Ciudad de México, 19/03/25 (Más / IA).- La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma para fortalecer la soberanía nacional y ampliar la prisión preventiva oficiosa, luego de que 22 congresos estatales y la Ciudad de México avalaran la medida.
Ahora, la iniciativa será remitida al Senado de la República para su análisis y posterior promulgación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma modifica el segundo párrafo del artículo 19 y adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 40 de la Constitución. Su objetivo principal es garantizar que México no acepte ninguna forma de intervención extranjera que atente contra su integridad, independencia y soberanía, incluyendo golpes de Estado, injerencias en procesos electorales y violaciones al territorio nacional por tierra, mar, aire o espacio aéreo.
El secretario de la Mesa Directiva, diputado José Luis Montalvo Luna (PT), informó que los estados que aprobaron la reforma son Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Prisión preventiva y combate al tráfico de armas
La reforma también incorpora nuevas disposiciones en materia de seguridad y justicia, entre ellas: prisión preventiva oficiosa para personas acusadas de terrorismo; sanciones más severas para quienes participen en la fabricación, distribución, venta, traslado o ingreso ilegal de armas a México, aplicables tanto a nacionales como a extranjeros, y regulaciones específicas para extranjeros involucrados en actividades ilícitas relacionadas con la soberanía nacional.
Las autoridades argumentan que estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y frenar el tráfico ilegal de armas, un factor clave en la violencia que afecta al país.
La reforma establece que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias en un plazo de 180 días naturales tras la entrada en vigor del decreto. Este periodo permitirá que las leyes locales y federales se alineen con las nuevas disposiciones constitucionales, garantizando su correcta aplicación.
Una vez que el Senado apruebe la declaratoria de constitucionalidad, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en condiciones de promulgar la reforma en el Diario Oficial de la Federación, consolidando así los cambios en el marco legal del país.