y frecuentes, como aumento de temperatura, sequías y huracanes».
Artiga ejemplifica que ha sido muy común en las últimas ediciones de encuentros ambientales señalar que la tecnología va a resolver todo y que se va a revertir la crisis climática, pese al complicado escenario que se enfrenta, “ya hemos visto que eso no es así”. Recuerda que desde 2018 la ciencia advierte que, aun cumpliendo el Acuerdo de París, podría no alcanzarse la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 °C.
Si las resoluciones fueran de cumplimiento obligatorio, la sociedad civil tendría mayor margen para exigir acciones. «Pero esto no ocurre en un contexto donde existen recortes de financiamiento, cierre de organizaciones y una participación ciudadana cada vez más limitada en espacios multilaterales».
Afirma que, para construir una sociedad que garantice la integridad de los pueblos y de la naturaleza, se necesita una ciudadanía informada, educada en participación y con presencia constante en la vida social de sus países. Esta ciudadanía debe exigir el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales.
Artiga insiste que para lograr todo lo anterior deben existir «instituciones democráticas sólidas y una cultura y cívica fuerte que permita la participación social en la toma de decisiones ambientales. De lo contrario, no se verán cambios significativos ni en las decisiones de UNEA-7, ni en ningún otro foro multilateral». Finaliza, llamando a ejercer ciudadanía para hacer posible la sociedad que se anhela, capaz de garantizar el derecho a un futuro ambiental digno para las generaciones presentes y futuras.