Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 11/03/26 (Más).- Diputados locales de La Laguna señalaron la necesidad de investigar el posible conflicto de interés en que habrían incurrido la empresa lechera Lala y la Comisión Nacional del Agua en el otorgamiento de concesiones de agua durante el sexenio de Vicente Fox.
La exigencia de investigar el otorgamiento de concesiones de agua a Grupo Lala surge a partir de la denuncia pública de que Cristóbal Jaime Jáquez, exdirector de la compañía lechera, era director de la Conagua cuando se expidieron las concesiones para la extracción de agua en La Laguna, una zona con acuíferos abatidos en la actualidad.
Los diputados del PRI, Felipe González Miranda, y de Morena, Antonio Attolini Murra, ambos representantes de la región Laguna, se pronunciaron a favor de revisar el caso y deslindar responsabilidades si se acredita que hubo tráfico de influencias o abuso de poder en la entrega de permisos de explotación.
Los legisladores locales fueron consultados sobre la posibilidad de que existiera un conflicto de interés con consecuencias directas sobre uno de los temas más sensibles para La Laguna: la disponibilidad y el manejo del agua.
González Miranda advirtió que la cantidad de permisos referidos es grande, por lo que consideró necesario emprender una revisión seria que permita establecer si existieron irregularidades. A su juicio, por tratarse de autorizaciones otorgadas en distintos momentos, será indispensable realizar “un estudio y una determinación real” que pueda derivar en responsabilidades concretas.
Recordó que cualquier actuación pública debe apegarse estrictamente al derecho y a la ley, y subrayó que el tráfico de influencias y los abusos son conductas contrarias a lo que la ciudadanía espera de sus gobiernos.
En ese sentido, fijó una postura de respaldo a la población lagunera al señalar que, como diputado, estará del lado de los ciudadanos que demandan mayor disponibilidad de agua y un mejor servicio, especialmente en una región donde el abasto y la sobreexplotación de los recursos hídricos se han convertido en una preocupación permanente.
El legislador del PRI incluso fue más allá al plantear una posible consecuencia sobre los títulos otorgados. Dijo que, ante un tema tan delicado para La Laguna, primero debe abrirse una investigación “acorde a los hechos” y, una vez acreditadas responsabilidades, las autoridades competentes tendrían que actuar.
En ese escenario, mencionó que, de comprobarse irregularidades, las concesiones tendrían que ser retiradas, aunque dejó claro que esa determinación correspondería a las instancias con facultades legales para llevar el caso.
Mientras tanto, dijo que desde el Congreso mantendrá una postura de observación y acompañamiento, principalmente en apoyo de los ciudadanos afectados por la crisis hídrica de la región.
Del lado de Morena, el diputado Antonio Attolini Murra reconoció no conocer a fondo la situación, pero dejó claro que, si se llegara a acreditar un conflicto de interés, tendría que ser atendido por las instituciones.
En su declaración, llamó a que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como la Secretaría de Buen Gobierno, tomen nota del asunto, lo que abre la posibilidad de que el caso sea revisado desde la esfera administrativa y de control gubernamental.
Cuestionado sobre si desde el Congreso de Coahuila podría impulsarse alguna acción para que el tema avance, Attolini respondió que eso dependerá de lo que finalmente se actualice en el expediente o en la información que llegue a reunirse, pero dejó abierta la puerta a una intervención legislativa al señalar con claridad: “revisamos el tema”.
Esa expresión colocó sobre la mesa la posibilidad de que el Poder Legislativo local pueda asumir alguna medida de seguimiento, pronunciamiento o impulso institucional si los indicios se fortalecen.
El morenista también marcó una línea política al advertir que en este caso “no va a haber encubrimiento ni tapadera de nadie”, con lo que buscó enviar un mensaje de distancia frente a cualquier intento de protección política. Su postura cobró relevancia porque, además de referirse al eventual conflicto de interés, vinculó el caso con el impacto material que han tenido los permisos de explotación sobre los acuíferos de La Laguna, una zona donde la presión sobre el recurso hídrico ha sido motivo de alarma desde hace años.
Attolini encuadró el problema dentro de una discusión más amplia sobre el marco jurídico nacional en materia hídrica. Señaló que el tema también parte de la necesidad de actualizar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, a la que calificó como una norma salinista bajo la cual la concesión del agua terminó convertida en un negocio privado.
Desde esa perspectiva, sugirió que el eventual conflicto entre intereses públicos y privados no puede leerse sólo como un caso aislado, sino como parte de un modelo legal que, a su juicio, favoreció prácticas de sobreexplotación.
Así, González Miranda se enfocó en la posibilidad de sancionar y hasta retirar concesiones, mientras que Attolini en la intervención institucional y la revisión del marco legal. Ambos convergieron en que el caso no puede ser ignorado dada su relación con el agua, el interés público y la situación crítica de los acuíferos laguneros.
El tema adquiere especial peso en Coahuila porque no se trata únicamente de una discusión sobre permisos administrativos, sino sobre la eventual utilización de cargos públicos para favorecer intereses privados en una región donde la escasez de agua tiene efectos sociales, económicos y ambientales.
Por ello, más allá de las diferencias partidistas, las declaraciones de ambos legisladores apuntan a una misma exigencia de fondo: que se esclarezca si las concesiones fueron otorgadas con apego a la ley o bajo la sombra de un conflicto de interés.
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